01/07/2025 02:38
01/07/2025 02:37
01/07/2025 02:34
01/07/2025 02:33
01/07/2025 02:32
01/07/2025 02:31
01/07/2025 02:31
01/07/2025 02:30
01/07/2025 02:16
01/07/2025 02:16
Parana » Informe Digital
Fecha: 30/06/2025 13:30
Se reanudó la audiencia para elevar a juicio el caso de los contratos irregulares en la Legislatura. La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, retomó la etapa intermedia con la participación de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y los abogados defensores. “La Fiscalía logró describir los hechos de manera clara y detallada”, afirmó la magistrada que supervisa el proceso. Retomó la “maniobra general” expuesta por la Fiscalía en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y respondió uno a uno los interrogantes planteados por la defensa. El caso investiga una estafa al Estado provincial, estimada en aproximadamente 53 millones de dólares, ocurrida entre 2008 y 2018. Según la Fiscalización, las irregularidades se realizaban a través de “contratos truchos” legislativos, en los que participaban funcionarios públicos, empleados de rango en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a las estructuras gubernamentales, que se encargaban de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas terminó en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias. La etapa de elevación a juicio comenzó en abril pasado, tras el requerimiento del MPF en 2021, luego de una investigación de tres años. Los fiscales a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados defensores incluyen a Damián Petenatti e Iván Vernengo, que representan a Alfredo Bilbao; José Velázquez defiende a Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala defiende a Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen representan a Jorge De Breuil. Cullen, además, defiende a Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani. De los 32 imputados inicialmente, 18 permanecen en el proceso, ya que 12 aceptaron suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado, y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Los imputados son Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuil, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla, Degani, además de Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider. A mediados de abril, las personas que accedieron a probation incluyeron a María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares, y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. En reiteradas ocasiones, la jueza Barbagelata subrayó que “es difícil que estos hechos hayan podido llevarse a cabo sin el consentimiento de las autoridades de las cámaras”. También se detuvo a considerar las críticas que surgieron respecto al supuesto monto de dinero desviado y las estimaciones posteriores. “Si bien son criticables, los montos son estimados y su actualización no altera la base fáctica”, agregó. Con respecto a las quejas sobre la falta de contratantes responsables en el requerimiento del juicio, Barbagelata recordó que “en esta audiencia se explicó que en la mayoría de los contratos no figuran los contratantes”. Aclaró que aunque algunos contratos carecían de firmas, todos tenían la misma rúbrica, sin aclaración. “Es evidente que los hechos que configuran la base fáctica difícilmente pudieron llevarse a cabo sin la autorización de las autoridades legislativas. Si se identificaran, serían coimputados. Esto no implica establecer una intervención concreta de cada uno. La Fiscalía intentó obtener información de las Cámaras sin éxito, pero toda la información incompleta fue puesta a disposición de las defensas”. Este lunes, la magistrada, que ha estado a cargo de la investigación inicial y ahora evalúa el pedido de juicio oral, señaló que las defensas realizaron “interpretaciones” que no se alinean con lo que indicó la Fiscalía. “Del análisis de la actividad defensiva se desprende que comprendieron perfectamente la acusación”, observó. “Los contratos no fueron más que herramientas para el desfalco, en el que el destino del desvío se orientó a intereses personales. No se prestaron servicios por esos contratos. Esta etapa no es para presentar pruebas”, agregó. Finalmente, expresó: “La legalidad o ilegalidad, según la hipótesis de la Fiscalía, no depende de la existencia de un decreto”. Los defensores plantearon numerosas y diversas dudas, y Barbagelata se dedicó a cada una de ellas. Hace unas semanas, en la última audiencia, anticipó que tomará varios días para decidir, ya que se ocupa de responder a cada abogado. Nota en proceso…
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por