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» Diario Cordoba
Fecha: 25/06/2025 00:40
"No se sostiene, contiene errores de bulto, nada que me pueda preocupar", exceptuando "la imagen de la justicia con esta resolución judicial". El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha salido al choque contra el juez Juan Carlos Peinado después de que elevase una exposición razonada al Supremo para pedir su imputación por la contratación de la asistente de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Bolaños se acoge a la literalidad de su declaración del pasado 16 de abril, y posteriormente filtrada íntegramente, para argumentar que "jamás declaré" algunas de las cuestiones en las que se basa exposición razonada, como que atribuyó a Raúl Díaz el nombramiento de la asistente Cristina Álvarez. En declaraciones a los medios desde el Congreso, el titular de Presidencia y Justicia ha insistido en su tranquilidad absoluta y confiado en que el Supremo se pronuncie con un criterio "profesional e imparcial" para rechazar la petición de imputación. "Estoy convencido de que adoptará una resolución justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos", ha concluido para evitar referirse directamente a una prevaricación. "El sistema es sólido y garantista. Los tribunales superiores siempre deciden sobre las decisiones de los inferiores y ya ha habido tribunales que han revocado parte de la instrucción de este señor", añadió. En el caso de que el Supremo decidiese su imputación, aunque Bolaños no lo contempla, tampoco ha dado muestras de dimitir. "Seguiré dedicado en cuerpo y alma a las reformas de la justicia", respondió sobre este extremo. Desde el Gobierno, por su parte, optaron tras concerse el auto por pasar de poner en duda la instrucción del caso Begoña Gómez llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado, deslizando incluso prevaricación, a ironizar sobre ella. Sin ni siquiera entrar a valorar sus decisiones para dar entender que les resta total legitimidad. Todo ello, cuando el juez que investiga presuntos delitos de corrupción por parte de la esposa del presidente del Gobierno pide la imputación del ministro de Presidencia y Justicia por malversación y falso testimonio. Al ser preguntada sobre este extremo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha limitado a trasladar que “conocemos perfectamente esta instrucción” y que “lo de hoy es un capítulo más”. Tanto por parte del Gobierno, como en nombre del propio Bolaños, la portavoz del Ejecutivo ha transmitido así “máxima tranquilidad” en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Sin querer entrar a valorar el detalle de la exposición razonada, que pide investigar al titular de Presidencia y Justicia por un delito de malversación y falso testimonio en relación con la contratación de la asistente de Begoña Gómez. En su escrito, el juez advierte de que la razón “fundamental” por la que ve malversación “es que se ha nombrado a Cristina Álvarez Rodríguez --la mujer asignada a la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa--, como asistenta de la esposa del actual Presidente del Gobierno, María Begoña Gómez a los pocos días de tomar posesión de su cargo, el día 2 de junio del año 2018”, y que los trabajos que esta ha desarrollado “no se han limitado a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo por la esposa de Pedro Sánchez”. Le acusa, concretamente, de participar en el nombramiento y no haber "controlado las tareas" llevadas a cabo por ella, a pesar de que percibe sus retribuciones de una partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes del ministerio que dirige Félix Bolaños dieron un paso más para mostrar su preocupación "por cómo esta decisión afecta a la imagen de la Justicia". Concluyen además que "la exposición motivada se erige sobre una respuesta que el ministro no dio". Para ello, explican que el escrito acusa al ministro de falso testimonio "porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo". La realidad, sostienen, "es que el juez preguntó por el responsable (la persona que supervisa) a Cristina Álvarez y esa fue la información que el ministro proporcionó". Esa persona, en una declaración posterior, añaden las mismas fuentes, "ratificó que ejercía esas funciones". Algo que, dicen, se puede cotejar en la filtración de la declaración que en su día realizó el ministro. Fuentes de Moncloa abundan en la misma dirección que "no hay más que leerse el auto" para confiar en que quedará en nada. Tanto por estar "lleno de errores e imprecisiones", como porque el juez confundiría "lo que le preguntó" al ministro y que lo acusaría sobre algo ficticio. De ahí que concluyan que "en la causa no hay ninguna prueba" e incluso hablan de disparate. En manos del Supremo Por todo ello, las mismas fuentes concluyen que confían en que el Supremo "ponga un poco de orden en todo esto" y rechace la petición. Asimismo, sobre la contratación que se pone en tela de juicio, vuelven a defender que es legal y que se trata de un puesto de trabajo y con unas atribuciones que ya existían antes de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa. Sobre el delito de supuesta malversación, se argumentan que "la Secretaría General no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez" y que esta "no dependía de este departamento". Algo que se habría ratificado "en la documentación aportada y la legislación aplicable", como habrían ratificado también los testigos. Por todo ello, se apunta que "no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos". Desde el Ejecutivo ya deslizaron prevaricación en otra de las causas que acechan al entorno del Gobierno, como es la del fiscal general. "Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, respondió Alegría hace apenas dos semanas sobre la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado de dar por concluida la instrucción y proponer juzgar al fiscal general por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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