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» Elterritorio
Fecha: 30/06/2025 16:13
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y que reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización lunes 30 de junio de 2025 | 15:30hs. La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado nacional transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización del 2012. La noticia fue difundida este lunes 30 de junio por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X. Sin embargo, a las pocas horas Ámbito accedió al fallo completo de 33 páginas de Preska. La decisión de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y que reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización, encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría. El bufete de abogados inglés, especialista en adquirir demandas de países soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia por la que la jueza de Nueva York condenó a Argentina a pagar más de u$s16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. En septiembre de 2023 la magistrada emitió una sentencia de primera instancia que obliga al país a abonar un resarcimiento de u$s16.000 millones por la forma en que se nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol, sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Pero El paquete accionario que ahora Loretta Preska pretende que Argentina entregue a Burford fue adquirido por el Estado nacional a la española Repsol, pero que actualmente permanece bajo control estatal. ¿Qué dijo el gobierno de EEUU sobre el caso? Días después del segundo triunfo electoral de Donald Trump en EEUU y todavía bajo la administración de Joe Biden, el Departamento de Justicia de EEUU se expidió en contra del argumento expresado por Burford al señalar que el pedido de los demandantes "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos". El temor del gobierno de Biden en ese entonces era que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas abra una jurisprudencia internacional y que viola las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotetético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU. El fondo Burford ya había intentado sin suerte quedarse con acciones y activos del Banco Nación de Argentina, Aerolíneas Argentinas y hasta del Banco Central de la República Argentina como forma de pago. Fuentes vinculadas al "juicio del siglo" -como se lo estudia en varias universidades- revalaron a Ámbito que esta decisión de la jueza busca abrir un período de negociación con representantes del Estado nacional, luego que altos funcionarios pusieron el caso en stand by. Pero además, aseguran que cualquier tipo de entrega de acciones de YPF debería ser aprobada por el Congreso nacional, a través de una ley específica, porque así se nacionalizó, según el mandato constitucional del país. En este caso, sería el Gobierno nacional o algún legislador quieren deba impulsar y presentar una norma que de cumplimiento al fallo de Nueva York. Y en caso de que el presidente Javier Milei decida cumplir con la sentencia de Preska y lo haga por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), las acciones -y la petrolera de bandera- pasarían nuevamente a manos privadas si ese DNU es avalado por el Congreso. No antes.
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