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Parana » Informe Digital
Fecha: 24/06/2025 02:13
Dos diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron este lunes una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py, contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de las requisas a militantes, realizadas el pasado 18 de junio, en la movilización a Plaza de Mayo en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de los legisladores Leopoldo Moreau y Blanca Osuna, quienes también denunciaron a a los jefes de las fuerzas federales de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal o Departamento Federal de Investigaciones «y/o todos aquellos responsables en la cadena de mando que hayan participado de los hechos motivo de la presente denuncia». Los legisladores pidieron investigar los presuntos delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, agravados por haberse realizado en el marco de persecución política y partidaria, en función de los artículos 248 y 249 del Código Penal de la Nación y artículos 1 y 2 la Ley N° 23.592 contra Actos Discriminatorios». Según informaron desde el bloque opositor, en el escrito que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, Moreau y Osuna, se señala que el pasado 18 de junio «diversas fuerzas de seguridad han recopilado, sin autorización judicial, motivo razonable o presunción plausible de delito alguno, datos personales e información identificatoria (incluyendo documentación, fotografías y listas de pasajeros) extremadamente sensible de distintas personas que se dirigían a participar de la manifestación pública que se llevó a cabo en Plaza de Mayo». En los fundamentos jurídicos de la presentación, los diputados indicaron que los hechos denunciados son “una grave transgresión al orden constitucional, convencional y legal vigente en la República Argentina, afectando derechos fundamentales cuya tutela reviste carácter inderogable dentro del sistema democrático de derecho”. A su vez, afirmaron que el accionar desplegado por las fuerzas de seguridad fue “una inadmisible desviación del poder estatal hacia fines represivos de carácter político”. En la movilización que los militantes hicieron la semana pasada para brindar apoyo a Cristina Kirchner, fuerzas policiales detuvieron varios ómnibus en rutas nacionales y accesos urbanos. En esos operativos se requisaron equipajes, se exigió la presentación de documentos de identidad y, lo que es aún más alarmante, se les tomó fotografías sin ninguna orden judicial ni fundamento legal. Para los legisladores, “esas prácticas no son aisladas ni fortuitas. Constituyen un patrón de vigilancia selectiva y persecución política que nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia. El Estado no puede, bajo ningún pretexto, almacenar información sobre las personas por su pertenencia política, sindical o social. Así lo establece claramente el artículo 4° de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente este tipo de conductas, incluso para organismos de inteligencia”. «Extrema gravedad institucional« En diálogo con Tiempo, Osuna explicó: “El 18 de junio, distintas fuerzas de seguridad en Argentina recopilaron sin autorización judicial datos personales de personas que se dirigían a una manifestación en Plaza de Mayo. Se acusa a estas fuerzas de abusar de sus poderes para vigilar y reprimir, lo que se considera una criminalización de la protesta y la expresión política, prohibida por la Constitución y normas internacionales.” Asimismo, la diputada de Entre Ríos indicó que “por la extrema gravedad institucional de los hechos que denunciamos, por una parte solicitamos que se informe si se han tomado intervención en relación al eventual tratamiento, que se le puede haber dado esos datos personales que fueron recogidos por los organismos intervinientes en una acción absolutamente fuera de toda norma y al mismo tiempo la inmediata custodia judicial de toda la base de datos, registros, planillas, archivos digitales, dispositivos que a través de los cuales se haya almacenado la información recabada”. “Entendemos que ante este hecho realmente no podemos permanecer indiferentes y lo mismo esperamos que efectivamente la justicia coordine, condicione y responda que esa intervención de los organismos de control de datos personales efectivamente se realice”, agregó.
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