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Parana » Paginajudicial
Fecha: 24/06/2025 15:30
El titular de la unidad fiscal de investigación de delitos cometidos en el ámbito del PAMI formalizó una denuncia contra los titulares de geriátricos de la capital entrerriana. La maniobra consistía en alojar adultos mayores de manera particular y facilitar a sus familiares asesoría legal para demandar a la obra social nacional y, de esa forma, acceder a prestaciones de gerontología con elevados sobreprecios. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Dos geriátricos fueron denunciados penalmente por la asesoría legal del PAMI en Paraná, a raíz de un escándalo develado por familiares de una mujer que se encontraba alojada en un centro de atención de adultos mayores y que fue externada compulsivamente luego de que sus familiares se negaran a validar la sobrefacturación que pretendían hacer por los servicios de atención médica. El fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a cargo de la unidad de investigación de delitos cometidos en el ámbito del PAMI, formalizó una denuncia contra los titulares de dos geriátricos por presuntas maniobras defraudatorias en perjuicio de la obra social. La presentación se hizo en los tribunales porteños, donde tiene su sede la UFI-PAMI; debería tramitar en Paraná, pero aún no ha sido remitida a la capital entrerriana. La investigación preliminar se inició a partir una presentación efectuada por el equipo jurídico de la Unidad de Gestión Local Paraná dando cuenta de que “desde hace tiempo se viene observando un incremento notorio de las demandas contra PAMI reclamando, mediante amparos, prestaciones de gerontología, precisamente internaciones en residencias” por montos que duplican y más los valores de mercado. En principio, el ojo está puesto en los responsables de las residencias geriátricas denominadas San Jorge y Paradise Home, ambas de Paraná y que no son prestadoras de PAMI, donde se detectaron al menos diecisiete casos que corresponden al año 2024 con sospechas de sobreprecios. El perjuicio a la obra social aún no ha sido determinado. El botón de muestra Las alarmas se encendieron hace un mes, cuando una joven se presentó ante las autoridades del PAMI y expuso una serie de inquietudes en torno a la internación de su abuela, de 100 años, en el geriátrico San Jorge. Según su relato, en julio de 2024, la residencia presupuestó la internación de la mujer en 600 mil pesos por mes y les ofrecieron asesoría legal para tramitar una acción de amparo para que PAMI cubriera los gastos. En lugar de ello, la familia acudió a la obra social, donde les ofrecieron un subsidio para cumplir con el pago de la internación, lo que aceptaron. El seguimiento del trámite administrativo quedó a cargo de los abogados de la residencia y, en diciembre, la familia de la mujer que permanecía internada supo que el reclamo del geriátrico a la obra social era de 2,5 millones de pesos mensuales, y no de 600 mil pesos, como habían acordado. “Siempre hay que pedir más porque en el PAMI se demoran”, se excusó en aquel momento la abogada de la residencia ante el pedido de explicaciones de la familia, según refirieron en la presentación posterior ante la obra social. Entre agosto y diciembre de 2024, la familia abonó 600 mil pesos cada mes y refiere que entonces surgió un conflicto con la titular de la residencia geriátrica, por su negativa de entregarle las facturas que le exigía el PAMI para el reintegro. Esa situación habría desencadenado una desatención médica de la afiliada y una exigencia para que sea retirada del hogar, a lo que se negó la familia. La reacción de la residencia fue trasladar a la mujer, de 100 años, compulsivamente al Hospital San Martín, aparentemente sin ningún motivo. En la presentación que hicieron ante el PAMI, los familiares de la mujer aseguran que “de entrada, esta gente no iba por los 600 mil pesos, sino que iban por los 2,5 millones de pesos (…) y como terminamos tramitando nosotros el cobro del subsidio por una suma mucho menor, al verse frustrado el plan de los 2,5 millones, la desalojaron sin importarles su estado de salud ni los cuidados que requería”. Esta situación derivó en una denuncia por amenazas, coacciones y abandono de persona que la familia de la mujer presentó en los tribunales provinciales, aunque fue desestimada por la fiscal Jimena Ballesteros, según pudo saber Página Judicial. Las maniobras defraudatorias Esa situación encendió las alarmas en las oficinas del PAMI sobre la existencia de maniobras tendientes a estafar a la obra social nacional mediante la sobrefacturación de la atención de adultos mayores en residencias geriátricas. Arzubi Calvo considera que las residencias geriátricas habrían desplegado “un conjunto de maniobras que tendría su punto de partida en alojar de manera particular a afiliados del PAMI, para luego facilitarles asesoría legal para la formulación de una acción de amparo contra la obra social nacional, para así acceder a prestaciones de gerontología, precisamente internaciones, en alguna de las sedes de dichas residencias. Obtenida la cobertura del PAMI a través de esas medidas cautelares, los montos facturados serían superiores a los valores de mercado y/o al costo que el afiliado abonaba previamente en su internación asumida en particular”. El fiscal señaló además que “los profesionales médicos que trabajan en dichas residencias geriátricas serían quienes prescriben la necesidad de continuar la internación del afiliado en el lugar, y esos certificados serían utilizados para formular la acción ante la justicia”. El PAMI habría detectado al menos diecisiete casos con esa metodología, trece corresponden a la Residencia San Jorge y cuatro a Paradise Home. Pero en las oficinas de la Unidad de Gestión Local no descartan más.
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