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Parana » Informe Digital
Fecha: 25/06/2025 00:02
El regreso de Argentina a Wall Street para emitir deuda pública no se materializaría a través del Gobierno nacional, sino que una provincia tomará la delantera: Córdoba se apresta a realizar una emisión de USD 800 millones en el mercado internacional, así como una recompra de sus propios bonos, en un contexto de creciente tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada por la escasez de recursos. La provincia gobernada por Martín Llaryora comunicó al mercado, mediante un aviso de suscripción, que el título que ofrecerá a los inversores será un bono en dólares con vencimiento en julio de 2032. Este tendrá un monto de hasta USD 800 millones y el gobierno cordobés estableció un período para la recepción de ofertas desde este lunes hasta el próximo jueves. La tasa de interés se determinará en función del resultado de la licitación. Existe incertidumbre sobre el costo que deberá afrontar una provincia al emitir deuda en Wall Street, considerando que el riesgo país argentino ha vuelto a superar los 700 puntos en los últimos días. Según rumores del mercado, podría situarse en torno al 9,5% anual. El ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, se encuentra esta semana en Nueva York supervisando el cierre de la operación. De acuerdo con el anuncio del gobierno cordobés, los dólares obtenidos en esta operación serán destinados a la recompra de su propia deuda, con el fin de aliviar el calendario de vencimientos inmediato. Este año, Córdoba deberá abonar 311 millones de dólares, cifra que ascendería a USD 351 millones en 2026, a USD 279 millones en 2027 y a USD 248 millones en 2028, según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Desde principios de este año, varias provincias han mantenido contactos con inversores internacionales y han iniciado el proceso de autorización en sus legislaturas locales para allanar el camino hacia una salida a Wall Street. Además de Córdoba, que lidera esta iniciativa, también figuran la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén, que han explorado, en mayor o menor medida, las condiciones para emitir bonos en dólares bajo legislación extranjera. El Gobierno nacional está al tanto de que existen jurisdicciones subnacionales con esta intención y advierte que una salida al mercado “debe estar justificada en una macro sólida”, afirmó hace algunas semanas el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, al ser consultado sobre el tema. Además, pidió que las gobernaciones no lo utilicen para financiar gastos, sino para proyectos de infraestructura, y que “realicen su propio ajuste del gasto” para equilibrar sus cuentas antes de buscar financiamiento en el mercado. La Casa Rosada debe autorizar este tipo de operaciones. En marzo, habilitó avales para que las provincias pudieran endeudarse ante acreedores de organismos multilaterales, pero para la emisión de bonos bajo legislación extranjera la dinámica es diferente. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece un límite del 15% del peso de los servicios de deuda en comparación con sus ingresos totales. Santa Fe espera contar con las dos autorizaciones, local y nacional, antes de embarcarse en roadshows con inversores internacionales, contemplando que al Gobierno nacional le convendría que varias provincias salieran primero al mercado para evaluar el apetito por financiar al sector público argentino. Por su parte, fuentes de la administración porteña indicaron que la Ciudad prefiere aguardar una caída más significativa en el riesgo país antes de proceder con una emisión destinada a refinanciar sus vencimientos, que oscilarán en torno a los 300 millones de dólares anuales entre este año y 2027. Esta situación se desarrolla en un contexto de tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada respecto a los recursos. Los mandatarios han presentado un proyecto consensuado para implementar un reparto federal automático de los Aportes del Tesoro Nacional, establecidos en la Ley de Coparticipación. Según la norma, el 1% de la masa coparticipable bruta se destina a un fondo destinado a “atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”. Los ATN son administrados por el Gobierno nacional con “un criterio de distribución discrecional y no automática fijada por guarismos específicos”, explicó un informe de la consultora Politikón Chaco. Según dicho trabajo, “la conformación del fondo ATN es automática, pero su distribución se realiza de modo discrecional por la autoridad de turno”. En el período 2017-2024, los remanentes no ejecutados del fondo ATN ascienden a $4,3 billones a precios constantes de mayo. Politikón Chaco detalló que, considerando únicamente la actual gestión de gobierno, esos remanentes suman $1,2 billones a precios actuales: $0,9 billones para 2024 y $0,3 billones para el parcial de 2025. Esta cifra representa “el 30% de un mes promedio de transferencias automáticas del período 2024-2025”. De acuerdo con el informe, durante la presente administración nacional, “los ATN no llegaron a la totalidad de los distritos, sino, hasta el momento, a dieciséis”. Entre los que no recibieron esos recursos se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En contraste, las provincias que más ATN han recibido desde diciembre son Misiones, con el 12,3% del total; Salta, con el 11,9%; y Neuquén, con el 11,5%. También se destacan Tucumán, Chubut, Santa Fe y Buenos Aires. Chaco y Corrientes se encuentran al final de la lista entre las jurisdicciones que sí recibieron fondos. Al aplicar la fórmula de reparto propuesta por los gobernadores para el período enero-mayo de 2025, Politikón Chaco estima que deberían haberse distribuido $214.949 millones (a precios corrientes), en lugar de los $80.500 millones que efectivamente se distribuyeron. “Hay cuatro provincias que recibieron más de lo que les correspondería según ese esquema”, señala el informe: Salta, Santa Cruz, Chubut y Neuquén. El resto de las jurisdicciones quedó por debajo de la asignación teórica.
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