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Parana » ER 24
Fecha: 30/06/2025 08:50
Que verguenza y ladrones La Jueza Marina Barbagelata define hoy lunes si en la causa Contratos Truchos se perseguirá la Justicia o sigue el circo Hoy lunes 30 de junio, la provincia de Entre Ríos posará sus atención sobre una decisión judicial que podría marcar un antes y un después en la megacausa conocida como «Contratos Truchos». La jueza tiene en sus manos una encrucijada: elevar la causa a juicio con los 18 procesados actuales –todos ellos subalternos y empleados– o devolverla a los fiscales para que profundicen la investigación, reconsiderando las pruebas y la ausencia de los «responsables directos» de este multimillonario desfalco al Estado POR 53 MILLONES DE DOLARES. El caso «Contratos Truchos» expone una presunta red de contrataciones irregulares en las Cámaras de Senadores y Diputados de Entre Ríos, que habría operado como un «festival de contratos» sin el debido control ni miramiento. La sociedad entrerriana ya ha emitido su veredicto: condena a los funcionarios, senadores, diputados y presidentes de las Cámaras de las épocas investigadas,a quienes se les atribuye haber realizado y permitido este desmanejo de fondos públicos. Testimonios grabados ante los fiscales, según fuentes periodísticas, reflejan cómo se favorecía a allegados y a quienes señalaban las propias autoridades. La causa ha estado plagada de controversias, especialmente por la aparente omisión de figuras claves. El ex Diputado Provincial, Juan Reynaldo Navarro, confesó ante la Fiscalía, en declaraciones respaldadas por videos, haber firmado «de favor» contrataciones a pedido de las autoridades de la Cámara de Diputados para que los beneficiarios pudieran seguir cobrando. A pesar de que este procedimiento «coincide» con los contratos investigados, Navarro fue excluido de la causa y, hoy goza de una «millonaria jubilación» tras su paso por la función pública, tras retirarse como secretario del bloque de diputados del PJ. Un empleado público millonario, que vivio del Estado 20 años, y ahora como premio será mantenido por los entrerrianos a perpetuidad. Otro caso paradigmático es el de Daniel Ruberto, ex diputado y líder sindical. Ruberto detalló a los fiscales cómo firmó contratos que le solicitaban, sin conocer la identidad de los titulares. Lo llamativo es que, según las consideraciones, los fiscales no habrían profundizado en por qué consentía acciones «totalmente irregulares», ni qué consecuencias enfrentaría si se negaba a firmar contratos que estaban «por fuera de su cupo» y eran solicitados «informalmente» por las autoridades. En medio de este escenario, un decreto de enero de 2008 emerge como un documento clave para entender las responsabilidades formales. Se trata del Decreto N° 12-123 H.C.S. del Senado de la Provincia de Entre Ríos, firmado por el entonces Presidente de la H.C. Senadores, Dr. José Eduardo Lauritto. Este decreto, crucial para la transparencia en las contrataciones de obra y de servicios, establece claramente quiénes tenían la potestad de solicitar y realizar contratos: . El Vicegobernador: En su función de Presidente de la Honorable Cámara. . Los Vicepresidentes primero y segundo del Senado: Cuando estaban ejerciendo la Presidencia de la Cámara. . Los Senadores provinciales: Ya sea en su rol de legisladores, o si presidían una comisión (unicameral o bicameral) o un bloque partidario legislativo. Es crucial destacar que, según se afirma, lo establecido para el Senado en este decreto es «aplicable y extensible a la Cámara de Diputados», la otra pata de la investigación. Esto significa que las más altas autoridades de ambas Cámaras eran quienes tenían la facultad legal de impulsar estas contrataciones. La insistencia de la justicia en mantener apartados de la causa a los «responsables reales» de los contratos truchos genera un profundo malestar social. Los lugares en el banquillo de los acusados son ocupados por subordinados y empleados, incluso algunos que, según se señala, «admitieron ser quienes firmaron esos contratos delante de los fiscales». Surge la pregunta incómoda: ¿Hay temor en la Justicia, un poder que se presume independiente, de ir contra los «pesos pesados de la política»? Un nombre que resuena es el de Diego Lara, Presidente del Tribunal de Cuentas, quien siendo diputado habría firmado y hasta cobrado 20 de los 740 contratos investigados en la causa, además de otros tantos por parte de su esposa. Debido a que la Fiscalía de Estado de la provincia actúa como parte civil en la causa, se plantea la exigencia de que el Fiscal de Estado demande la devolución de estos «despilfarros» y que el propio Presidente del Tribunal de Cuentas sea objeto de estas demandas. La sociedad espera una respuesta contundente de la jueza. ¿Seguirá el mismo camino de los fiscales para «salvar a los responsables», permitiendo que por este «delito multimillonario» contra el Estado paguen únicamente subordinados y empleados? Los contratos hallados en la causa Beckman, se recuerda, cuentan con el aval y la firma de autoridades de las Cámaras como Allende, Urribarri, Lauritto, Guastavino, Cáceres, y Bahl aunque el festival de los contratos no pararon con la gestión de Laura Stratta, sino que se multiplicaron. La decisión de mañana no solo afectará a los procesados, sino que será un termómetro de la independencia judicial y el compromiso con la justicia en Entre Ríos. Fuente: El portal de R.D
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