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» Comercio y Justicia
Fecha: 24/06/2025 16:05
En un proceso de conciliación, se resolvió la reparación económica de diez trabajadores rurales que fueron sometidos a condiciones de trabajo abusivas en el sur de Salta. El ministerio Público destacó que se trató de una salida superadora a la vía punitiva Diez trabajadores rurales del sur de Salta, que en noviembre de 2023 fueron víctimas de explotación laboral,cobraron 15 millones en concepto de indemnización como parte de un acuerdo de conciliación gestionado por el Ministerio Público Fiscal y el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. El acuerdo se presentó dentro de un proceso de conciliación, un instituto legal establecido por el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para la resolución de conflictos penales. El caso comenzó con un operativo de inspección realizado el 9 de noviembre de 2023 en la finca “Suri Blanco”, situada en la localidad de Joaquín V. González, en el sur de la provincia de Salta. La inspección fue llevada a cabo por personal de la División de Fiscalización de Seguridad Social de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima del gobierno provincial. Durante el operativo, los inspectores descubrieron a una decena de trabajadores realizando tareas de desmonte en condiciones precarias. Los obreros, alojados en una casilla tipo tráiler con cuchetas, informaron que fueron contratados para realizar estas tareas, sin recibir ropa adecuada ni herramientas, y utilizando sus propios picos, palas, hachas y machetes. Además, se constató que no se les proporcionaba agua potable ni condiciones sanitarias apropiadas. Ante cualquier emergencia, los trabajadores debían comunicarse con el acusado Ángel Gustavo Enríquez, quien también se encargaba de transportarlos desde la localidad de Las Lajitas hasta la finca, donde permanecían durante 15 días antes de ser trasladados nuevamente. El pago acordado por la tarea de desmonte era de 100.000 pesos por quincena, con un descuento de 30.000 pesos en concepto de alimentos, los cuales eran provistos por Enríquez. Ante estas condiciones, el Gabinete de Asistencia a la Víctima intervino, y la fiscalía inició las actuaciones preliminares del caso. El 5 de noviembre de 2024, el fiscal Ricardo Toranzos formalizó la imputación penal contra Enríquez por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, lo que conlleva una pena de entre 4 y 8 años de prisión. Salida superadora El fiscal Toranzos destacó la importancia de la resolución alcanzada a través de la conciliación, un esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas para encontrar una “salida superadora” que permitiera una reparación integral a las víctimas. En este sentido, resaltó las directrices de la Procuración General de la Nación (PGN) en cuanto a la resolución de conflictos mediante mecanismos alternativos, promoviendo la restauración de la “armonía y la paz social”, tal como lo estipula el artículo 22 del CPPF. El acuerdo estipuló una reparación económica de 15 millones de pesos, distribuidos en 1.500.000 pesos para cada uno de los diez trabajadores afectados. El pago, que fue efectuado de inmediato durante la audiencia, ya estaba disponible en el momento de la conciliación. Adhesión al acuerdo El Defensor Público de Víctimas expresó su apoyo al acuerdo, calificándolo como una solución “superadora” a la vía punitiva, ya que, por un lado, garantiza una indemnización significativa y de cobro inmediato, evitando prolongados litigios, y por otro lado, asegura que no haya impunidad en el caso. También destacó la labor del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensoría, que, a través de una investigación diligente, contribuyó a evitar que el sistema penal se convirtiera en un mecanismo exclusivo de cobro económico. El Defensor reconoció el trabajo de la fiscalía, que permitió que, en caso de no alcanzarse el acuerdo, se pudiera avanzar con una condena penal. A su vez, señaló que las víctimas fueron debidamente informadas sobre los términos del acuerdo, con actas firmadas en las que se expresó su consentimiento. Por último, la defensa del imputado también mostró su conformidad con la homologación del acuerdo, subrayando su “razonabilidad” y “proporcionalidad”.
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