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» Comercio y Justicia
Fecha: 02/07/2025 11:30
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó penas de entre 2 y 6 años de prisión para cuatro ex integrantes de la cúpula directiva de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y que se los condene a pagar un perjuicio calculado más de 55 mil millones de pesos. Los hechos se registraron entre 2006 y 2011. Incluyen sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras y la renuncia arbitraria por parte del ex rector Juan Alberto Cerisola a las utilidades que le correspondían a la casa de estudios de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). La Fiscalía solicitó la imposición de 6 años de prisión para el ex rector de la UNT al momento de los hechos, Cerisola; de 4 años de prisión para la ex directora general de Construcciones Universitarias, Olga Graciela Cudmani, y de 2 años de prisión para el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, por considerarlos autores de incumplimiento de deberes de funcionario público y coautores de fraude a la Administración Pública. En todos los casos solicitó además la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para su desempeño como funcionarios públicos. También requirió que el ex subsecretario administrativo, Luis Fernando Sacca, sea condenado a 2 años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años por incumplimiento de deberes de funcionario público en relación al trámite de las colocaciones financieras. Excarcelaciones Al solicitar las penas, el MPF instó que se revoquen las excarcelaciones de Cerisola y Cudmani ante la posibilidad de que intenten eludir el cumplimiento de la sentencia; en particular, en su aspecto económico. Para ello, requirieron que se aplique la modalidad de prisión domiciliaria. En el petitorio final, el equipo fiscal reclamó también que al momento de dictar sentencia el tribunal declare que los hechos que fueron parte del debate son actos de corrupción contra la UNT, conforme lo señalan la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el artículo 36 de la Constitución Nacional. Reparación Le reclamó además al tribunal que se establezca a los cuatro acusados la obligación de restituir y reparar el perjuicio causado a la universidad, en favor de ella. Consideraron que les corresponde responder por los daños comprobados en el debate, desglosados de la siguiente forma: -Cerisola: $19.257.929.176,83 en lo relativo a la renuncia de utilidades de YMAD. -Cerisola y Cudmani: $ 4.910.846.462,38 en relación a los sobreprecios en obras y adicionales. -Cudmani y Venturino: $28.578.053,08 en relación al alquiler del predio lindero en la obra 533. -Cudmani y Venturino: $ 2.227.444.219,05 con relación a la readecuación en la misma obra. -Sacca: $250 millones de pesos. El MPF estableció que el monto actualizado del perjuicio a la UNT permitiría casi garantizar su funcionamiento completo por un año (84.mil millones de pesos, a monto de 2023), otorgar casi 32.500 becas a estudiantes durante 5 años (de las que hoy dan tanto la propia UNT como el plan Progresar) y dotar de fondos a 17 mil proyectos CONICET de investigación o comprar 120 casas de las más onerosas y mejor ubicadas en Tucumán. Peticiónó asimismo que, una vez emitida la sentencia, se remitan copias certificadas por secretaría de todo lo actuado en el debate y de los elementos reunidos durante la investigación a la Fiscalía federal correspondiente para que indague sobre la posible responsabilidad penal de otras personas en los mismos hechos. Para hacer cesar los efectos del delito y evitar que consolide su provecho, también solicitó que se ponga en conocimiento de la eventual sentencia condenatoria al Juzgado Federal de Catamarca y a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a fin de que ordene su incorporación a la causa caratulada “Universidad Nacional de Tucumán vs. YMAD s/nulidad de acto administrativo”. Proceso El juicio se desarrolló durante 14 meses, con más de 50 testigos y peritos. Se incorporaron 50 cajas de documentos y se realizaron 11 inspecciones oculares en 11 de las 13 obras analizadas. Se recibieron informes de todos los órganos de control de la Administración Pública Nacional, como la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Unidad de Auditoría Interna de la propia UNT. Además, hubo dos peritajes -uno contable y otro de ingeniería civil- del cuerpo de peritos de la Corte Suprema. Bloques La Fiscalía realizó su exposición centrándose en tres bloques de imputación: -La renuncia a fondos de YMAD. Planteó que Cerisola, sin ningún plan de obras, fundamento técnico o profesional y sin la intervención del Consejo Superior, dio por finalizada la Ciudad Universitaria pese a que quedó demostrado no sólo que no se realizó ningún esfuerzo en ese sentido, sino que se apartó de la normativa para destinar los fondos a la realización de forma discrecional de obras aisladas en distintas facultades. La renuncia implicó, solo hasta 2010, la pérdida para la UNT de acceder a fondos equivalentes a más de 64 mil millones de pesos actuales. -Contrataciones de obras con fondos de YMAD. La acusación dirigida contra Cerisola, Cudmani y Venturino se centró en la defraudación a la UNT y la violación de sus deberes funcionales en lo relativo a la tramitación, ejecución y control de, al menos, 13 obras que fueron analizadas en el debate oral. Venturino fue acusado en relación a su actuación por una obra en la Facultad de Derecho. En este punto, la Fiscalía se dirigió a demostrar que se había creado un régimen paralelo al establecido en la ley de obras públicas con el objetivo de evitar los procedimientos contractuales que limitan el manejo opaco y discrecional de fondos públicos. Indicó que en este contexto el entonces rector había alterado el organigrama histórico de la UNT para poner bajo su órbita directa (sin controles por oposición ni verticales) a la Dirección General de Construcciones Universitarias, a cargo de Cudmani, quien comandaba a su vez la Dirección de Inversiones y Contrataciones, cuyo titular era Venturino. Marcó que en las 13 obras analizadas se corroboró una infinidad de irregularidades, entre las que se destacan “sobreprecios rampantes”, sobrecertificaciones y otorgamiento irregular de anticipos financieros no previstos en los pliegos. En tal sentido, precisó que llegó a determinarse un perjuicio a la UNT de más de 18.000 millones de pesos actuales. -Inversiones financieras irregulares. La Fiscalía también alegó sobre la demostrada aplicación de un subsistema ilegal de colocación financiera de los fondos provenientes de YMAD, “caracterizado por su opacidad, falta de controles y de transparencia y sujeto a una total discrecionalidad”, por el que llegaron acusados Cerisola y Sacca. Fondos millonarios se colocaron en distintas instituciones bancarias, algunas de poca fiabilidad en la plaza, e incluso en fideicomisos sin los controles exigidos, por plazos muy extensos y sin ningún tipo de proceso de selección.
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