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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 25/06/2025 21:04
El Sistema Riachuelo representa una infraestructura hidráulica sin precedentes en América Latina Hoy, el gobierno nacional anunció con entusiasmo la puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo. El vocero presidencial lo presentó como un logro propio, una demostración del supuesto compromiso oficial con las obras públicas. Sin embargo, la realidad es distinta. El Sistema Riachuelo no fue “terminado” por esta gestión: fue finalizado durante el gobierno anterior. Lo que faltaba —y aún se está haciendo, tardíamente— era la etapa de puesta en marcha. Se trata de una infraestructura hidráulica sin precedentes en América Latina, financiada por el Banco Mundial, diseñada para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de más de 4,5 millones de personas. La obra, que incluye un colector cloacal de más de 30 kilómetros, una planta de tratamiento de líquidos y un emisario subfluvial, fue completada en su totalidad en nuestra gestión. Quedaba únicamente el período de operación conjunta entre la empresa constructora y AySA: seis meses para verificar el correcto funcionamiento y realizar los ajustes que cualquier obra de esta envergadura exige. Ese período de prueba debía concluir a mitad de 2024. Pero la actual gestión decidió no pagarle a la empresa constructora, incumpliendo con los compromisos contractuales. Esa deuda, generada por el propio Gobierno, es la causa real de la demora. Solo ahora, cuando la presión judicial por el incumplimiento de la Causa Mendoza se volvió ineludible, decidieron destrabar el proceso y avanzar con la puesta en marcha. No fue decisión política. Fue necesidad jurídica. La Causa Mendoza es un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obliga al Estado nacional, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. El Sistema Riachuelo es una de las obras centrales para dar cumplimiento a ese fallo. No ejecutarla en tiempo y forma implicaba un incumplimiento legal grave, con consecuencias institucionales directas. Por eso hoy se activa lo que debería haberse completado hace más de un año. Mientras tanto, el Gobierno paralizó cientos de obras de agua y saneamiento en toda el área de concesión de AySA. Obras que ya estaban proyectadas, en marcha o próximas a ejecutarse y que beneficiaban a miles de personas en municipios del conurbano bonaerense y la Ciudad. Muchas de esas obras —como las que se concentran en partidos como Tigre, San Fernando, Morón o Avellaneda— eran necesarias no solo para esos distritos, sino también para ampliar la cobertura de zonas vecinas. La infraestructura hidráulica no se rige por lógicas geográficas electorales, sino por la planificación técnica. Una planta potabilizadora ubicada en un municipio puede abastecer a varios más. Ese es el principio rector del Plan Quinquenal de AySA, elaborado con criterios de equidad, expansión y eficiencia. Todo este humo del vocero estuvo envuelto de otro humo, destinado a sembrar sospechas generales sobre la transparencia de mi gestión. Durante los años en que me tocó presidir AySA, la empresa alcanzó los mayores estándares de transparencia de su historia. Ocupó el primer puesto en el ranking de la Agencia de Acceso a la Información Pública, lideró los informes del CIPPEC sobre transparencia de empresas públicas y fue reconocida en el Registro de Transparencia Empresarial de la Oficina Anticorrupción. Todas las auditorías —incluidas las realizadas por este mismo Gobierno— fueron aprobadas. Y toda la información sobre obras, montos, contratistas y niveles de avance estaba disponible públicamente en el sitio obras.aysa.com.ar, que fue dado de baja por la actual gestión. Las acusaciones de supuesta corrupción son otra maniobra distractiva: la Justicia -Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti, respectivamente- dictó el sobreseimiento en las dos causas que estaban abiertas. Esa misma Justicia a la que el Gobierno nacional adula en otros temas. Lo importante es que la gente tenga agua. Y eso parece no importarles. Quintuplicaron la tarifa sin pasar por las audiencias públicas que exige el marco regulatorio y, en un contexto económico en el que los aumentos de los costos de la construcción se fueron a las nubes, es cada vez más difícil que los vecinos que ya tienen el tendido de agua en la puerta de su casa puedan hacer las obras internas para conectarse al servicio. Por otra parte, la política pública en materia de agua y saneamiento no puede reducirse a la ejecución de caños. También es imprescindible acompañar esas obras con campañas de concientización sobre el cuidado del recurso hídrico. El agua potable es un bien escaso, cuya potabilización requiere inversiones significativas en infraestructura y energía. Promover su uso racional y consciente es parte de la responsabilidad de cualquier gobierno. Se llama capital simbólico, y también es una herramienta de ahorro. Lamentablemente, en un contexto en el que se niega el cambio climático y se desprecia la educación pública, estos conceptos parecen haber sido desplazados por una lógica puramente contable. Es la misma lógica que ignora que por cada dólar invertido en agua y saneamiento el Estado se ahorra entre 7 y 8 veces ese monto. Ahorro, pero de verdad. Un concepto que la mayoría de los argentinos dejaron de ver posible con la destrucción sistemática de su economía familiar. Lo más preocupante es que detrás de la sobreactuación del anuncio se esconde un objetivo más profundo: la privatización del servicio de agua y cloacas. Desde hace meses, el Gobierno viene ensayando discursos orientados a deslegitimar a AySA. Para justificar una eventual venta de la empresa, se recurre a una narrativa que combina desinformación, ocultamiento de datos y operaciones mediáticas. Pero lo que está en juego no es una empresa: es el acceso universal al agua y al saneamiento. Privatizar AySA sería dejar librado al mercado un derecho humano fundamental. Significaría habilitar la lógica de la ganancia en un servicio esencial, y abrir la puerta a tarifazos, segmentaciones arbitrarias y exclusión social. Un castigo más para los argentinos. No podemos permitirlo. El Sistema Riachuelo es una muestra concreta de lo que el Estado puede hacer cuando planifica, invierte y ejecuta obras para mejorar la vida de las mayorías. La decisión de retrasar su puesta en marcha no solo fue irresponsable. También fue peligrosa. Frente a los intentos de confundir y desinformar, es necesario reafirmar que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico. La conferencia de prensa de hoy fue un show más al que estamos acostumbrados de parte de los voceros de la crueldad con el objetivo de dividir a los argentinos. Lo importante va por otro lado: pensar en la reconstrucción de nuestras garantías constitucionales, legales y éticas. De algo tan simple como abrir una canilla y que salga agua. Eso vale mucho más que cualquier confrontación política. Y lo que vale no siempre se mide en pesos. Ni en criptomonedas.
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