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Parana » APF
Fecha: 23/06/2025 18:30
Los diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), Leopoldo Moreau y Blanca Osuna, presentaron una denuncia en Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los jefes de fuerzas de seguridad, por la requisa realizada a militantes el pasado 18 de junio, día de la movilización a Plaza de Mayo en defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner. Señalaron que los hechos son “una grave transgresión al orden constitucional, convencional y legal vigente en la República Argentina". lunes 23 de junio de 2025 | 17:30hs. Los legisladores nacionales de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau y la entrerriana Blanca Osuna, pidieron que se investigue el presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de los hechos registrados el día de la movilización en defensa de Cristina Kirchner. Además de Bullrich, la denuncia también fue dirigida a los jefes de las fuerzas federales de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal o Departamento Federal de Investigaciones "y/o todos aquellos responsables en la cadena de mando que hayan participado de los hechos motivo de la presente denuncia". Los legisladores, según preciso parlamentario.com, pidieron investigar los presuntos delitos de "Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, agravados por haberse realizado en el marco de persecución política y partidaria, en función de los artículos 248 y 249 del Código Penal de la Nación y artículos 1 y 2 la Ley N° 23.592 contra Actos Discriminatorios". En el escrito, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, Moreau y Osuna señalaron que el pasado 18 de junio "diversas fuerzas de seguridad han recopilado, sin autorización judicial, motivo razonable o presunción plausible de delito alguno, datos personales e información identificatoria (incluyendo documentación, fotografías y listas de pasajeros) extremadamente sensible de distintas personas que se dirigían a participar de la manifestación pública que se llevó a cabo en Plaza de Mayo". Ambos legisladores señalaron, en los fundamentos jurídicos de la presentación, que los hechos denunciados son “una grave transgresión al orden constitucional, convencional y legal vigente en la República Argentina, afectando derechos fundamentales cuya tutela reviste carácter inderogable dentro del sistema democrático de derecho”. A su vez, llamaron al accionar desplegado por las fuerzas de seguridad de ser “una inadmisible desviación del poder estatal hacia fines represivos de carácter político”. Tras citar a la Constitución Nacional, la denuncia presentada por Leopoldo Moreau y Blanca Osuna acusa al Ministerio de Seguridad de promover “la detención arbitraria de vehículos de transporte de pasajeros, el sometimiento compulsivo de ciudadanos a controles documentológicos sin orden judicial, el registro y almacenamiento de sus datos personales sensibles, el empleo de prácticas vejatorias y humillantes durante las requisas, así como la total ausencia de información brindada a los afectados respecto de la naturaleza, fundamento y destino de tales procedimientos, constituyen una afrenta directa a dichas garantías esenciales”. Además de plantear que el operativo del pasado miércoles transgrede artículos de la Carta Magna, los diputados de UP añadieron, también, a otros dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También, señalaron que “la gravedad institucional del cuadro aquí expuesto excede con creces la ilicitud penal individualizada”, y añadieron que esto “revela la existencia de un patrón sistemático de utilización desviada del aparato de seguridad estatal, destinado a desincentivar la participación política legítima, a intimidar a los opositores y a construir registros ideológicos clandestinos, prácticas absolutamente incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, y con los valores republicanos que rigen nuestra vida institucional”. En la previa de la presentación judicial, Moreau señaló que "estas prácticas no son aisladas ni fortuitas" y "constituyen un patrón de vigilancia selectiva y persecución política que nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia". Además, el legislador resaltó que "el Estado no puede, bajo ningún pretexto, almacenar información sobre las personas por su pertenencia política, sindical o social. Así lo establece claramente el artículo 4° de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente este tipo de conductas, incluso para organismos de inteligencia". "No vamos a permitir que se normalicen prácticas autoritarias. Reafirmamos nuestro compromiso con una democracia plena, donde nadie sea perseguido por pensar distinto o por manifestarse en defensa de sus derechos", agregó Moreau. (APFDigital)
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