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Parana » Informe Digital
Fecha: 30/06/2025 13:30
La relación entre el Gobierno y las provincias se encuentra en un estado crítico. La semana pasada, los 24 gobernadores tomaron la inusual decisión de llegar a un consenso y acordar un proyecto de ley que intenta resolver en el Congreso lo que no se logró mediante el diálogo con la Nación: aumentar el flujo de Aporte del Tesoro Nacional (ATN), coparticipar el impuesto a los combustibles y eliminar fondos fiduciarios para reducir la discrecionalidad del Gobierno nacional sobre estas partidas. El mensaje llegó a la Casa Rosada. En importantes despachos se coincide en que es fundamental alcanzar algún acuerdo con las provincias para evitar que los gobernadores se atrevan a presentar sus propias iniciativas en el Congreso, lo que podría resultar en una mayoría en ambas cámaras que sobrepasaría cualquier resistencia que el oficialismo intente establecer, poniendo en peligro la hoja de ruta económica del Gobierno. Este temor trae consigo diversas implicancias. El viernes por la noche, varios mandatarios (tanto aliados como opositores) participaron de un Zoom con senadores de Unión por la Patria, PRO, UCR y otros espacios para avanzar con la iniciativa. “Estamos muy satisfechos con la respuesta de los gobernadores, y esto refleja la cohesión que estamos logrando”, indican desde una provincia que a menudo rivaliza con la Casa Rosada. Por primera vez en la gestión de Javier Milei parece existir una sintonía entre los distritos opositores y los aliados más cercanos del Gobierno. A pesar de ello, tanto desde la Nación como las provincias parece existir una leve certeza de que hay una última oportunidad antes de que se avance definitivamente con la propuesta de ley. Fuentes gubernamentales informadas acerca de las negociaciones confirmaron a Infobae que es inminente la presentación de una contraoferta atractiva para los gobernadores, destinada a satisfacer varios de los reclamos planteados la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde representantes de 22 provincias se reunieron con el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Aún se desconoce cuáles concesiones está dispuesto a realizar el Gobierno, así como si estas serán satisfactorias para las provincias. Coincidentemente, el martes por la mañana los ministros de Economía provinciales se reunirán con Guberman en el marco del CFI. Este funcionario es el que mejor conoce las concesiones presupuestarias a las que el Estado nacional puede acceder. Se anticipa un comunicado oficial al finalizar el encuentro. En la cumbre de la semana pasada, los funcionarios nacionales propusieron transferir parte de los montos que correspondían al extinto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), para su utilización en la reparación de rutas nacionales. Esta oferta resultó insuficiente para todos los gobernadores. Tras esa reunión, se dio a conocer el proyecto de ley apoyado por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Solicitamos aplazar la reunión del lunes, pero ellos no accedieron, lo cual era comprensible ya que todos habían coincidido en asistir. Sin embargo, necesitábamos más tiempo para formular una respuesta más completa. Se está trabajando en algo”, confirmó una fuente gubernamental. ¿Por qué la Nación se opone al proyecto de los gobernadores si, teóricamente, no tendría un impacto fiscal? Las provincias sostienen que la recaudación solicitada para su distribución se está utilizando para otros destinos, pero el Gobierno no lo reconoce. Por ello, las declaraciones de Milei del jueves pasado fueron muy mal recibidas, al acusar a las provincias de no haberse ajustado, de ser “la última trinchera de la casta” y de faltar “el respeto a la sociedad”. Al día siguiente, se llevó a cabo el Zoom multisectorial para acelerar los planes en el Congreso. Quienes están cerca de él intentan explicarlo diciendo que “al Presidente nunca le ha importado si una declaración suya tiene un costo político” y que, en realidad, siempre ha opinado de la misma manera. La inquietud libertaria radica, principalmente, en la alta carga simbólica que implicaría una unión entre amplios sectores de la oposición en detrimento del oficialismo. Se preguntan: ¿por qué no podría repetirse en el futuro con otras demandas que impliquen costos fiscales? Hasta ahora, el Gobierno ha logrado estructurar un escenario político basado en el “apoyo o no” a ciertos temas cruciales para Milei: el de mayor relevancia, el fiscal. En la Casa Rosada se percibe que el costo de oponerse al Gobierno no está resultando tan alto como el año pasado, cuando se logró la aprobación de la Ley Bases, que evita insistir con el DNU 70/23 y que se ratifique el veto al aumento jubilatorio y de financiamiento universitario. Estos dos últimos temas han resurgido en las últimas semanas: el primero, en el marco de un paquete de iniciativas que representa el 1,8% del PIB, espera ser sancionado en el Senado y, cuando Milei lo vete, se busca insistir nuevamente; mientras que el segundo pretende ser tratado esta semana en la Cámara baja. Así las cosas, para varios operadores del Gobierno, ofrecer una propuesta que convenza a muchos gobernadores parece ser más económico que el ruido que podría generarse por la vía del mercado. “El riesgo país se mantiene estancado en torno a los 700 puntos, y el spread argentino parece reflejar, en parte, las dudas respecto a la dinámica de reservas”, señala el último informe semanal de GMA Capital. Tanto el Banco Central como el Tesoro han logrado acumular reservas, las cuales, según la consultora, “los inversores parecen demandar que se profundicen”. Evitar dudas sobre el programa económico facilitaría que el mercado acepte menores retornos de la deuda soberana. Un buen desempeño en las elecciones del oficialismo disiparía las inquietudes, por eso es prioritaria para el Gobierno mantener la calma en estos meses. Los interlocutores del Gobierno consideran que varios de los planteamientos de los gobernadores “son razonables” y que “es necesario llegar a un acuerdo de alguna forma”. Muchas provincias son conscientes de esto, y quienes han sido aliados del Gobierno parecen dispuestos a esperar un poco más por una propuesta. Por eso, entre los gobernadores más opositores se percibe que la postura unánime y firme de los 24 distritos podría suavizarse. “En la oposición olieron sangre, pero todo esto transcurre al mismo tiempo porque estamos en un contexto electoral”, afirman desde el Gobierno. Muchos creen que, además de existir una propuesta económica para los gobernadores, también deberían desarrollarse conversaciones secretas con los aliados sobre el armado libertario en sus distritos. “Ambas cuestiones son esenciales”, manifiestan en la Casa Rosada, donde creen que más temprano que tarde será necesario alcanzar un acuerdo. En varias provincias, se limitan a esperar con expectación. También comparten esa opinión, pero resaltan que “la palabra del Gobierno ha perdido valor”.
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