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» Comercio y Justicia
Fecha: 03/07/2025 05:05
Por Matías Maccio (*) El caso tramitó en la oficina de Mediación y Conciliación Penal de una provincia donde ocurrieron los hechos. El conflicto tuvo como episodio central la ocupación -no consentida- de una vivienda del Estado. Ante dicha situación el gobierno municipal decidió realizar una denuncia contra las personas presuntamente ocupantes. En este caso la parte denunciada e investigada fue “Marita” (nombre ficticio). La Fiscalía local, luego de realizar algunas medidas investigativas, remitió el caso a mediación para que las partes generen una solución al conflicto primario. La primera intervención de la oficina de mediación consistió en invitar a una entrevista informativa a la parte denunciante, en este caso, el funcionario municipal que realizó la denuncia. Metodológicamente se suele invitar primero a la parte investigada; sin embargo, en este caso se decidió hacerlo de otra manera atendiendo al carácter estatal de la parte denunciante, lo que a veces conlleva su no participación en el proceso. En dicha oportunidad se le informó sobre las características de la etapa de mediación y se le consultó acerca de la voluntad del ente municipal de participar en el proceso de mediación. Respondió que evaluarían la decisión con la intendencia y la asesoría legal y darían una respuesta. También refirió que mantenían diálogo con la persona denunciada y brindó información sobre su situación y la de su grupo familiar. Se trataba de una familia en situación de vulnerabilidad, que venía siendo acompañada desde hacía algunos años por organismos de asistencia social, la Oficina de la Mujer y la Dirección de Niñez y Adolescencia. La posición de la Municipalidad sostenía el pedido de desalojo inmediato de la vivienda. Con esa información de contexto se comenzaron a evaluar posibles indicadores de complejidad, según el Protocolo para el abordaje de casos complejos que se utiliza en dicha provincia. Entre ellos: la intervención del Estado, el perfil de la parte denunciada, el factor tiempo y el impacto en los medios. Seguidamente, y sin esperar la comunicación de la parte denunciante, se diseñó la convocatoria a la parte denunciada. El objetivo fue tomar contacto, escuchar y evaluar la situación familiar aplicando perspectiva de género y un enfoque de vulnerabilidad. Realizada la entrevista informativa con Marita, su pareja y sus dos hijos (niños menores de 3 años), se escuchó que la posición de ambos adultos era una negativa a desocupar la vivienda. Además, sostenían un pedido de solución habitacional urgente y definitiva. Su situación podía enmarcarse en una condición de vulnerabilidad por diversos factores. De acuerdo con las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia, Marita se encontraba en situación de vulnerabilidad según los criterios de pobreza, estado físico, circunstancias sociales y económicas, género y condición de víctima de violencia de género intrafamiliar por parte de su pareja. Las infancias también lo estaban, en razón de su edad, circunstancias sociales y económicas y estado físico. Su pareja, asimismo, se encontraba en condición de vulnerabilidad por su estado físico, salud y situación socioeconómica. A partir de la información recabada se decidió revisar las actuaciones judiciales y administrativas vigentes, vinculadas a este grupo familiar. En el ámbito judicial civil había expedientes, correspondientes al año anterior, vinculados principalmente a Marita y la situación de violencia intrafamiliar. A nivel administrativo había actuaciones recientes en la órbita de organismos de asistencia social, la Oficina de la Mujer y la Dirección de Niñez y Adolescencia. La ayuda económica del gobierno municipal -llamado aporte- había sido suspendida provisoriamente en el contexto del conflicto con la vivienda institucional. A partir de esta nueva entrevista, el equipo de mediación replanteó el abordaje, considerando: La condición de vulnerabilidad de la parte denunciada. La necesidad de un trabajo coordinado con organismos intrainstitucionales (Defensora Oficial, Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Oficina de Violencia Familiar) e interinstitucionales (Dirección de Niñez y Adolescencia, Oficina de la Mujer, Desarrollo Social, área de Vivienda, Hospital local). La evaluación sobre la mediabilidad del caso, ampliando el enfoque más allá del binomio ocupación/desocupación, con el fin de no vulnerar derechos fundamentales. El hecho de que la vivienda ocupada, aunque precaria, es el único espacio que brinda contención a esta familia. Con base en lo anterior, se propuso este nuevo enfoque a la Municipalidad y se comunicó que la Oficina de Mediación convocaría a una reunión interinstitucional para obtener un diagnóstico integral de la situación. Se mantuvieron entrevistas con los organismos mencionados y se los invitó a una instancia de diálogo con el objetivo de evaluar el caso desde una mirada integral. Luego de esta ronda de conversaciones —a la que acudieron aquellas instituciones que decidieron participar, respetando el principio de voluntariedad—, se convocó a una entrevista con la intendencia municipal. En ella se presentó un diagnóstico atravesado por la condición de vulnerabilidad de la parte denunciada, el conflicto en su dimensión mediable y una propuesta de abordaje integral . La intendencia fue receptiva, escuchó el diagnóstico y coincidió con el encuadre, manifestando que evaluaría su participación en la etapa. Dentro de la propuesta de trabajo se realizaron las siguientes consideraciones: Con base en lo anterior, se propuso este nuevo enfoque a la Municipalidad y se comunicó que la Oficina de Mediación convocaría a una reunión interinstitucional para obtener un diagnóstico integral de la situación. Se mantuvieron entrevistas con los organismos mencionados y se los invitó a una instancia de diálogo con el objetivo de evaluar el caso desde una mirada integral. Luego de esta ronda de conversaciones —a la que acudieron aquellas instituciones que decidieron participar, respetando el principio de voluntariedad—, se convocó a una entrevista con la intendencia municipal. En ella . La intendencia fue receptiva, escuchó el diagnóstico y coincidió con el encuadre, manifestando que evaluaría su participación en la etapa. Dentro de la propuesta de trabajo se realizaron las siguientes consideraciones: Es fundamental atender la situación de vulnerabilidad de Marita y, prioritariamente, la de las infancias. La vivienda constituye la base para cualquier abordaje de atención integral de derechos y vulnerabilidades. La familia cuenta con escasas o nulas redes de contención. La criminalización del conflicto debería analizarse bajo esta perspectiva. Existe una desigualdad de poder entre las partes, lo que requiere estrategias específicas para equilibrar la relación. El derecho a la vivienda debe garantizarse como base para trabajar otras dimensiones (salud, sostenimiento económico, consumo problemático, etc.). Se propuso al Ejecutivo municipal revisar su posición institucional. Las áreas técnicas intervinientes solicitaron confidencialidad respecto a sus evaluaciones y consideraciones, por razones funcionales y orgánicas. Pocos días después de la reunión, el Ejecutivo municipal comunicó a la Oficina de Mediación el desistimiento en el proceso y que gestionaría el caso de forma directa con la otra parte. Atendiendo al principio de voluntariedad del espacio, el equipo respetó la decisión, aunque intentó su reconsideración. La decisión incluyó componentes legales, estratégicos y políticos. Tras conocer la postura municipal, se informó a la Sra. Marita sobre la propuesta de trabajo y la decisión del Ejecutivo local respecto a la continuidad del proceso mediante un abordaje directo. Finalmente, se evaluó el cierre de la etapa de mediación y se devolvió el caso a la Unidad Fiscal, con la siguiente observación:
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