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» Comercio y Justicia
Fecha: 27/06/2025 13:24
Por Federico Macciocchi (*) exclusivo para COMERCIO Y JUSTICIA Aunque la sentencia de la Corte que dispuso el cierre del caso Mendoza fue dictada en octubre de 2024, sobre el saneamiento del Riachuelo porteño, sus efectos siguen sintiéndose con fuerza en 2025. No porque el saneamiento esté completo -de hecho no lo está-, sino porque el repliegue judicial se volvió definitivo. La Corte archivó la causa, dejó sin efecto el control estructural. Es decir: bajó el telón. Pero como ocurre con las obras inconclusas, lo que molesta no es el final sino el abandono. Si alguna vez hubo un fallo fundacional en materia ambiental en Argentina, fue el caso Mendoza. La Corte Suprema no solo reconoció la existencia de un daño colectivo de proporciones épicas, sino que obligó al Estado a hacer lo que nunca quiso: intervenir, coordinar, limpiar. Fue -sin exagerar- un hito jurisprudencial, institucional y político. Pero 20 años después, lo que nació como causa ejemplar termina con un final burocrático. La Corte cierra su rol con un fallo prolijo, lleno de referencias técnicas, pero vacío de coraje. Declara cumplida su tarea, aunque muchas de las obligaciones del plan aún estén en ejecución. Y afirma que el resto del camino queda en manos de otras instancias, aunque fue ella misma quien -con razón- se había posicionado como garante institucional del PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental). ¿La Corte hizo historia? Por supuesto. ¿La Corte se retira? También. ¿Se lava las manos? Absolutamente. Porque lo que hoy se “cierra” no es solo un expediente. Es el único proceso en el que el Poder Judicial asumió un rol estructural, activo y sostenido frente a un conflicto ambiental crónico. No era solo una causa, era un símbolo: de justicia intergeneracional, de derechos colectivos, de responsabilidad estatal. Y lo que hace ahora la Corte es darle la espalda justo cuando la ejecución aún necesita acompañamiento firme. La sentencia reconoce que muchas de las mandas del PISA están en ejecución “permanente” y que otras llevan un avance “parcial”. Algunas -como el plan habitacional- tienen apenas un 40% de cumplimiento después de 14 años. Y sin embargo, eso no impidió a la Corte dar por cerrada su intervención. Pone fin al juicio cuando la recomposición está en marcha, pero lejos de estar asegurada. No porque haya certeza de éxito, sino porque ya no quiere seguir siendo parte del problema. Es decir, hace años fue el empujón. Hoy es el paso al costado. La Corte de 2008 fue valiente. Esta de 2024, prudente. Y no hay peor contradicción que ser valiente para empezar y tibio para terminar. Porque, como en los cuentos mal cerrados, lo que queda no es el logro jurídico, sino el sinsabor del abandono. La paradoja es insalvable. La Corte que visibilizó el problema, ahora se invisibiliza a sí misma. Se despide del caso que la volvió protagonista, justo cuando más se la necesitaba como veedora institucional. Apela a la excusa de la “madurez institucional” para ceder el control, como si el saneamiento del Riachuelo fuera un trámite más. Y deja así un mensaje que preocupa: que incluso los procesos más emblemáticos, los que inauguraron una etapa, también pueden cerrarse por cansancio. Que los juicios ambientales estructurales -aunque tengan impacto, legitimidad y jurisprudencia- pueden terminar archivados sin que nadie se haga cargo del después. Ni del daño, ni de las responsabilidades, ni siquiera de las costas, que una vez más se imponen por el orden causado, como si el litigio no hubiera sido necesario. Como todo en la naturaleza, también los grandes juicios tienen ciclos. El caso Mendoza nació como una primavera institucional: fértil, fundacional, urgente. Luego llegó el verano del litigio, con avances, calor político y visibilidad pública. El otoño trajo el desgaste, la burocracia, el cansancio. Y en octubre de 2024, la Corte dictó el invierno. Ahora, en este junio de 2025, justo en el solsticio -la noche más larga-, la causa ya no está. El expediente se archivó, el control judicial se retiró, y el daño moral colectivo quedó sin respuesta. Todo parece en pausa, como si el silencio fuera suficiente. Pero incluso en el invierno más oscuro, la naturaleza comienza a girar de nuevo. El derecho ambiental necesita volver a brotar. Porque si este fue el final más cómodo para el juicio más incómodo, lo que sigue no puede ser el olvido. (*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.
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