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Parana » Informe Digital
Fecha: 29/06/2025 07:16
La causa de los Seguros ha vuelto a ingresar en una etapa crucial. El expediente, que tiene como principales imputados al ex presidente Alberto Fernández y su amigo Héctor Martínez Sosa, revelará novedades en las próximas semanas. Fuentes judiciales consultadas por Infobae han confirmado que se está elaborando la resolución que definirá la situación procesal de todos los imputados, determinando si serán procesados o sobreseídos. Esta definición se espera antes del inicio de la feria judicial. “Estamos concentrando todos los recursos en esta cuestión, aunque se trata de una causa compleja, con múltiples aristas y mucha prueba para analizar”, comentó una fuente con acceso al expediente. La causa de los Seguros cambió de juez a principios de febrero, cuando expiró la subrogancia de Ercolini en el juzgado federal 11. Este cambio se produjo en un momento clave de la investigación, ya que se habían concluido las indagatorias y el juez se preparaba para decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados. Desde entonces, Casanello ha optado por revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas y dar su propio enfoque a la causa, además de profundizar otras líneas de investigación. Uno de los implicados es Daniel “El Gordo” Rodríguez, una de las personas de mayor confianza de Alberto Fernández que gestionó la quinta de Olivos entre 2019 y 2023. En abril, el magistrado levantó el secreto fiscal de este ex policía y solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un amplio informe sobre su patrimonio desde 2015, que incluya una lista de bienes inmuebles, vehículos, cajas de seguridad, fiscalizaciones y cualquier otro dato relevante en las bases de ese organismo. Rodríguez conoció al ex presidente cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Después de su retiro de la Policía Federal, por la rama de Bomberos, formó parte de su custodia durante varios años y posteriormente se encargó de sus asuntos personales, actuando como una suerte de cadete versátil. Rodríguez residía en la quinta presidencial pero utilizaba una casa en la calle Maestra Elizarraga al 2600, cerca del shopping Unicenter, que le otorgaba mayor privacidad. Esa vivienda fue allanada por el juez Julián Ercolini a mediados del año pasado, y se descubrió que estaba a nombre del corredor Héctor Martínez Sosa. Otra prueba clave en la causa fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), presentado a mediados de mayo. Este documento, que abarca 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández durante su tiempo fuera de la función pública. Los expertos de la PROCELAC descubrieron que el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019. La última factura fue emitida el 6 de diciembre de 2019, solo cuatro días antes de la asunción. En total, Fernández facturó a la empresa de su amigo “Hecky” $4.257.000, considerando los valores de aquella época. ¿Cuál era la razón de estas facturas? Los abogados de ambas partes afirman que Martínez Sosa recibía un análisis del contexto político y económico que elaboraba Fernández. No fue el único cliente, ya que en esos registros aparecen otras empresas y hasta dos sindicatos. Tras el estallido del escándalo, Fernández y Martínez Sosa publicitaron una “amistad de muchos años”. En su declaración ante el juez Ercolini, el corredor mencionó esa amistad y el curioso préstamo que le otorgó en 2008, el cual nunca fue cancelado. Sin embargo, no habló sobre el vínculo comercial. El informe de la PROCELAC generó nuevas medidas de prueba. Aunque la causa ha entrado en una etapa de definiciones, hace una semana Casanello dispuso levantar el secreto fiscal de los presuntos clientes de las cooperativas “7 de mayo” e “Irigoin”, utilizadas para desviar millones de pesos en propiedades, automóviles de lujo e incluso plateas en el estadio de River Plate. El dinero provenía del negocio de los seguros. En respuesta a un requerimiento judicial, la empresa San Cristóbal Seguros, una de las cuatro coaseguradoras en la póliza de la ANSES, confirmó al comenzar la investigación que había realizado transferencias millonarias a 7 de mayo sin justificación. El informe de la PROCELAC ahora confirmó que esa empresa aseguradora depositó $238.486.095,69 en las cuentas de la cooperativa entre 2022 y 2024. A cambio, 7 de mayo emitió 48 facturas para tratar de “justificar” el dinero. Los investigadores sospechan que esos fondos eran coimas. La PROCELAC, bajo la dirección del fiscal Diego Velasco, también reveló que la cooperativa 7 de mayo pagó $12.072.240 al club River por el uso exclusivo de cuatro plateas y una cochera durante cinco años. La entidad de Núñez informó que Federico Reyes, en su calidad de apoderado de la cooperativa, fue la persona que se contactó para adquirir las plateas. Desde hace tiempo se demuestra en el expediente judicial el vínculo entre esa cooperativa y dos ex funcionarios de Nación Seguros: Alfredo Del Corro, quien ocupaba el cargo de gerente general, y Marcos Eufemio, ex gerente de compras. Ambos renunciaron en medio del escándalo. Independientemente de los posibles procesamientos, los empresarios involucrados en la causa Seguros se muestran profundamente preocupados por la inhibición general de bienes dispuesta por Casanello a mediados de abril. Desde entonces, no pueden vender ni disponer de sus bienes, ni acceder a sus cajas de seguridad. Varias defensas han apelado y llevan semanas esperando una decisión de la Cámara Federal que no llega. Esta demora ha avivado los rumores sobre la inminencia de los procesamientos. “Si son procesados, las medidas cautelares se pueden justificar de otra forma”, explicó uno de los defensores.
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