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» Data Chaco
Fecha: 26/06/2025 13:45
A más de cuatro décadas del terrorismo de Estado en Argentina, en el Chaco siguen avanzando causas por crímenes de lesa humanidad. Así lo confirmó Diego Jesús Vigay, auxiliar fiscal federal en derechos humanos, quien en una entrevista con El Garage de Data dio un detallado panorama sobre las investigaciones en curso y remarcó que la Justicia argentina es reconocida internacionalmente por el impulso de estos juicios. "La búsqueda de los desaparecidos es como buscar la de una aguja en un pajar", resumió Vigay al referirse a uno de los desafíos más complejos que afrontan las fiscalías: la localización de víctimas cuyos cuerpos nunca fueron restituidos. Entre las causas activas, Vigay detalló tres investigaciones que se encuentran en etapa de juicio oral o en proceso de elevación: Caso Humberto Muñoz: un trabajador del Estado chaqueño, chofer de la Gobernación, que fue visto por última vez en 1976 durante un operativo en su casa de Barranqueras. "Fue literalmente arrancado de su familia y desde entonces permanece desaparecido", señaló el fiscal. un trabajador del Estado chaqueño, chofer de la Gobernación, que fue visto por última vez en 1976 durante un operativo en su casa de Barranqueras. "Fue literalmente arrancado de su familia y desde entonces permanece desaparecido", señaló el fiscal. Causa Sacerdotes o Ligas Agrarias II : se trata de los curas Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, quienes fueron detenidos en 1974 y sometidos a brutales torturas en la Alcaidía de Sáenz Peña. El juicio se demoraría porque se sumaron recientemente dos nuevos casos y se busca unificar el proceso. : se trata de los curas Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, quienes fueron detenidos en 1974 y sometidos a brutales torturas en la Alcaidía de Sáenz Peña. El juicio se demoraría porque se sumaron recientemente dos nuevos casos y se busca unificar el proceso. Causa Caballero IV: con 23 víctimas y 12 imputados, esta investigación abarca detenciones ilegales, tormentos y condiciones inhumanas en la Brigada de Investigaciones —hoy Casa por la Memoria—, la Alcaidía policial y la Unidad Penal 7. Incluye el caso de un bebé de seis meses detenido junto a su madre, y de cuatro niñas que permanecieron encerradas en sus domicilios mientras sus padres eran torturados. El río como destino final de los desaparecidos Uno de los aportes más conmovedores de la entrevista fue la reconstrucción del destino de los cuerpos desaparecidos en el Nordeste. "Así como en Buenos Aires existieron los vuelos de la muerte, en nuestra región el río Paraná fue un destino final para hacerlos desaparecer", afirmó el fiscal. Esto se corroboró a partir de tres cuerpos enterrados como NN hallados en el cementerio de Empedrado, Corrientes. Se trata de Rómulo Artieda, Julio "Bocha" Pereyra y Carlos Tereszeczuk, vistos por última vez tras la Masacre de Margarita Belén. Los cuerpos presentaban disparos de ejecución, dedos mutilados, cortes profundos en el abdomen y sus manos y pies estaban atados con alambres. Según Vigay, esas intervenciones quirúrgicas fueron realizadas por personal médico cirujano vinculado al Ejército. Además, hubo testigos claves: pescadores que vieron bajar cuerpos por el río y fueron secuestrados al intentar denunciarlo. "Esa búsqueda es muy difícil, los cuerpos podrían estar en cementerios sin cruz, o enterrados en soledad por pescadores o peones rurales. Por eso lanzamos un comunicado público en toda la región, pidiendo información sobre enterramientos clandestinos". "Cada cuerpo que se logra restituir genera paz y reparación a las familias en la medida de lo posible porque da un lugar donde rezar, o llevar una flor", expresó Vigay. La fuerza de los testimonios Vigay valoró especialmente el rol de las víctimas y familiares: "El testimonio ha sido la prueba central. Estas personas pasaron por situaciones límite, muchas salvaron vidas con su testimonio y otras pusieron su vida en riesgo para buscar justicia". También explicó que si bien los documentos oficiales son escasos —muchos fueron destruidos—, el cruce de testimonios permite identificar con precisión a los responsables. "La Justicia fue dándoles la dimensión que merecían. El testimonio de una víctima, ratificado por otro testimonio o documento, basta para avanzar." En ese sentido, defendió la legitimidad y solidez de los juicios: "Tenemos más de 2.100 condenados, y al mismo tiempo más de 200 imputados absueltos. Es una justicia con todas las garantías, con instancias de apelación, sentencias revisadas por Casación y la Corte. Intervienen entre 15 y 20 jueces en cada proceso". "Cada cuerpo que se logra restituir genera paz y reparación a las familias en la medida de lo posible porque da un lugar donde rezar, o llevar una flor", expresó Vigay. Contra el negacionismo y la teoría de los dos demonios Vigay también se refirió a los discursos actuales que pretenden reinstalar una "memoria completa", equiparando el accionar del Estado con el de organizaciones armadas como Montoneros o el ERP. "El gran error, o la mala intención del gobierno nacional, es querer reinstalar la teoría de los dos demonios. No es comparable. Los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos con todos los recursos del Estado en un plan sistemático para desaparecer personas, torturarlas o apropiarse de bebés", sentenció. Señaló que los responsables de organizaciones armadas fueron en su mayoría desaparecidos, o juzgados sin garantías legales, mientras que hoy los represores cuentan con defensa, juicio justo, y todas las instancias previstas por la ley. Además, advirtió que el gobierno nacional "intenta poner en crisis ese pacto democrático" construido desde 1983, aunque remarcó que "no tiene eco mayoritario" y que las movilizaciones del 24 de marzo siguen mostrando una sociedad comprometida. "Nada debe esconderse debajo de la alfombra. Conocer toda la historia, incluso la de las organizaciones armadas, es pertinente", aseguró. Napalpí: el primer juicio por genocidio indígena En el tramo final de la entrevista, el ayudante fiscal destacó el valor histórico del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí , realizado en 2022. Consideró que marcó un hito al ser el primer juicio de este tipo en Argentina sobre el genocidio indígena, y elogió el trabajo colectivo de las comunidades qom y moqoit, junto con referentes como Juan Chico. "La sentencia de Napalpí es ejemplar, tiene 200 páginas y permitió visibilizar la ocupación violenta del territorio, la explotación de la mano de obra indígena y la impunidad con que se ejecutó esa masacre. Es un precedente para una reparación histórica que aún está pendiente", finalizó. Notas Relacionadas
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