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Parana » Informe Digital
Fecha: 27/06/2025 23:30
Las autoridades de PAMI anunciaron la desvinculación de la delegada en El Bolsón, María Eugenia Alonso, quien cerró las puertas de ese Centro de Atención Primaria (CAP) para participar en la marcha en “solidaridad” con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de suspender por 29 días a los demás trabajadores del organismo que se sumaron a la protesta. El incidente, que generó un escándalo considerable en la localidad rionegrina, tuvo lugar el miércoles 18 de junio, coincidiendo con otras movilizaciones en diversas partes del país. En el ventanal de acceso a la oficina, se podían ver varios carteles que anunciaban la retención de servicios: “ATE. 18/6. Paro Nacional”. Decenas de adultos mayores se quedaron sin asistencia y debieron regresar al día siguiente para recibir atención. Esta acción suscitó indignación y las autoridades de la obra social anunciaron de inmediato la posibilidad de aplicar sanciones al personal involucrado. Este viernes, a través de las redes sociales, se anunció la desvinculación de la delegada María Eugenia Alonso y la suspensión preventiva de los otros empleados. Antes de que se hiciera pública la decisión, los trabajadores del organismo intentaron minimizar las críticas, afirmando que las puertas del CAP se mantuvieron abiertas y que no hubo adhesiones al paro. Sin embargo, las imágenes que circularon del frente de las oficinas desmentían esta versión. “Esta intempestiva medida de fuerza, que afectó a más de 3.700 afiliados de la zona, fue encabezada por el gremio ATE, en señal de repudio a la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, señalaron desde la entidad en un comunicado. Justificaron la desvinculación y las suspensiones en “una política de transparencia y responsabilidad que promueve la actual gestión, que no tolerará el uso político-partidario de los recursos públicos ni el abandono de funciones de la administración pública”. El escándalo se intensificó cuando una vecina denunció la medida de fuerza a través de los medios locales. Relató que ese día salió temprano con su madre de 89 años para realizar trámites en la delegación local de PAMI. “Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, ni un mínimo de atención, ni una persona que nos reciba. Ni siquiera la puerta abierta. Solo un mensaje claro: hoy no hay nadie”, escribió. En su mensaje, la vecina reconocía el derecho legítimo de los trabajadores a realizar medidas de fuerza, pero se preguntaba: “¿Qué pasa cuando ese derecho choca de frente con las necesidades vitales de otros? ¿Dónde queda el Estado presente cuando ni siquiera hay una guardia mínima para atender situaciones urgentes?”. Y añadía: “No hablamos de comodidad, hablamos de personas mayores, de familias vulnerables, de vecinos que organizan su día para resolver trámites impostergables”. En su defensa, los trabajadores afirmaron que ese día “ficharon” y estuvieron en las oficinas, aunque las autoridades del organismo comprobaron que ninguno de ellos atendió a los afiliados que se acercaron ni tampoco realizó tareas internas. Diversas voces del ámbito político se pronunciaron tras el escándalo. La diputada libertaria Lorena Villaverde rechazó la medida sindical y aseguró que “ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica y tener a los ciudadanos, en este caso a nuestros abuelos, como rehenes de su militancia. No solo es un acto de profunda irresponsabilidad, sino también un desprecio absoluto por el deber que tienen con la comunidad”. Este viernes, tras conocerse el despido de la delegada y las suspensiones, la legisladora compartió el comunicado del PAMI y declaró: “con los jubilados no se juega”. “Las autoridades del PAMI han tomado una medida ejemplar desvinculando y suspendiendo a estos empleados de El Bolsón que llevaron adelante un uso militante de las oficinas del Estado. Sin dudas, aquí se estableció un límite frente a la militancia kirchnerista que intentó imponerse por encima de las necesidades de los abuelos”, publicó en sus redes sociales, concluyendo que “las oficinas públicas deben ser un espacio de servicio, que atienda a las necesidades de todos, y no trincheras ideológicas que defiendan intereses partidarios”.
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