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» Amanecer
Fecha: 27/06/2025 03:37
El fiscal Alejandro Rodríguez, recientemente destituido por la Legislatura de Santa Fe, denunció públicamente irregularidades en el proceso que culminó con su apartamiento del cargo. En declaraciones a Radio Amanecer, el funcionario removido señaló que no se respetaron garantías fundamentales del debido proceso, y cuestionó la legalidad del mecanismo utilizado por la Legislatura provincial. Rodríguez fue destituido el pasado 12 de junio por mayoría especial, tal como lo exige la Constitución santafesina, tras ser considerado responsable de “mal desempeño” en causas de alto impacto social. Se le reprochó, principalmente, la prescripción de varias investigaciones por abuso sexual y demoras en un triple crimen aún sin condena. La Comisión de Acuerdos de la Legislatura consideró estas omisiones como faltas gravísimas, que motivaron la pérdida de confianza institucional. No obstante, Rodríguez denunció que el proceso disciplinario se llevó adelante sin garantizar sus derechos como acusado. “En el mundo del derecho, cuando se trata de sanciones, hay garantías mínimas que deben cumplirse. El debido proceso, el derecho a defenderse, a ser escuchado, a que haya una investigación previa y un tribunal imparcial. Nada de eso ocurrió en mi caso”, advirtió el fiscal. El exfuncionario cuestionó particularmente la utilización de la Resolución 803/18 como marco legal para su destitución. Esta norma interna de la Legislatura, según explicó, permite remover fiscales y defensores sin cumplir con las exigencias establecidas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. “Esa resolución no tiene origen en una ley formal ni se ajusta a los principios constitucionales. No garantiza el derecho a la defensa ni el principio de inocencia”, subrayó. Rodríguez, asesorado por el abogado Mauricio Frois, argumentó que el mecanismo utilizado por el cuerpo legislativo “viola flagrantemente los derechos y garantías de los funcionarios sometidos a proceso disciplinario”. También remarcó que el tribunal que lo juzgó sólo escuchó a la parte acusadora, sin darle posibilidad de presentar su descargo ante un órgano imparcial. “La Asamblea Legislativa escuchó a quien me acusó, pero no me permitió defenderme. Eso no es justo, ni legal. La ley debe garantizar que quien es investigado pueda contar su versión de los hechos”, expresó el exfiscal. Rodríguez es el tercer fiscal de la ciudad de Reconquista removido desde la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en Santa Fe. A su entender, el régimen disciplinario vigente en la provincia necesita una profunda revisión: “Están haciendo perder el trabajo a funcionarios públicos sin respetar la Constitución. Esto debe cambiar”, concluyó. Con sus declaraciones vuelve a abrir el debate sobre la legalidad y legitimidad del procedimiento con el que se remueven fiscales en Santa Fe, y sobre la necesidad de respetar las garantías constitucionales aún en contextos de sanción institucional.
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