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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 25/06/2025 07:10
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos rechazó, en un voto dividido, la solicitud del Ministerio Público Fiscal para elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa del «megajuicio». La Fiscalía buscaba revertir la decisión del máximo tribunal que, en feria judicial, había revocado las prisiones preventivas del exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Los tres implicados habían sido alojados en la Unidad Penal de Paraná a fines de 2024, tras la confirmación de sus condenas por parte de la Cámara de Casación. El fiscal Leandro Dato intentó llevar el caso a la instancia federal, pero la Sala Penal, con los votos de los vocales Germán Carlomagno y Gisela Schumacher, y la disidencia de Miguel Giorgio, inhabilitó este camino. Carlomagno argumentó en su voto que el recurso presentado por la Fiscalía «ni siquiera ataca de manera concreta lo resuelto por el tribunal de feria», limitándose a cuestionar la habilitación de la feria judicial y el trámite, sin criticar la decisión de cesar la prisión preventiva. El magistrado subrayó que la resolución atacada no se pronunció «sobre el fondo del asunto», sino que se limitó a revocar la sentencia de la Cámara de Casación y dejar sin efecto la prisión preventiva. Además, Carlomagno sostuvo que no se configura una «cuestión de índole federal que requiera el ejercicio de la facultad jurisdiccional de la Corte Suprema». La cronología de las prisiones y liberaciones Cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia había dispuesto la liberación de Pedro Ángel Báez el último día de la feria judicial de enero de 2025, el viernes 31. Báez, quien estaba detenido desde el 22 de noviembre de 2024 con prisión domiciliaria, fue beneficiado con arresto domiciliario y tobillera electrónica en una propiedad de la zona de Toma Vieja. Había sido condenado a 6 años y 6 meses de cárcel en el megajuicio de 2022. Previamente, el 8 de enero, Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, quienes también habían ingresado a prisión el 22 de noviembre, ya habían sido liberados. El 13 de diciembre de 2024, la Cámara de Casación Penal (integrada por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo) había confirmado el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones que rechazó el pedido de Báez de finalizar su encierro. Casación entendió que existía un «riesgo de fuga» que justificaba la prisión preventiva. El 22 de noviembre de 2024, el Tribunal de Juicios y Apelaciones había hecho lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y aplicó prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná a Báez, Urribarri y Aguilera. La Fiscalía había solicitado la «inmediata detención» de los condenados, argumentando que las sentencias se tornaban ejecutorias al no presentarse recursos por parte de las defensas en algunas instancias. La resolución sobre el encarcelamiento de Báez, dispuesta hasta que el fallo adquiera firmeza por parte de la Corte Suprema, fue analizada por la Cámara de Casación Penal, que ya había dispuesto las preventivas para Urribarri y Aguilera. Contexto del Megajuicio En el «megajuicio» de 2022, Báez fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión, Urribarri a 8 años y Aguilera a 6 años y 6 meses. Los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull habían sido los impulsores de las prisiones preventivas. El exministro Báez había solicitado arresto domiciliario por razones de salud, alegando que padecía diabetes y que las condiciones carcelarias afectarían su salud. Por su parte, para Urribarri y Aguilera, la Fiscalía había propuesto, en subsidio a la prisión preventiva, la imposición de cauciones acordes a las condenas, la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría de su domicilio. compartir
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