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» Diario Cordoba
Fecha: 01/07/2025 07:58
Este martes arranca el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales -- todas menos las dos de sensibilidad más progresista-- en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, asegurando que los cambios previstos buscan afectar a su independencia. A pesar de que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recordaron la semana pasada que la huelga carece de respaldo normativo, los convocantes defienden su derecho a parar y asumen que su sueldo se verá mermado como ocurre con cualquier trabajador que lo ejerce en este país. Por su parte, este lunes desde el Ministerio de Justicia advirtió que ha solicitado tanto al Consejo como a la Fiscalía General que cada día en el que estén convocados estos paros le informe, antes de las 14:00 horas, de los jueces y fiscales que no acuden a su puesto de trabajo "con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden". Para el departamento comandado por Bolaños, "esta comunicación es necesaria para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados." Jueces y fiscales con las togas en las manos. / David Zorrakino - Europa Press Concentración masiva La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos. Consideran que los cambios, que incluyen un examen escrito en los procesos de oposición y la regularización de los jueces y fiscales sustitutos, además de un impulso al denominado cuarto turno no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización. Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, viene reiterando en las últimas semanas Gobierno respeta los paros, si bien defiende la necesidad de las reformas. Argumenta que que moderniza las carreras judicial y fiscal por primera vez en 40 años y especialmente las pruebas de acceso, puesto que las actuales fueron diseñadas en el siglo XIX. "Se trata de blindar las becas para opositores, incluir un examen escrito para medir más habilidades además de las memorísticas, garantizar que los exámenes escritos son anónimos y los orales son grabados, que los jueces que preparen a opositores se inscriban en un registro público y establecer un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas para cumplir con la UE y evitar una sanción millonaria a España por la Comisión Europea", insisten desde Justicia. Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos. También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos", algo que ha sido respondido duramente desde la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, por entender que dicha pretensión pretende "desnaturalizar" la protesta. Las asociaciones convocantes de la huelga son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Desde Francisco de Vitoria, su portavoz Seregio Oliva ya se ha pronunciado a primera hora de este martes: "Cuando pasen los años y todos miremos hacia atrás, no queremos reprocharnos ni arrepentirnos de no haber hecho lo suficiente. Una ley que pretende el acceso arbitrario a la judicatura, que privilegia a las personas que acceden por el cuarto turno para ocupar la cúpula judicial, que restringe la participación democrática en las salas de gobierno, que politiza la comisión de ética judicial", ha señalado.
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