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» tn24
Fecha: 01/07/2025 03:04
La jueza Loretta Preska, del tribunal del segundo distrito de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera realizada en 2012. Se trata de un nuevo capítulo en la causa impulsada por el fondo Burford Capital, que ya obtuvo un fallo favorable que obliga a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por considerar irregular la forma en que se llevó a cabo la nacionalización durante el gobierno de Cristina Kirchner. Según el texto de la sentencia, la República Argentina deberá transferir las acciones clase D a una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días e instruir al banco a ejecutar el traspaso a los demandantes o a quien estos designen. El fallo puede ser apelado, y se espera que el gobierno argentino lo haga, lo que abriría un nuevo período de litigio de al menos un año y medio. El caso ha generado fuerte preocupación no solo por su impacto financiero, sino también por el precedente legal que representa. Desde el entorno del fondo Burford señalan que esta medida busca ejercer presión para forzar una negociación con la Argentina, algo que hasta ahora el país se negó a hacer. En ese sentido, la decisión es considerada sin antecedentes, al punto que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos había recomendado a la jueza no conceder la transferencia de acciones por considerar que viola los principios de inmunidad soberana. En los fundamentos de su fallo, Preska sostuvo que desde la expropiación de 2012, el Estado argentino ejerce un control directo sobre YPF y sus principales decisiones empresariales y financieras. La causa, que comenzó con la compra de los derechos a litigar por parte de Burford Capital, ha escalado hasta convertirse en uno de los juicios internacionales más costosos para el país. Mientras tanto, crece la presión sobre el gobierno de Javier Milei, que ya adelantó que apelará el fallo y calificó el proceso como “un disparate jurídico heredado del kirchnerismo”.
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