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» El Ciudadano
Fecha: 27/06/2025 16:09
Media docena de policías de la Brigada Motorizada protagonizaron un raid delictivo que comenzó en septiembre de 2024 con actuaciones falsas sobre narcomenudeo y que escaló en noviembre del año pasado con un operativo falso. En esta oportunidad se quedaron con pistolas de grueso calibre y le cobraron 2 millones de pesos a uno de los sospechosos para no armar la causa por la portación. Este jueves, uno de los uniformados, de 23 años, aceptó un juicio abreviado y terminó condenado por el juez Carlos Leiva a tres años de prisión condicional. Se trata de Tomás Ramírez, desplazado de la Policía de Santa Fe a raíz de esta causa por la que terminó sentenciado que incluye la coautoría de los delitos de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública junto a inhabilitación absoluta por seis meses y multa por tres casos de falsedad ideológica de instrumento público; cohecho pasivo, de omisión de persecución penal; omisión de denunciar agravada por ser funcionario público; privación de la libertad agravada por ser superior e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este veredicto se suma a la reciente condena del 15 de abril de su compañera y cómplice, la mujer policía Lucila Bellizi (31). A su vez, la investigación continúa en el caso de la extorsión para los uniformados de la Motorizada Dylan Pérez (23) y Jesús Soria (31) como también por los casos de falsos operativos donde está acusado con los agentes Ricardo Font (27) y Marcelo Borovachi (26). El «arreglo» en Antequera y Fournier Según la acusación del fiscal Pablo Socca, uno de los hechos centrales fue el 22 de noviembre de 2024. Ramírez, junto a Bellizi, Soria y Pérez, intervinieron en un procedimiento en Antequera y Fournier de barrio Parque Casas, zona norte. Allí, dos varones fueron sorprendidos en flagrancia por los policías con dos armas de fuego de grueso calibre y municiones. Este operativo no fue fortuito sino que tuvo su origen en información que aportó una sindicada transera de la zona. Es que la vivienda de la mujer había sido baleada y ellos tenían que hacer tareas de custodia. En lugar de proceder con la aprehensión y el secuestro reglamentario, los policías acordaron el pago de 2.000.000 de pesos para liberar Rubén «Rana» Gusmaroli (ya condenado el 16 de mayo último), señalado por la transera como vendedor de armas en el barrio. La investigación reveló que los uniformados omitieron deliberadamente sus deberes, ocultando información crucial en el Acta de Procedimiento. No sólo omitieron la presencia e identificación de uno de los aprehendidos sino que también falsearon la cantidad de armas incautadas y las circunstancias del hallazgo. Consignaron el secuestro de una sola arma y adulteraron el motivo del inicio de la actuación policial, creando un relato ficticio de seguimiento previo para justificar su presencia en el lugar, describió la Fiscalía en su acusación. Irrupciones ilegales y actas falsas: modus operandi La fiscal Karina Bartocci también participó de la pesquisa y le atribuyó a Ramírez otros hechos graves. Uno de ellos fue el 29 de septiembre de 2024 cuando junto a los policías Font y Borovachi inventaron un acta de procedimiento donde asentaron declaraciones falsas sobre la aprehensión de una mujer (28) por presunta tenencia de estupefacientes. De acuerdo a la pesquisa, los uniformados asentaron que la detención fue en la vía pública, tras una huida y el descarte de material, cuando en realidad, la víctima se encontraba en su domicilio con hijos menores, al que los policías irrumpieron sin autorización legal. La irregularidad del procedimiento fue tal que la mujer recuperó su libertad en la audiencia imputativa del 1° de octubre de 2024, dada la falta de sustento para una prisión preventiva. El otro hecho delictivo lo cometieron justamente el mismo día que la Justicia liberó a la víctima anterior. Ramírez, Font y Borovachi volvieron a fraguar un acta de procedimiento sobre la aprehensión de una mujer y cuatro hombres por tenencia de estupefacientes. En el documento escribieron que los aprehendidos habían ingresado a una vivienda con actitud sospechosa, y que en el interior se los encontró manipulando dinero y droga, cuando en realidad, los uniformados irrumpieron sin autorización legal. Este accionar causó que los detenidos fueran privados de su libertad hasta el 2 de diciembre de 2024, en un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público y una falta grave a la verdad. Estos casos, que ya derivaron en la condena de Lucila Aylen Bellizzi en abril pasado, exponen una preocupante red de corrupción dentro de la fuerza, donde los agentes utilizaban su posición para obtener beneficios personales, falsificar procedimientos y perjudicar a ciudadanos.
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