30/06/2025 21:35
30/06/2025 21:35
30/06/2025 21:34
30/06/2025 21:33
30/06/2025 21:33
30/06/2025 21:33
30/06/2025 21:32
30/06/2025 21:32
30/06/2025 21:32
30/06/2025 21:31
Parana » Informe Digital
Fecha: 30/06/2025 17:00
A partir de mañana, primero de julio, se incrementarán nuevamente las retenciones a la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, tras el vencimiento del esquema de reducción temporal que estuvo vigente desde enero. La alícuota de la soja pasará del 26% al 33%, mientras que el maíz y el sorgo aumentarán del 9,5% al 12%. Por su parte, la tasa de retención para el girasol se elevará del 5,5% al 7%. Con el decreto 439/2025, publicado el pasado viernes, se determinó que trigo y cebada mantendrán la tasa reducida del 9,5% hasta el 31 de marzo próximo. Ambos cultivos se encuentran en plena etapa de siembra. Para acceder a este beneficio, los exportadores deberán liquidar el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la declaración de exportación (DJVE). De no cumplir con este plazo, deberán abonar el 12%. La eliminación del beneficio para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo ha generado descontento en el sector agropecuario. La soja y el maíz son, en efecto, los cultivos con mayor producción y los que más contribuyen mediante retenciones. Juntos, representan más del 90% de la recaudación impositiva del agro, constituyendo el núcleo del ingreso de divisas para el país. Por lo tanto, el regreso a las tasas más elevadas implica una mayor presión fiscal sobre la producción agroindustrial. Estos cultivos son fundamentales debido a su volumen, nivel de procesamiento y al hecho de que gran parte se destina a la exportación. El complejo sojero—grano, harina y aceite—se erige como la principal fuente de dólares del país, mientras que el maíz es crucial tanto para el consumo interno como para la exportación. Alterar las reglas impositivas afecta de manera directa la planificación, las ventas y las inversiones de los productores. El sector agropecuario se enfrenta a un escenario de aumento impositivo. El esquema de retenciones reducidas había sido implementado a finales de enero con carácter transitorio, y desde un principio se conocía su fecha de caducidad, el 30 de junio. La intención del Gobierno era impulsar la liquidación de divisas ante el reclamo del sector en una época marcada por la sequía. Según estimaciones privadas, junio podría cerrar con ingresos superiores a los US$6000 millones, e incluso algunos calculan que alcanzarían los US$7400 millones, lo que constituiría un récord para ese mes. También se registraron ventas al exterior que superan las 21 millones de toneladas, más del doble de lo realizado en abril y mayo. Con el incremento de las retenciones, se prevé que el precio que recibe el productor podría disminuir. Analistas estimaron que el valor de la soja podría bajar de $320.000 a $290.000 por tonelada. Por esta razón, muchos productores apresuraron sus ventas en junio, y se anticipa una fuerte caída en la comercialización en julio, mientras el mercado se ajusta. Algunos especulan que muchos optarán por retener sus mercancías a la espera de señales más claras o de posibles cambios tras las elecciones legislativas de octubre. Desde Ciara-CEC subrayaron que la extensión en trigo y cebada “es el camino correcto para eliminar distorsiones”, aunque también indicaron que seguirán trabajando para lograr una reducción en el complejo sojero. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue claro: “Las retenciones deben ser eliminadas definitivamente. Ese es el camino”. El presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, también criticó la medida: “Las producciones de sorgo, girasol, maíz y soja regresan al estado anterior. No se puede producir sin rentabilidad, y sin rentabilidad no hay inversión. Los números no cierran”. En la misma línea, Patricio Kilmurray, de Cartez, sostuvo: “Esto no son políticas agropecuarias, son parches con fecha de vencimiento que no solucionan nada. Lo que el campo necesita son reglas claras y previsibles”. Finalmente, el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez señaló que el aumento de las retenciones afecta al 93% de las exportaciones agrícolas, mientras que el 7% restante mantiene una reducción temporal. También cuestionó que esos fondos no se coparticipen con las provincias, lo que, según afirmó, refuerza el centralismo fiscal del Gobierno.
Ver noticia original