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Concordia » Ciudadsatelite
Fecha: 23/06/2025 13:42
Por Rubén Dal Molín – Senador Provincial Durante años, Entre Ríos ha cargado con una pesada herencia financiera, producto de decisiones políticas que priorizaron la demagogia sobre la responsabilidad. La actual situación económica no es nueva ni sorpresiva: es la consecuencia de más de dos décadas de desorden fiscal, endeudamiento sin planificación y ausencia de reformas estructurales. Una herencia acumulada: endeudamiento sin reformas La provincia arrastra una estructura de gasto inflexible y costosa. A lo largo de los años, no hubo voluntad política para impulsar los cambios necesarios. Se sostuvieron ejercicios deficitarios financiados con deuda creciente, sin proyección a largo plazo. Durante la gestión de Sergio Urribarri (2007–2015), se incrementó considerablemente la planta de personal y se ignoró el déficit creciente de la Caja de Jubilaciones, que ya daba señales de agotamiento. Entre 2011 y 2015, la provincia cerró cinco ejercicios consecutivos con déficit, y entregó el gobierno con un alto endeudamiento de corto plazo con entidades financieras locales y el Estado nacional. En 2017, bajo la gestión de Gustavo Bordet (2015–2023), se emitieron 500 millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera. Ese financiamiento no se destinó a infraestructura ni a obras públicas: se utilizó para refinanciar deuda previa, posponiendo el problema y ampliando los compromisos futuros. Aunque la provincia accedió a dos años de gracia, incumplió los pagos en agosto de 2020 y debió reestructurar la deuda, trasladando los vencimientos a 2023–2028. De ese modo, el primer gran vencimiento quedó programado para febrero de 2024, apenas iniciada la nueva gestión. Desde entonces, Entre Ríos debe afrontar pagos anuales de 120 millones de dólares hasta 2027. Una deuda ajena, destinada a gastos ya consumidos, cuyos vencimientos fueron diseñados —intencionalmente o no— para que los asuma el siguiente gobierno. Déficit fiscal y previsional: dos caras de la misma moneda Los datos del Sector Público No Financiero entre 2015 y 2017 evidencian el déficit estructural: los ingresos corrientes no alcanzaban para cubrir el gasto corriente, lo que obligó a nuevas tomas de deuda para sostener el funcionamiento estatal. A esto se suma el desorden previsional. Entre 2005 y 2015, el número de empleados activos creció un 39 % y los jubilados un 36 %. Mientras el empleo público se estabilizó, la cantidad de pasivos siguió creciendo hasta superar los 63.000 beneficiarios actuales. Durante dos décadas, la Caja de Jubilaciones fue utilizada con fines políticos. No se revisaron regímenes especiales, no se corrigieron inequidades ni se implementaron aportes diferenciales. Hoy, pese a las acciones iniciadas desde diciembre de 2023 —como convenios con ANSES, depuración de escalafones, control de beneficios y auditorías—, el déficit mensual aún supera los $20.000 millones. El proceso de saneamiento está en marcha, pero revertir un daño acumulado durante años lleva tiempo. Federalismo en tensión A este panorama se suma un nuevo desafío: prestar servicios esenciales con menos recursos. En el actual contexto de reordenamiento fiscal nacional, la Nación ha recortado transferencias y ha trasladado responsabilidades a las provincias sin financiamiento equivalente. Durante dos décadas, el Estado nacional financiaba el transporte urbano, sostenía programas educativos, construía escuelas y hospitales, y transfería recursos al sistema previsional. Hoy, esas asistencias han desaparecido. Un dato clave: en 2024, Entre Ríos gobierna con menos recursos que durante la pandemia. En 2020, el entonces gobernador Bordet argumentó la reestructuración de la deuda externa en función de la caída de ingresos por la crisis sanitaria. Sin embargo, los fondos disponibles hoy son aún menores, y pese a ello se está pagando puntualmente una deuda heredada cuyo destino final continúa sin explicación clara. Frente a este escenario, el Gobierno de Entre Ríos recurrió por primera vez en la historia reciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en defensa de los recursos y derechos de la provincia. No se trata de confrontar, sino de ejercer con firmeza las responsabilidades que impone la autonomía provincial. Conclusión Entre Ríos está haciendo lo que nunca se hizo: ordenar, transparentar y reformar. Lo hace reconociendo el punto de partida, enfrentando las dificultades del presente y proyectando a futuro. Porque no hay salida sin equilibrio fiscal, no hay justicia social sin sostenibilidad y no hay verdadero federalismo sin responsabilidad compartida.
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