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Parana » Informe Digital
Fecha: 29/06/2025 19:17
El presidente Javier Milei y su equipo económico volvieron a marcar límites ante las provincias. La administración libertaria rechazó con firmeza el pedido conjunto de los gobernadores, quienes impulsan un proyecto de ley para rediscutir el esquema de coparticipación y acceder a una mayor porción de impuestos, en especial los vinculados a los combustibles. El Ejecutivo considera que ceder ante esa presión pondría en riesgo el equilibrio fiscal, una de las obsesiones centrales del Presidente desde que asumió el cargo. La respuesta oficial fue clara. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó: “No vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas”. La frase fue lanzada durante una entrevista en Radio Rivadavia y funcionó como señal inequívoca de que la Casa Rosada no avalará el proyecto que los mandatarios provinciales promueven en el Senado. El planteo de los gobernadores incluye la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un rediseño en la coparticipación de tributos sobre combustibles. El pedido busca recomponer las finanzas provinciales, que se han visto duramente afectadas por el ajuste nacional y la licuación del gasto público. Sin embargo, desde Balcarce 50 no quieren ceder en lo que consideran un pilar fundacional del nuevo modelo económico: la disciplina fiscal. Francos reconoció que existen canales de negociación abiertos y que el Gobierno está dispuesto a explorar “alternativas”, pero aclaró que no habrá cambios en el rumbo. “Hay diálogo, claro, pero las decisiones no se toman por presión, sino por convicción y responsabilidad”, insistió el funcionario. En paralelo, el funcionario dejó entrever que el Ejecutivo analiza otras formas de compensación hacia las provincias, especialmente ligadas al campo. En ese sentido, anticipó que “más temprano que tarde habrá una reducción en las retenciones”. Para el oficialismo, ese gesto ayudaría a motorizar economías regionales sin alterar el equilibrio macro. Otro de los puntos que encendió la tensión es la situación institucional en el Senado. Francos anunció que no volverá a presentarse en la Cámara Alta luego de una exposición que consideró “hostil” y “fuera de lugar”. Esto evidencia un deterioro en el vínculo entre Nación y parte del Congreso, incluso con aliados ocasionales. El trasfondo de este enfrentamiento es político y fiscal. Mientras las provincias reclaman recursos para sostener servicios básicos y cumplir con compromisos internos, el Gobierno central prioriza el superávit y la baja de la inflación. En esa línea, toda concesión presupuestaria es vista como una amenaza al corazón del programa económico. La propuesta provincial, encabezada por mandatarios de distintos colores políticos —incluso algunos firmantes del Pacto de Mayo—, todavía no fue debatida formalmente. Sin embargo, su avance en el Congreso dependerá del juego de alianzas, las urgencias territoriales y la lectura que hagan los legisladores sobre el impacto electoral que podría tener una posición u otra. Desde la Casa Rosada, en tanto, apuestan a que el tiempo juegue a su favor. Aseguran que la estabilización económica y la recuperación de indicadores darán margen para futuras concesiones, pero no ahora. La prioridad, insisten, es sostener la credibilidad del modelo libertario. En medio de este escenario, el cortocircuito entre Nación y provincias suma un nuevo capítulo. Y aunque las puertas del diálogo siguen entreabiertas, por ahora el Presidente eligió marcar la cancha: no habrá fondos extra. Ni siquiera si el pedido viene en bloque.
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