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Parana » Plazaweb
Fecha: 30/06/2025 11:01
En 2024, Entre Ríos distribuyó los fondos coparticipables entre municipios utilizando los datos del Censo 2010, a pesar de que el Censo 2022 ya estaba disponible, según el análisis del contador, abogado y escribano Roque Guillermo Benedetto, donde el profesional que expuso en un artículo técnico cómo esta omisión perjudicó principalmente a ciudades como Concordia. La actualización recién llegó en 2025, demasiado tarde para remediar el daño ya causado, aunque abre la puerta a reclamos legales y retroactivos. Una decisión que costó millones Durante el año 2024, la provincia de Entre Ríos utilizó los datos desactualizados del Censo 2010 para calcular los coeficientes de coparticipación municipal, pese a que desde fines de 2023 ya estaban disponibles los datos definitivos del Censo 2022. Esta elección no solo constituyó un error técnico, sino una decisión política con consecuencias económicas concretas para los municipios. Según detalla Benedetto, los coeficientes de Convenio Multilateral —basados en población y vulnerabilidad— no se actualizaron, mientras que el coeficiente de Contribuyentes Directos sí varió, ya que depende de la recaudación real de cada municipio. El resultado fue un reparto desequilibrado: se premió a quienes recaudaron más, pero no se reconoció a quienes más crecieron ni a los que más necesidades tienen. El caso más emblemático fue Concordia, que en 2024 recibió menos recursos de los que le correspondían por población y pobreza. Al actualizarse los datos en 2025, su coeficiente pasó a ser el más alto de la provincia, lo que confirmó el desfasaje. El impacto del error en números y en políticas El coeficiente del Convenio Multilateral se mantuvo idéntico en 2023 y 2024, lo que dejó en evidencia la falta de actualización. En cambio, en 2025, con los datos del Censo 2022 aplicados, Concordia alcanzó un coeficiente de 19,53, desplazando a Paraná del primer lugar, que bajó a 17,45. Esto demuestra que la omisión no fue una cuestión menor. Miles de millones se distribuyen según estos coeficientes, y su alteración o congelamiento modifica directamente el presupuesto de cada localidad. “No se trata solo de porcentajes: son recursos concretos que no llegaron en tiempo y forma”, advirtió Benedetto en el informe que reprodujo el El Entre Ríos. La inequidad también tuvo consecuencias indirectas: municipios con alta vulnerabilidad, que debieron recibir más, quedaron atrapados en fórmulas obsoletas. Y si no se reclama lo que se perdió, el perjuicio queda consolidado. ¿También se usaron datos viejos para fondos nacionales? El artículo plantea una duda crucial: ¿también se utilizó el Censo 2010 para distribuir los fondos de coparticipación nacional que llegan a los municipios desde Nación? La sospecha no es menor, ya que esos recursos incluyen tributos como Ganancias, IVA y Bienes Personales. La metodología oficial indica que se usan variables censales —cantidad de electores y hogares con necesidades básicas insatisfechas— para calcular los coeficientes. Si se confirma que también allí se emplearon datos viejos, el perjuicio no solo fue provincial, sino doble. Reclamos posibles y caminos legales Benedetto sostiene que los municipios afectados no deben limitarse a quejarse, sino que tienen herramientas formales y jurídicas para exigir una reparación. Entre las acciones recomendadas figuran: cuantificar el perjuicio, pedir la recomposición de fondos, exigir intereses y acudir a la justicia si fuera necesario. Ignorar los datos actualizados de población y pobreza no es un detalle menor: rompe principios básicos de legalidad, equidad y razonabilidad en la asignación de fondos públicos. Además, deja sin respuesta a ciudades que crecieron y vieron multiplicadas sus necesidades. Frente a esta situación, la actualización censal es un piso, no una meta. Los municipios también deben trabajar sobre la variable que sí pueden modificar: su recaudación local. Esa es la única vía para ganar autonomía sin depender de coeficientes sociales atados a la pobreza. Concordia: perjudicada en 2024, corregida en 2025 En el año 2024, Concordia fue víctima directa del uso de datos desactualizados. Su población superaba los 179.000 habitantes, con altos índices de pobreza, pero la provincia repartió fondos como si esa realidad no existiera. El resultado fue concreto: llegaron menos recursos para obras, servicios y atención social. “No se trata de pelear con nadie. Se trata de defender lo que es justo”, concluye Benedetto. En 2025, el coeficiente de la ciudad mejoró, pero lo perdido ya no vuelve solo: debe reclamarse. Las autoridades locales —intendencia, Concejo Deliberante y legisladores— tienen hoy la responsabilidad de exigir lo que le corresponde a la ciudad, tanto en lo provincial como en lo nacional. Porque cuando los datos están mal, la plata no llega, y alguien tiene que reclamar.
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