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Parana » Informe Digital
Fecha: 25/06/2025 00:02
El proyecto de ley “Pancitas Llenas” fue presentado este martes en el Congreso de la Nación con la finalidad de garantizar el financiamiento de comedores y merenderos en todo el país, mediante una articulación público-privada que asegure el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables. La iniciativa, impulsada por los diputados nacionales Pablo Juliano y Carla Carrizo (Democracia para Siempre), también cuenta con el respaldo de legisladores de otras fuerzas políticas, entre ellos, Sabrina Selva (UP), Oscar Zago (MID), Nicolas Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Marcela Pagano (LLA), Eugenia Alianiello (UP), Marcela Campagnoli (CC), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Esteban Paulon (EF), Lourdes Arrieta (Transformación) y Julio Cobos (UCR). Además, se basa en el trabajo de la Asociación de Comedores y Merenderos “Soñadores Unidos”, cuya comisión directiva incluye a Liliana Olivera, Paola Ferreyra, Elsa Monzón, Yanina González, Noelia Gerez, Patricia Valdez, Laura Flores y Norma Pelozo. Esta propuesta surge en un contexto de emergencia alimentaria que afecta a millones de argentinos, especialmente a niños, niñas y adultos mayores. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza en Argentina alcanzó el 38,1% en el segundo semestre de 2024, lo que representa una disminución respecto al 52,9% registrado en el primer semestre, mientras que la indigencia cayó al 8,2% frente al 18,1% anterior. Sin embargo, la situación de la infancia sigue siendo alarmante: el 51,9% de los niños y niñas vive en condiciones de pobreza, lo que compromete gravemente su desarrollo físico, intelectual y emocional. El trabajo sostenido de la Asociación “Soñadores Unidos” ha sido fundamental, habiendo recorrido más de mil comedores en todo el país, y cuenta con el apoyo de más de 60 empresas. El padrino fundador de la asociación es el empresario Julio González, de la empresa alimenticia Oralí. “Después de cinco años de idas y vueltas en el Congreso de la Nación Argentina, este nuevo paso nos renueva la esperanza. Esperamos que sea definitivo, dada la gravedad y la urgencia que requiere este tema”, expresaron desde la asociación. La propuesta busca abordar una problemática que, según sus impulsores, exige soluciones estructurales y sostenibles. El proyecto de ley “Pancitas Llenas” propone la creación de un Programa Nacional que, a través de una estrategia de articulación público-privada, garantice el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables. Este programa se fundamenta en la implementación de un sistema de asistencia alimentaria mediante una tarjeta prepaga de uso exclusivo para responsables de comedores y merenderos, que se distribuirá a través de canales bancarios formales. Esa herramienta permitirá la compra eficiente y transparente de alimentos saludables, alineados con las pautas de nutrición y restricciones impostas por la autoridad de aplicación. Entre los objetivos del programa se incluyen la capacitación en manipulación y elaboración de alimentos para quienes preparan las comidas en los comedores y merenderos, la promoción de redes regionales que optimicen las condiciones de operación mediante la colaboración colectiva y el fomento de iniciativas solidarias, así como la facilitación de encuentros con productores locales para incentivar la compra directa de alimentos, reducir costos y fortalecer las economías regionales. “Es fundamental entender que estos comedores existen y funcionan a pulmón, y se busca garantizar que dispongan de recursos para cumplir su función. El programa Pancitas Llenas tiene como finalidad aportar transparencia mediante la asignación de fondos y el uso de una tarjeta para la adquisición de alimentos”, explicaron Juliano y Carrizo. El proyecto establece principios rectores como la equidad, la transparencia, la eficiencia, la participación, la sostenibilidad y la trazabilidad. Para materializar el aporte público-privado, se prevé la creación de un Fondo Fiduciario del Programa Nacional Pancitas Llenas, que estará administrado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Capital Humano. El patrimonio del fondo se constituirá por el “Aporte Social y Humanitario” de empresas privadas, equivalente al 0,04% de su facturación anual declarada, así como ingresos provenientes de la emisión de valores fiduciarios de deuda en el mercado de capitales, otros aportes, contribuciones, subsidios, legados y donaciones voluntarias, además de la renta e