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Parana » Informe Digital
Fecha: 01/07/2025 10:48
¿El Estado argentino asumirá la pérdida del 51% de las acciones que posee en YPF, una de las empresas más relevantes del país, motor del auge de Vaca Muerta y líder en las futuras exportaciones de gas? Sí, según el criterio de Loretta Preska, la jueza encargada de la corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, quien ha estado dirigiendo el juicio por la expropiación de la petrolera desde 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Este fallo es inédito y contundente. Se anticipan apelaciones y, según esperan los demandantes, negociaciones a lo largo del proceso. En 2023, Preska condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones por una expropiación mal manejada, a la que se suman USD 1.000 en intereses. En términos generales, la jueza determinó que el gobierno kirchnerista llevó a cabo un proceso inadecuado al indemnizar únicamente a la española Repsol, que operaba la empresa en ese entonces, sin considerar a los demás accionistas. Más allá de la conveniencia política y económica de la expropiación, el procedimiento fue erróneo. Un hecho relevante en este entramado judicial ocurrió ayer lunes, cuando la magistrada ordenó al país transferir el 51% de las acciones de la empresa a Burford Capital, el bufete inglés especializado en litigios internacionales y principal beneficiario del fallo, así como adjudicatario de la mayor parte de la condena millonaria. ¿Cuál será el rumbo de la causa para Argentina ahora? Qué dijo Preska Tres párrafos del fallo de ayer: “Si bien la República solicita que este Tribunal extienda la cortesía, al mismo tiempo se niega a realizar cualquier esfuerzo para cumplir con la sentencia no suspendida del Tribunal”. “La República tiene varias opciones que puede considerar legalmente: obtener el permiso del Congreso Nacional con dos tercios de los votos (para transferir las acciones de YPF), tomar medidas para modificar la ley, o cumplir con la sentencia mediante un acuerdo separado con los demandantes”. “Por las razones expuestas, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a esta orden; e instruir a BNYM para iniciar la transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados en un día hábil a partir del depósito en la cuenta”. La jueza está “enojada” con Argentina. No está satisfecha con los esfuerzos realizados y, eventualmente, desea que se negocie con Burford. Hasta el momento, ninguno de los cuatro presidentes argentinos que han lidiado con este caso, incluido Javier Milei, ha entablado diálogo o negociación con Burford, ni antes ni después de que se emitiera la sentencia favorable. Apelación El presidente Javier Milei anunció ayer por la tarde a través de X que Argentina apelará. Lo hará de manera rápida, dado que Preska otorgó 14 días para entregar las acciones. Milei criticó a Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense, diciendo que “es un fallo contra Kicillof”. Describió la decisión como “un disparate jurídico y una intolerable intromisión en nuestra soberanía”, refiriéndose a su rol como cabeza operativa de la expropiación hace 13 años. Con la apelación, Argentina seguramente presentará un “stay”, es decir, un pedido para que la decisión quede sin efecto. Este pedido será dirigido a la propia jueza o a la cámara de apelaciones, así como solicitará que no se efectúen embargos. Para conceder dicho pedido, es probable que la jueza exija una garantía, que podría aproximarse a los USD 10.000 millones, según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso. A fines del año pasado, Argentina se negó a ofrecer este tipo de garantías, al carecer de fondos o activos para hacerlo. “Sería deseable que la propia jueza suspenda los efectos de su fallo. Si eso no ocurre, la Argentina enfrentaría la decisión de acatar o no la orden de un juez. Se esperaría que en pocos días se establezca un estado de ‘hibernación’ del fallo hasta que la cámara tome una decisión”, destacó una fuente vinculada al caso. “Para evitar el desacato, se debe cumplir la orden: pagar USD 16.000 millones o llegar a un acuerdo con Burford. Pero eso resultaría ridículo dado que la decisión de la cámara aún no se ha resuelto, y también está pendiente la apelación respecto al fondo del asunto”, agregó. ¿Cuándo se realizará el pago? “Burford habría cerrado por USD 4.000 con Macri. Ahora es necesario negociar, pero ellos cuentan con cada vez más elementos a su favor. Por supuesto, no desean quedarse con la empresa, sino cobrar”, señaló otra fuente cercana al caso. Lo cierto es que la fecha de pago parece lejana, pero los caminos se acortan, y la falta de diálogo, así como una tensión o desacato con un tribunal estadounidense, podrían complicar otras posturas, colocaciones o negociaciones del país en el contexto internacional. Impacto El impacto local inicial fue considerable. Las acciones de YPF cayeron hasta un 8% en Wall Street, mientras que las de Burford superaron el 20% en Londres. Vale recordar que, en el fallo condenatorio al Estado, Preska excluyó a la empresa. Por lo tanto, el impacto que esta experimentó ayer se debió a efectos indirectos y a su involucramiento en el caso. El fallo impulsó de inmediato un descenso en las acciones de YPF en Wall Street, donde el ADR alcanzó casi los 30 dólares. Al cierre, con una leve recuperación, YPF se ubicó en USD 31,54, con una caída del 5,6 por ciento. No solo los títulos de la petrolera se hundieron; también arrastraron al resto de las acciones tanto a nivel local como en el exterior, así como a los títulos públicos, mientras que el dólar aceleró su camino hacia arriba, cerrando por encima de 1.200 pesos en todos los segmentos del mercado. Ayer en el mercado financiero se especulaba sobre los posibles impactos de esta decisión en los negocios de YPF, una empresa en expansión que, junto a Vaca Muerta, busca convertirse en un actor relevante en el mercado de venta de gas natural líquido (GNL) y planea exportar desde barcos licuefactores ubicados en Río Negro. Lo que queda por definir El principal escenario de esta causa es la apelación de Argentina al fallo de primera instancia de Preska. Se espera que la corte de apelaciones de Nueva York lo defina en un año (aún faltan pasos, como la presentación de los argumentos orales, por ejemplo). Otro aspecto pendiente es la apelación presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que solicitó la revocación del fallo en el juicio por la expropiación, algo que Preska no aceptó. Mientras tanto, en el tribunal de Preska hay otras acciones impulsadas por Burford, con la intención de “hacer ruido” y convencer al Gobierno de que se siente a negociar. Por ejemplo, están realizando solicitudes de embargos y argumentando que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”, pues el primero dirige las acciones del segundo. Paralelamente, algunos movimientos políticos en EEUU también influyen. En los últimos días, ha habido convulsión en la industria de Burford, conocida como litigation funders o financiación de litigios. Un senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, presentó un proyecto de ley que gravaría con más del 40% la actividad. Esto representaba casi el fin del negocio para las compañías del sector. Era un proyecto paralelo a la “One, big, beautiful bill” de Donald Trump, y parece que al presidente de EEUU no le agradó en absoluto. La propuesta habría sido descartada, y Tillis, quien jamás se alineó con Trump, confirmó que no buscará la reelección. Posteriormente llegó el fallo de Preska, de inclinación republicana, que involucra a Argentina y a las acciones que posee en YPF.
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