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» tn24
Fecha: 01/07/2025 11:54
En un nuevo capítulo del extenso juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska ordenó que Argentina transfiera el 51% de las acciones de la petrolera estatal a Burford Capital, el fondo inglés que ganó la demanda. La decisión judicial suma presión sobre el país, que ya acumula un fallo en contra por más de 17.000 millones de dólares. El gobierno argentino, a través del presidente Javier Milei, confirmó que apelará de inmediato la resolución. Según la jueza del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la Argentina no hizo esfuerzos concretos para cumplir con la sentencia previa, y ahora tiene un plazo de 14 días para depositar los títulos de YPF en una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon. Preska ofreció tres alternativas: que el Congreso autorice la transferencia con dos tercios de los votos, que el país cambie su legislación, o que se llegue a un acuerdo con Burford. Hasta ahora, ninguna de esas vías fue explorada por los sucesivos gobiernos, y tampoco hubo negociaciones formales con el demandante. El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estatizó la petrolera sin indemnizar debidamente a los accionistas minoritarios. En 2023, la justicia estadounidense falló en contra del país por “mala praxis expropiatoria” y estableció una indemnización millonaria. La suma inicial de 16.000 millones de dólares ya se incrementó con intereses. Tras la decisión de ayer, las acciones de YPF se desplomaron hasta 8% en Wall Street, mientras que las de Burford se dispararon más de 20% en Londres. Aunque la empresa argentina no es parte del juicio, el impacto bursátil fue inmediato. Desde el oficialismo, Milei cargó contra el kirchnerismo, especialmente contra Axel Kicillof, exministro de Economía y actual gobernador bonaerense. “Esto es consecuencia de una locura ideológica que nos llevó hasta acá”, declaró el Presidente. La Argentina presentará una apelación ante la Corte del Segundo Distrito de Nueva York. En paralelo, buscará un «stay» (suspensión) de la medida. Para eso, el país podría verse obligado a ofrecer una garantía que rondaría los 10.000 millones de dólares, aunque por ahora no hay fondos ni activos disponibles para respaldarla. Burford Capital, por su parte, no quiere quedarse con la empresa, sino cobrar. En el entorno del caso aseguran que una negociación es inevitable y que el fondo habría aceptado un acuerdo mucho menor en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. La causa continúa, mientras la falta de resolución amenaza con enturbiar el acceso de la Argentina a financiamiento internacional. La Corte de Apelaciones podría tardar cerca de un año en emitir un fallo final. Mientras tanto, la presión judicial, política y financiera sigue creciendo.
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