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Parana » Plazaweb
Fecha: 01/07/2025 12:25
La reciente derogación de la Ley de Fomento de la Producción Algodonera por parte del Gobierno nacional genera fuerte preocupación entre pequeños productores, cooperativas e instituciones del norte de Entre Ríos, que ven en esta medida un nuevo retroceso en el respaldo estatal a la agricultura familiar y la economía rural. La eliminación de la Ley de Fomento de la Producción Algodonera fue interpretada como una nueva señal de desamparo hacia los sectores rurales más postergados. El ingeniero agrónomo Pablo Benetti expresó que esta decisión afecta no solo la producción primaria, sino toda la cadena del algodón, incluyendo la lucha contra plagas como el picudo algodonero, una de las principales amenazas del cultivo. “El Gobierno de Javier Milei ha dedicado todo su esfuerzo y utilizado todos los mecanismos a su alcance para derogar, eliminar y destruir instituciones, programas, leyes y fideicomisos que alentaban, fomentaban y acompañaban a los pequeños agricultores”, señaló Benetti. Entre las políticas eliminadas mencionó al Instituto de Agricultura Familiar, el ProHuerta, la Ley Ovina, la Ley Caprina, el PRODAF y al propio INTA, que ha sido reconfigurado y reducido. El dirigente recordó que si bien en los últimos años no se ha sembrado algodón en grandes superficies en Entre Ríos, esto no se debe a la falta de rentabilidad, sino a las dificultades logísticas: “Hay que recorrer más de 700 kilómetros hasta la desmotadora más cercana, lo que multiplica por dos o tres los costos para el productor”. Entre 2006 y 2017, diversos programas impulsaron la recuperación del cultivo en el norte entrerriano, alcanzando más de mil hectáreas en los departamentos La Paz y Feliciano. Benetti destacó que este proceso fue posible gracias a un trabajo articulado entre las organizaciones de productores, como APROCENER, el gobierno provincial, el INTA y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. También evocó que en los años ‘90, el algodón alcanzó hasta 10 mil hectáreas sembradas entre el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes. En ese contexto, se instaló una desmotadora en Feliciano y se formaron cooperativas integradas por cientos de pequeños productores. “Este cultivo era de gran ayuda, posible en pequeñas superficies —desde 1 a 10 hectáreas—, con cosecha manual, y significaba un ingreso extra para familias que desarrollaban múltiples actividades”, sostuvo. Benetti resaltó que el algodón generaba una importante demanda de mano de obra. “La carpida y la cosecha se hacían a mano, dando trabajo a cientos de cosecheros de la zona. Era un cultivo que articulaba lo económico con lo social y cultural de las comunidades rurales”. La ley recientemente eliminada fue el resultado de años de lucha. “Nucleó a asociaciones de productores, desmotadoras, hilanderías y textiles. Con el apoyo de gobiernos provinciales y las movilizaciones de las organizaciones campesinas, se logró su sanción. Ahora, con un decreto, el Gobierno de Milei da por tierra con todo ese esfuerzo”, lamentó. Asimismo, el ingeniero cuestionó el papel del gobierno entrerriano al señalar que, durante el último año, los fondos de la ley no llegaron a los productores. “No sabemos si no se gestionaban o si se destinaron a otra cuestión. Quizá, como en otros programas, se devolvieron por inacción o incapacidad. La provincia ha devuelto fondos que estaban destinados a pequeños productores”, indicó. Desde la Federación Nacional Campesina, organización de la que Benetti forma parte, plantearon la necesidad de una “más amplia unidad para frenar las políticas destructivas del Gobierno nacional” y exigir la restitución de programas e instituciones que acompañaban el desarrollo rural. “Lo que está en juego es demasiado importante para no sumarnos a defender con compromiso logros históricos de las comunidades. Son medidas que vitalizaban la vida en la zona rural, fomentaban la diversidad de cultivos y brindaban identidad y arraigo a las familias”, concluyó.
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