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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 03/07/2025 06:50
Se estima que en el país hay alrededor de un millón y medio de docentes (Foto: Télam) No hay datos actualizados sobre la cantidad ni calidad de la formación de los docentes en Argentina. El último censo docente es de 2014, y desde entonces solo se aplicó una evaluación diagnóstica en 2017, con resultados mediocres. Aun así, se estima que en el país hay alrededor de un millón y medio de docentes, y más del 85% pertenece a niveles no universitarios. La mayoría se formó y aún se forma en alguno de los más de 1500 Institutos de Formación Docente (IFD) que hay distribuidos por el país. Esta cantidad de instituciones -34 por cada millón de habitantes- nos ubica muy por encima de otros países como Chile, México o Francia. Sin embargo, la proliferación de instituciones no se traduce en calidad: los estudiantes argentinos se ubican en los últimos lugares de las pruebas PISA 2022 y los resultados de las Pruebas Aprender 2024 muestran que estamos cada vez peor. La baja calidad educativa y la escasa exigencia en los trayectos de formación evidencian un modelo más centrado en sostener estructuras que en formar buenos docentes. Por eso mismo, no guarda relación alguna con lo que un docente necesita para estar preparado para enseñar a las nuevas generaciones. Tampoco se trata de un paradigma que verdaderamente fomente la vocación docente. En particular, en las provincias del interior, ser docente se ha convertido, para muchos, en una opción para acceder a un empleo público estable y con un sueldo poco estimulante pero seguro y con cobertura social. El Estatuto Nacional Docente define la carrera profesional con criterios como la antigüedad y la acumulación de créditos en cursos y diplomaturas. Esa lógica de formación continua, muchas veces coordinada por los mismos sindicatos, habilita aumentos salariales, pero no garantiza mejoras reales en la enseñanza. Peor aún: no se evalúa si los cursos mejoran las competencias docentes ni se cruzan los resultados de aprendizaje de los alumnos con el desempeño del maestro. Además, el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), que debería supervisar la calidad formativa, se ve limitado por la autonomía provincial. En cada jurisdicción, una Junta de Clasificación —con participación de sindicatos— decide qué formación cuenta para el escalafón, lo que genera una fuerte dependencia de los institutos reconocidos. En este esquema, el docente termina más como rehén que como protagonista de su desarrollo profesional. Un dato inquietante: los IFD están sobrerrepresentados en provincias pequeñas y con alta vulnerabilidad social. Chaco, La Rioja y Catamarca superan los 60 institutos por millón de habitantes, más del doble del promedio nacional. Esta sobreoferta atenta contra el control de calidad y convive con un desajuste preocupante: hay exceso de egresados en áreas como Lengua o Historia, y escasez en Matemática, Física y Química. Algunas jurisdicciones intentaron reformar. En 2018, CABA creó UniCABA como propuesta superadora, y en 2022 impulsó una actualización del Estatuto para premiar el mérito más que la antigüedad. Sin embargo, la resistencia sindical impidió una transformación profunda. Aun así, en 2024 se avanzó con cambios en los criterios de puntaje para jerarquizar mejor las capacitaciones. La percepción social también enciende alarmas. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de UADE muestra que 6 de cada 10 padres creen que a los docentes de secundaria les falta formación sobre lo que enseñan, y más de la mitad los considera poco capacitados en el uso de tecnología. Por último, tampoco hay transparencia sobre cuánto y cómo se invierte en formación docente. El INFoD gestiona programas como “Nuestra Escuela”, que habría capacitado a 400 mil docentes desde 2022, pero los presupuestos públicos no permiten conocer en detalle ni los montos ni la calidad del gasto. La conclusión es clara: necesitamos revisar de raíz el modelo de formación docente. Esto implica repensar el Estatuto, transformar el sistema de incentivos y poner el foco en la calidad real del aprendizaje. También exige información pública, evaluación permanente y decisiones valientes. Jerarquizar la docencia no puede seguir siendo un deseo: tiene que ser una política de Estado.
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