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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 01/07/2025 05:18
Investigación en curso a juez camarista por presunta tenencia de material referido a abuso sexual infantil. El especialista en ciberdelito Aníbal Lazzaroni advirtió que el almacenamiento de ese tipo de contenido en servidores personales “es ilegal, aun si se tratara de evidencia judicial”. Según el experto “el caso pone en discusión no solo la posible responsabilidad penal del magistrado, sino también el modo en que se manipulan evidencias extremadamente sensibles dentro del ámbito judicial provincial”. Licenciado Aníbal Lazzaroni, especialista en ciberacoso, grooming y otros delitos informáticos. El reconocido docente y experto en delitos informáticos Aníbal Lazzaroni se refirió al caso que involucra al juez Andrés Leonelli, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, investigado por la presunta tenencia de material referido a abuso sexual infantil. La causa se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Ushuaia, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, quien ordenó allanamientos en su domicilio y en su despacho oficial. Como ya fuera informado la investigación se inició a partir de un reporte enviado el 30 de mayo del corriente año al Ministerio Público Fiscal por parte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos – NCMEC -, una organización sin fines de lucro que colabora con investigaciones internacionales. El alerta indicaba la detección de actividad vinculada a contenido ilegal, registrada en una dirección IP ubicada en Ushuaia. El informe fue canalizado a través de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del MPF porteño y luego derivado al Ministerio Público Fiscal fueguino. Según explicó Lazzaroni en entrevistas concedidas a distintos medios, el caso pone en discusión no solo la posible responsabilidad penal del magistrado, sino también el modo en que se manipulan evidencias extremadamente sensibles dentro del ámbito judicial. El abogado defensor de Leonelli, Gustavo Ariznabarreta, sostuvo que el material en cuestión forma parte de causas en las que su defendido interviene como magistrado. Sin embargo, para Lazzaroni, esa justificación no es válida. “El Poder Judicial tiene herramientas adecuadas para el resguardo de este tipo de información”, aseguró. “Hay sitios específicamente preparados y muy bien encriptados para guardar evidencia digital sin vulnerar ninguna garantía. No es lógico almacenar material de esta gravedad en servidores personales”, sostuvo. Juez de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, Andrés Leonelli. En este sentido, Lazzaroni agregó: “Estamos hablando de evidencias dentro de una causa, y el Poder Judicial cuenta con medidas de seguridad estrictas para el manejo de este tipo de contenido. Hay que actuar con responsabilidad y dentro de los protocolos establecidos. Lo que sucedió no es lógico”, remarcó. También recalcó que cualquier traslado de contenido judicial fuera del entorno oficial debe ser debidamente fundado, notificado y autorizado. “Las personas que forman parte del sistema judicial conocen estos procesos. Si alguien toma la decisión de conservar datos fuera del entorno institucional, debe generar un escrito y actuar en consecuencia”. Lazzaroni citó como antecedente el caso del pediatra Ricardo Russo, condenado en 2019 a diez años de prisión por distribuir y almacenar pornografía infantil: “Russo tenía más de 700 imágenes de menores que pasaban por su consultorio. Ese material no estaba publicado, pero igual fue penado. Más allá del rol que tenga una persona, nadie tiene inmunidad en estos temas”. Desde 2018, la legislación argentina castiga tanto la distribución como la simple posesión de pornografía infantil. En este marco, el experto consideró que la situación de Leonelli es “anómala” y remarcó la necesidad de preservar con especial celo cualquier evidencia relacionada con el abuso infantil, por tratarse de delitos extremadamente graves. “Argentina es un país donde sistemáticamente el tráfico y la posesión de pornografía infantil es altísimo. Por eso hay protocolos claros, y romperlos genera sospecha”, afirmó. El especialista en ciberdelitos también remarcó que los sistemas informáticos del Poder Judicial ofrecen resguardos suficientes para tratar estos casos con máxima seguridad. “No sería lógico ni aceptable que alguien se lleve una causa a su casa para resguardarla”, concluyó.
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