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Parana » InfoParana
Fecha: 03/07/2025 15:31
En un nuevo capítulo de tensiones entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores, después de varios días de negociaciones fallidas, los mandatarios de las provincias decidieron dar un paso firme en busca de mayor financiamiento para sus distritos. En esta ocasión, enviaron al Congreso dos proyectos de ley con el objetivo de aumentar los fondos que reciben las provincias de la coparticipación federal, los cuales cuentan con un amplio apoyo de una mayoría de gobernadores y también del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las iniciativas cuentan con la firma de figuras clave del Senado, tanto de bloques oficialistas como opositores. Entre los senadores que han avalado la propuesta se encuentran Juliana Di Tullio, José Mayans, Eduardo Vischi, Fernando Salino y Carlos Espínola, quienes representan un espectro político diverso y han respaldado de forma conjunta la iniciativa en busca de una mayor distribución de los recursos. Los mandatarios provinciales, cansados de los ajustes realizados por el gobierno de Javier Milei, buscan que el Ejecutivo nacional redistribuya los fondos de manera más equitativa para poder hacer frente a sus responsabilidades locales. Eliminación de fideicomisos y fondos “poco transparentes” El primer proyecto propone la eliminación de varios fideicomisos y fondos “poco transparentes”, que actualmente están financiados con lo producido por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). De esta manera, los recursos de estos fondos se redistribuirían a las provincias para que puedan hacerse cargo de diversas funciones y responsabilidades que han asumido a consecuencia de los ajustes aplicados por la actual administración. “Es hora de eliminar fondos que no son transparentes y devolver esos recursos a las provincias”, señalaron los gobernadores, haciendo hincapié en la necesidad de descentralizar los fondos y permitir que las provincias puedan financiarse de manera más justa. Entre los fideicomisos que se verían afectados por esta medida se incluyen el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, el Fondo de Infraestructura de Transporte, el Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Nacional de la Vivienda. La propuesta busca eliminar este mecanismo de distribución sectorial, distribuyendo esos recursos de acuerdo con los porcentajes establecidos en la Ley 23.548 de Coparticipación. “Es hora de terminar con este mecanismo de distribución sectorial”, añadieron los mandatarios en un comunicado conjunto. Redefinición de la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) Para poner en marcha este proyecto, se propone una modificación de la Ley 23.966, que regula los impuestos y la previsión social. La iniciativa buscaría redefinir cómo se distribuye lo recaudado por el ICL, proponiendo una distribución del 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social (Anses). Esta distribución beneficiaría principalmente a las provincias, ya que del total de fondos que se destinarían a ellas, el 25% sería repartido en partes iguales entre todos los distritos, mientras que el 75% restante se distribuiría según los índices de coparticipación. Cabe resaltar que solo los fondos de Transporte e Infraestructura Hídrica han recibido cerca de $500.000 millones de los $1,5 millones recaudados por el ICL este año, lo que pone en evidencia la magnitud de los recursos en juego. Si la propuesta es aprobada, los gobernadores esperan que estos fondos sean gestionados de manera más equitativa y que puedan ser utilizados para atender las crecientes demandas de sus distritos, particularmente en un contexto de ajuste fiscal impuesto por el gobierno central. Redistribución automática de los recursos El segundo proyecto presentado por los gobernadores es complementario al primero y propone la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto). Este artículo establecería que los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias se redistribuyan según los artículos 3°, 4° y 8° de la Ley de Coparticipación. La propuesta establece que esta redistribución se haga de forma diaria y automática, bajo las mismas condiciones que establece la ley de coparticipación, garantizando una mayor fluidez en los recursos que llegan a las provincias y reduciendo las demoras y problemas burocráticos que han marcado el proceso hasta ahora. Este proyecto se presenta como una respuesta directa a las quejas de los gobernadores por el recorte de recursos y la creciente transferencia de responsabilidades a las provincias que ha caracterizado el gobierno de La Libertad Avanza. Según los mandatarios, la descentralización de los recursos es clave para que las provincias puedan atender sus funciones y obligaciones, especialmente en un contexto de ajuste fiscal. Posición del Gobierno nacional Desde el Ejecutivo, ya se adelantó que cualquier ley que ponga en peligro el equilibrio fiscal será vetada, tal como ocurrió en el pasado. “Cualquier ley que vaya en contra del equilibrio fiscal será vetada”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en recientes declaraciones. Sin embargo, los gobernadores confían en que el redireccionamiento de los fondos provenientes de los fideicomisos no afectaría dicho equilibrio, ya que se trata de una redistribución de recursos ya existentes, que no implicaría un gasto adicional para el Estado nacional. A pesar de la oposición esperada por parte del Gobierno, los mandatarios provinciales tienen la esperanza de que estos proyectos sean aprobados por el Congreso, ya que consideran que son una medida justa para compensar la creciente carga de responsabilidades que asumieron las provincias sin el correspondiente respaldo económico.
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