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» Primerochaco
Fecha: 23/06/2025 21:49
La ex interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), escribana Clelia Ávila, rompió el silencio y brindó un extenso testimonio sobre su paso por el organismo provincial durante los siete meses en los que tuvo a su cargo la tarea de auditar y normalizar su funcionamiento. En diálogo con la prensa, reveló detalles del estado en el que encontró la institución y cuestionó con firmeza el manejo de los fondos públicos. “Si bien es cierto, no estoy como interventora. Ya terminó mi función, pero creo que hay mucho para hablar, quizás todavía la sociedad recuerda, y hay mucho por hacer”, explicó Ávila, quien fue designada interventora tras las denuncias públicas por irregularidades en el uso de recursos del organismo. Durante su gestión, presentó tres informes: uno inicial, uno intermedio y un informe final. Según detalló, su trabajo expuso un cuadro crítico en el manejo de los fondos públicos: “La verdad que cuando se inició la intervención no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, y era peor de lo que imaginábamos”. Un presupuesto millonario, sin control Ávila recordó que el IAFEP operaba con un nivel de recursos superior al de muchos ministerios, lo cual tornaba imprescindible un control riguroso que, según ella, nunca existió. “Se manejó un presupuesto abultado, en ese entonces eran 16 mil millones de pesos. Si lo actualizás al valor de hoy, estaríamos hablando de alrededor de 60 mil millones”, afirmó. “Era un desastre administrativo. En todos los órdenes donde podíamos verificar algo, encontrábamos hechos graves. Lo más evidente fue el desmanejo de los fondos”, remarcó. Según su relato, muchas de las cooperativas y fundaciones que recibían dinero del IAFEP no lo destinaban a los fines establecidos. “En los papeles había un destino, pero en los hechos se transformaba en cualquier cosa. Se construyeron galpones privados, piscinas, hasta viviendas personales con fondos públicos”, denunció. “Ningún buen administrador hubiera hecho lo que hicieron” La ex interventora fue enfática al cuestionar el uso discrecional de recursos: “El que ocupa un poder es transitorio. El pueblo le delega esa facultad para cumplir una función. No podemos servirnos de los bienes públicos como si fueran propios”, sostuvo. Desde su formación como escribana y desde su fe cristiana, Ávila dijo haber sentido el deber ético de denunciar lo que vio: “Si quiero enriquecerme, debo buscar un negocio privado. Pero lo que se hizo en el IAFEP fue manejar las arcas del Estado como una empresa propia, pero ni así, porque una empresa privada manejada así se funde en seis meses”. Viviendas inconclusas y estafas a los más vulnerables Uno de los puntos más sensibles de su relato tuvo que ver con la construcción de viviendas sociales. Ávila afirmó que se otorgaron anticipos de obra a organizaciones para levantar casas que nunca se terminaron o que se construyeron en zonas inviables: “Muchas de esas viviendas se ubicaron en el ex campo de tiro, donde no hay luz ni agua. Se le vendía a la gente una ilusión”, dijo. Además, denunció el uso fraudulento de personas con discapacidad para obtener beneficios: “Usaban a los discapacitados para conseguir casas más grandes. Luego cambiaban los beneficiarios, y las personas se enteraban que nunca serían los dueños. Fue una burla a los más necesitados”, expresó con indignación. “El pueblo se sintió estafado” Ávila afirmó que la ciudadanía respondió activamente con denuncias y testimonios. “La gente fue a comisarías, al IAFEP, donde podía. Se sintieron estafados, burlados en su buena fe”, indicó. Y cerró con una reflexión profunda: “Chaco no es una provincia pobre, es una provincia empobrecida por estas actitudes. Se malversaron fondos que podrían haber cambiado la vida de miles de personas. En vez de ayudarlos a salir de la pobreza, se los condenó a seguir dependiendo”.
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