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» El vigia
Fecha: 24/06/2025 02:30
Las autoridades de la obra social, perteneciente al Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), conducido por Hernán Doval, alertaron mediante un comunicado en redes sociales la amenaza de cierre y anticiparon que recurrirán a la Justicia. El texto agrega que "la declaración de crisis de nuestra Obra Social se dio en la Pandemia de COVID-19 junto a todas las demás, porque era el requisito para acceder a los ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) para que se nos cubra la mitad de los montos salariales mientras hacíamos frente a todos los gastos de insumos, medicamentos e internaciones en medio de la emergencia sanitaria. Pasado ese momento, y con balances superitarios, deberíamos haber salido de esa situación, pero no fue así y nos enteramos recién ahora con esta intempestiva resolución". "Esto representa una situación irregular, ya que nuestra Obra Social cumple con todas las disposiciones de servicios establecidos por el Programa Médico Obligatorio (PMO) a todos nuestros 4.891 beneficiarios, se encuentra con todos los proveedores, sueldos y prestaciones al día, y NUNCA HEMOS RECIBIDO NINGUN SUBSIDIO EXTRAORDINARIO de la Superintendencia ni se nos ha observado NUNCA NINGUNA IRREGULARIDAD. La magnitud de desproporcionalidad y arbitrariedad de esta medida es llamativa y da a especulaciones, ya que con Balances presentados al día con superávit, se intenta dar de baja la Obra Social por no contestar una nota. Muy llamativo todo. Por todas estas razones, estamos preparando todas las presentaciones para recurrir a la Justicia e intentar subsanar el atropello del que estamos siendo objeto", finalizaron las autoridades de OSPMA. El texto del comunicado relata que "la Superintendencia de Salud del Gobierno Nacional intenta dar de baja nuestra Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda, porque induce que es insolvente de acuerdo a los bajos aportes que recibe y la alta criticidad que debe cubrir, de acuerdo a la filosofía que indica que las Obras Sociales con menos de 10.000 afiliados deben ser cerradas. Desde que asumió este Gobierno hace casi dos años, se vienen desarrollado políticas perjudiciales para las Obras Sociales chicas. Las primeras en la mira de este accionar fuimos las Obras Sociales menos robustas financieramente, a las que ya el año pasado, el Gobierno, con la modificación del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) nos había quitado numerosos recursos operativos".
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