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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 02/07/2025 10:00
El Gobierno nacional solicitó a la Juez Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, la suspensión inmediata del fallo que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, como parte de la causa por la estatización de la petrolera en 2012. En paralelo, confirmó que presentará una apelación formal dentro del plazo legal de 14 días. Mediante un escrito judicial, la administración de Javier Milei pidió una suspensión provisoria -conocida como interim stay- mientras la Cámara de Apelaciones de Nueva York evalúa si concede una medida de protección mayor. “La transferencia de acciones implicaría un daño irreparable”, advierten los abogados del Estado argentino, y agregan: “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”. Los letrados subrayan que si los demandantes toman control del paquete accionario y lo venden, el perjuicio sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación. Además, remarcan que no es jurídicamente posible ejecutar una sentencia parcial mientras el fallo de fondo no ha sido revisado por un tribunal superior. Según la Casa Rosada, la Juez Preska “se excedió en su jurisdicción”. El Gobierno también pone el foco en la importancia estratégica de YPF: emplea a más de 23.000 personas y su control estatal está respaldado por la Ley 26.741, que exige una mayoría accionaria estatal y la aprobación del Congreso para cualquier cambio en la composición societaria. “Esto no es un juicio comercial entre empresas privadas; es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, recalcaron desde el Ejecutivo. A pesar de no ofrecer garantías financieras para frenar la ejecución del fallo, desde la Casa Rosada aseguran que no piensan “ceder el control de YPF ni iniciar ningún pago”. Además, insisten en que las acciones “no pueden ser vendidas sin una ley del Congreso”. Si la Juez Preska rechaza la solicitud de suspensión, el Gobierno anticipó que acudirá de manera urgente ante el Segundo Circuito de Apelaciones. La estrategia oficial se basa en ganar tiempo, evitar embargos y discutir el cálculo económico del fallo, cuya valoración -según argumentan- se basa en parámetros desactualizados que distorsionan el monto final de la indemnización, estimado en más de 16.000 millones de dólares. Por ahora, las negociaciones con los fondos están congeladas. “Esto se va a definir en la Cámara”, afirman fuentes oficiales. La audiencia pública ante el Segundo Circuito se espera para septiembre, y ya hubo simulacros de defensa en febrero. Por último, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó en su cuenta de X que “la sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741 y desconoce la inmunidad soberana”. Además, enfatizó que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y “no son legalmente transferibles” por orden de un tribunal extranjero. Mientras la definición queda en manos de la jueza Preska, el Gobierno sostiene que su postura busca defender los intereses estratégicos del país y el principio de soberanía jurídica frente a un fallo que considera excesivo e inaplicable.
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