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Parana » Informe Digital
Fecha: 03/07/2025 15:46
Alejandra Bada Vázquez, propietaria de la pyme Lácteos Vidal, denunció que la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA), bajo la dirección de Héctor Ponce, decidió interromper las conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el conflicto que afecta a la empresa: “Nos informaron que habían cortado toda posibilidad de negociación con nosotros porque les incomoda que brindemos entrevistas a los medios”, comentó. “De nuevo tienen de rehén a las personas que podrían conseguir un acuerdo”, enfatizó la empresaria a Infobae, en medio de un grave enfrentamiento con el sindicato después de que su empresa, situada en la localidad de Moctezuma, en el partido de Carlos Casares, fue bloqueada durante casi dos meses en 2022 por haber rechazado recategorizar a ciertos empleados. La situación se complicó aún más cuando Lácteos Vidal despidió a 26 trabajadores y solicitó el desafuero de tres delegados que participaron en el bloqueo. La mayoría de los despedidos logró llegar a un acuerdo con la empresa; sin embargo, 8 de ellos, respaldados por el gremio, no aceptaron la desvinculación y demandan ser indemnizados y han impulsado una medida cautelar exigiendo su reincorporación a la pyme. El pasado noviembre, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la reincorporación de los 8 despedidos por haber bloqueado la planta y estableció el pago de astreintes (multas) de $10.000 diarios por cada trabajador que no fuera reinsertado en su puesto. Ante la impugnación judicial realizada por la empresa, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69, bajo la dirección de Ignacio Ramonet, dispuso un embargo preventivo sobre los fondos de Lácteos Vidal por un total de $168 millones, cifra que, según Bada Vázquez, se originó por “un error de cálculo,” ya que el juez tomó en cuenta la cifra diaria reclamadas por el sindicato de $50.000 y no $10.000. “El fallo refleja un ensañamiento del sindicato contra Lácteos Vidal, ya que no han logrado someternos -afirmó la empresaria a Infobae-. El embargo por $167 millones es funcional a la mafia sindical”. Además, alertó que el embargo generaría “un perjuicio severo e irreversible”: “Necesito que la cuenta corriente esté disponible con los fondos para pagar a los proveedores, todos los impuestos, y ahora vienen el aguinaldo y los sueldos”. Sin embargo, este lunes, Ramonet decidió “archivar” provisionalmente el embargo preventivo solicitado por el sindicato hasta que se analice la impugnación presentada por la empresa. Tras esta resolución, se reabrió la posibilidad de que Lácteos Vidal y ATILRA se sentaran a negociar, aunque esta se frustró ante el rechazo del sindicato. “Habíamos iniciado una conversación para ver si podíamos llegar a un acuerdo porque nuestra intención es siempre buscar un acuerdo claro para dar vuelta la página”, comentó Bada Vázquez. Según expresó, ATILRA envió para negociar al hijo de su abogado, Alberto Coronel, y se comprometió a presentar una propuesta a la empresa, pero todo se estancó. “Nos informaron que habían cortado toda posibilidad de diálogo y negociación con nosotros porque les molesta que nosotros hagamos entrevistas”, reveló. “Es decir, no van a negociar más porque nosotros hemos dado entrevistas a los medios -reiteró Bada Vázquez-. Una vez más tienen de rehén a las personas que podrían lograr un acuerdo”. Denuncia ante el Consejo de la Magistratura Mientras tanto, Lácteos Vidal presentó esta semana una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se investigue a los jueces que intervinieron en la causa, evaluando si su actuación configura mal desempeño y/o delito. La denuncia, interpuesta por el abogado Eduardo Darriba, cuestiona la facultad de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, presidida por los jueces Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, quienes “se arrogan la potestad de usar discrecionalmente la prohibición de los recursos de apelación de Lácteos Vidal, decidiendo cuáles recursos conmueven la inapelabilidad legalmente establecida, algo que repiten explícitamente una y otra vez”. “Los jueces no están autorizados para decidir cuándo se aplica un artículo de una norma procesal y cuándo no; menos si no declaran la inconstitucionalidad de este y menos aún si utilizan dicho argumento de manera diferente según la parte del proceso que se trate”, se destaca en el escrito de la pyme. La denuncia también indica que el juez Ramonet respaldó la intención del sindicato de “forzar” la reincorporación de los trabajadores despedidos, exigiendo el pago de astreintes diarios por cada trabajador cesanteado, decisión que recibió apoyo en cada etapa por la Sala IX de Apelaciones. “No estamos denunciando el contenido de las sentencias ni lo que decidieron los jueces, sino que lo hacemos porque no se aplicó la ley que debía aplicarse al caso, y cuando se hizo, fue para perjudicar únicamente a una de las partes”, se señala en la presentación de la pyme. El texto de la denuncia añade que los jueces, “al actuar de esta forma, violaron la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 16 de la Carta Magna, constituyendo eso una flagrante causal de mal desempeño y/o directamente la comisión del delito de prevaricato, por haber dictado resoluciones contrarias a la ley expresa a sabiendas”.
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