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Parana » Paginajudicial
Fecha: 01/07/2025 05:33
Ramiro Nieto, titular de la mayoría accionaria de El Diario, ofreció vender su parte en el matutino en una cifra inferior a la valuación judicial. La propuesta fue aceptada por Gustavo Scaglione, también dueño de los diarios Uno de Paraná y Santa Fe, La Capital de Rosario y accionista del Grupo América. La operación pone al juez del concurso preventivo en una posición incómoda. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El empresario Ramiro Nieto, titular de la mayoría accionaria de El Diario, ofreció vender su parte en el histórico matutino en una cifra que no podría superar los 200 mil dólares. La propuesta fue aceptada por Gustavo Scaglione, a través de un hombre de paja; y ahora el juez a cargo del concurso preventivo debería homologar el acuerdo para que se concrete, algo que se descuenta, teniendo en cuenta su generosa vocación por salvar una empresa que está inoperativa desde hace nueve meses. La propuesta fue remitida por Ramiro Héctor Nieto, presidente del directorio, el 17 de junio y fue aceptada al día siguiente por el abogado Alexis Weitemeier, como apoderado de Difutec SA, la firma a través de la cual Scaglione se hizo de El Diario. En caso de que el juez Ángel Moia acepte las condiciones del acuerdo arrastrará también a la familia Etchevehere –sin ninguna posibilidad de incidir en las negociaciones–, que percibirá la mitad de lo que pacte Nieto con el nuevo propietario, proporcional a su participación accionaria. La venta forzosa de las acciones por parte de Nieto y los Etchevehere es una consecuencia de lo previsto en el concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, luego de que Scaglione obtuviera acuerdos de pago con un grupo de acreedores que le exige la ley. El capital de SAER está compuesto por 9 mil acciones y la última valuación judicial se fijó en 46.710,51 pesos cada una, considerando “el esfuerzo realizado por los acreedores y la desvalorización producto de la inflación” (sic). Nieto es titular del 66,7 por ciento a través de Nea Capital Creativo, una sociedad anónima cuya integración ha sido siempre un misterio; mientras que Leonor Barbero Marcial y sus hijos, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, son propietarios del 33,3 por ciento restante. Así, el precio judicial de las acciones de El Diario se fijó en 420.394.590 pesos, es decir, unos 350 mil dólares a valores de hoy. Sin embargo, Nieto y Scaglione “han concluido que el precio judicial no refleja el verdadero valor de la compañía” y sellaron un acuerdo, al que accedió Página Judicial, donde establecen que el valor no podrá superar la suma total de 200 mil dólares. Para arribar a esa cifra tuvieron en cuenta “una reducción del 30 por ciento del precio judicial, en atención a la inactividad operativa y comercial de la sociedad durante los últimos nueve meses, con el consecuente deterioro de la capacidad productiva, valor llave y red de negocios”; “el valor de los pasivos” y “los costos en que incurra el comprador (Scaglione) por la confección de los estados contables a realizar en el marco de la regularización contable”, ya que SAER adeuda la presentación de los últimos dos balances correspondientes a los períodos 2023 y 2024. En otro apartado del contrato de compraventa, que suscribieron ante escribano público y ya fue presentado en el juzgado a cargo del concurso, Nieto y Scaglione convienen que “la valuación judicial tampoco ha tenido en cuenta la disminución significativa del valor del activo intangible constituido por la marca El Diario, cuyo posicionamiento se ha visto gravemente afectado por la prolongada inactividad y el deterioro reputacional del manejo del proceso concursal”. En esas circunstancias, consideran “razonable, fundado y proporcional” ese valor que, convienen, no podrá superar los 200 mil dólares por el 66,7 por ciento de las acciones; y la mitad para la familia Etchevehere por el 33,3 por ciento que conservan. El juez, en offside Si un juez o cualquier operador del sistema judicial tuviera que responder cuál es el objetivo de un concurso preventivo dirá que se trata de evitar la quiebra de la empresa en crisis, es decir, que pueda resolver las dificultades económicas que la llevaron a esa situación y seguir funcionando regularmente. No ha sido el caso. Lejos de encarrilar el rumbo, la crisis de la empresa se agudizó durante el concurso, a tal punto que los síndicos, designados para vigilar el funcionamiento de SAER, le advirtieron en reiteradas ocasiones al juez Moia que “la situación deficitaria continuaba año tras año”. A pesar de ello, en marzo de 2025, el juez homologó acuerdos lesivos para los acreedores, en su mayoría trabajadores despedidos, y habilitó el salvataje de la empresa editora de El Diario. Para ello, Difutec SA se comprometió a pagar el 70 por ciento de los créditos verificados, sin intereses y en un plazo de cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas. El acuerdo de compraventa de acciones entre Nieto y Difutec deja al juez en offside al admitir que la empresa “ha cesado completamente su actividad operativa y comercial desde hace aproximadamente nueve meses”. Esto significa que al momento en que Moia homologó los acuerdos con los acreedores SAER no estaba operativa, es decir, El Diario, que hace años dejó de imprimirse, tampoco estaba activo en la web. Se consignó además en el acuerdo que la inactividad de la empresa “impide verificar de forma confiable la situación patrimonial y financiera actual, tanto para el comprador como para el propio vendedor, y conlleva una alta incertidumbre respecto de la existencia de pasivos ocultos y contingencias no registradas, lo cual incide negativamente en la valuación” y agrega, por si quedara alguna duda: “La paralización prolongada de la sociedad ha producido un deterioro significativo en su capacidad operativa, su red de relaciones comerciales, su base de clientes y proveedores y posiblemente en sus activos físicos (equipamiento, maquinarias, etcétera). La reactivación de la sociedad requerirá una inversión inicial sustancial en su capacidad de trabajo por parte del comprador, lo cual no ha sido considerada en su informe por el evaluador ni en la valuación judicial”. Es claro, pues, que detrás del salvataje no hay un interés periodístico, sino un fenomenal negocio inmobiliario, ya que los activos en propiedades que integran SAER superan tres veces y medio la totalidad de las deudas. Mientras todo esto transcurre en un expediente judicial, más de un centenar de trabajadores despedidos siguen, bajo una incierta dinámica, deshojando la margarita y ven como cada día se deprecian sus indemnizaciones. SAER-Difutec by Página Judicial
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