inversiones derivadas de los bienes fideicomitidos y recursos de convenios de cooperación nacional o internacional. El “Aporte Social y Humanitario” de las empresas privadas será siempre voluntario. Aquellas que elijan participar podrán descontar el aporte realizado del pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Desde la Asociación “Soñadores Unidos” se impulsará durante el debate legislativo que también los empresarios puedan deducir el aporte como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), especificándolo en la declaración jurada correspondiente y deduciéndolo, eventualmente, del pago mensual del impuesto. La asociación propone que se distinga entre empresarios “adherentes”, que participan del fondo a cambio de una deducción impositiva, y “contribuyentes”, que no requieren deducciones fiscales. Estas sugerencias serán consideradas por los legisladores en el tratamiento en comisiones. El Fondo Fiduciario tendrá una duración de hasta 30 años y será gestionado por una entidad seleccionada por el Ministerio de Capital Humano, que posea experiencia técnica en la administración de fideicomisos públicos o mixtos, así como condiciones económicas competitivas. Un Comité Ejecutivo de Supervisión y Control, conformado por representantes del ministerio, universidades nacionales, comedores y merenderos registrados, y el sector privado colaborador, supervisará la gestión y el destino de los fondos. Los miembros del comité desempeñarán sus funciones ad honorem, sin derecho a retribución, dieta, viático o compensación alguna. La distribución de los recursos se llevará a cabo mediante transferencias directas a través de tarjetas plásticas prepagas, cuyo uso exclusivo será para la compra de alimentos. Este mecanismo asegura eficiencia en la distribución y una estricta trazabilidad del gasto, facilitando el control y garantizando que los fondos lleguen a los beneficiarios finales. La determinación de las áreas prioritarias para la asignación del financiamiento se realizará mediante una fórmula objetiva basada en la población y el índice de calidad de vida derivado de los radios censales del Censo 2022. El proyecto de ley también prevé beneficios fiscales para las empresas que realicen donaciones dinerarias o en especie al fondo, siempre que se ajusten a los requisitos legales y administrativos establecidos, como la realización mediante transferencia bancaria y la verificación de la vigencia del certificado de exención en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las donaciones no podrán generar contraprestación material directa ni beneficios comerciales a favor del donante, más allá de los reconocimientos simbólicos que se estipulan en la norma. En la fundamentación del proyecto, los autores subrayan que la inseguridad alimentaria, especialmente durante los primeros años de vida, conlleva consecuencias irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo de los niños y niñas, perpetuando ciclos intergeneracionales de pobreza y exclusión social. Miles de comedores y merenderos comunitarios, gestionados mayoritariamente por mujeres de los mismos sectores vulnerables, subsisten a través de esfuerzos cotidianos y con frecuencia sin el apoyo suficiente del Estado. En los últimos años, estos espacios han experimentado una reducción significativa en los fondos estatales asignados, lo que ha afectado su capacidad para adquirir alimentos de calidad y mantener su operatividad. El Programa Nacional “Pancitas Llenas” se concibe como una herramienta estratégica para revertir esta situación, asegurando una fuente de financiamiento estable y sostenible a través de la articulación entre el sector público y privado. La iniciativa promete principios fundamentales como transparencia, eficiencia y trazabilidad de los recursos, mediante mecanismos claros de control y supervisión, integrados por representantes de todos los sectores involucrados: beneficiarios, sector privado, Estado y universidades. De esta forma, se fortalece la confianza pública y se garantiza que cada recurso llegue efectivamente al plato de quienes más lo necesitan. Este proyecto cuenta con la firma de legisladores de diversos bloques, entre ellos Facundo Manes (DPS), Sabrina Selva (UP), Oscar Zago (MID), Nicolas Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Marcela Pagano (LLA), Eugenia Alianiello (UP), Marcela Campagnoli (CC), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Esteban Paulon (EF), Lourdes Arrieta (Transformación), Julio Cobos (UCR) y Marcela Coli (DPS), entre otros.
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