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Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com
Fecha: 22/06/2025 23:05
Compartir en: Argentina atraviesa un momento de dislocación entre los datos oficiales y la experiencia concreta de la ciudadanía. Mientras el Gobierno Nacional celebra una inflación mensual del 1,5% -la más baja en cinco años- y avanza en privatizaciones “modelo” como la de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una de las ocho compañías estatales sobre las que el Poder Ejecutivo ya definió un esquema específico de venta para captar divisas sin recurrir al endeudamiento, el malestar social crece, la clase media se achica y la política se distancia de la realidad diaria de la gente. AySA fue creada el 21 de marzo de 2006 mediante el Decreto 304/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y ratificada por el Congreso a través de la Ley N° 26.100. Su capital social está compuesto en un 90% por el Estado Nacional, mientras que el 10% restante pertenece al personal a través de un Programa de Participación Accionaria (PPA), un esquema inédito dentro del universo de empresas públicas argentinas. Este es, quizás, uno de los rasgos más paradójicos del presente argentino: una economía que muestra ciertos logros macroeconómicos, pero que en la calle se siente cada vez más distante de las mayorías. El “milagro inflacionario” que el oficialismo festeja no vino acompañado de mejoras reales en el poder adquisitivo ni en la calidad de vida, de la gente de a pie. Por el contrario, la mayoría de los hogares ajustan, recortan, postergan y resignan. Estado chico, infierno grande En nombre del orden fiscal, se recortan derechos, se venden activos estratégicos y se achican los márgenes del Estado. Se festejan cifras macroeconómicas como la inflación más baja en cinco años, mientras en paralelo se paralizan obras, se cierran programas y los municipios —la puerta de entrada al Estado para millones de personas— quedan cada vez más solos. Este modelo de “Estado chico” no es neutro. Afecta, y mucho, a las diferentes ciudades del país como Concepción del Uruguay, donde el impacto de la caída de la coparticipación nacional y provincial ya supera el 30%. Se licuan los recursos que sostienen servicios esenciales: desde la recolección de residuos hasta el alumbrado público, desde la asistencia social hasta el mantenimiento escolar. La gestión local, que debe dar respuestas concretas todos los días, recibe cada vez menos herramientas para hacerlo. Este achique, que se disfraza de eficiencia, en realidad representa una transferencia brutal de responsabilidades sin recursos. El Estado se retira, pero no desaparece la necesidad de un colectivo que pase, una ambulancia que llegue o un reclamo que se escuche. Números Según el Centro RA (Razón Argentina) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los servicios públicos aumentaron hasta un 707% en el último año. El gas, el agua, la luz y el transporte absorbieron buena parte del ingreso de trabajadores formales, jubilados y pymes. Las ventas en librerías, comercios de barrio y locales de ropa se desplomaron. El consumo masivo, los viajes y el esparcimiento son hoy un lujo reservado para unos pocos. Por otro lado, la estrategia de privatizaciones, encabezada por la venta de AySA, revela una nueva lógica de acumulación estatal: el Estado como activo a liquidar, no como garante de derechos. En lugar de fortalecer empresas estratégicas, se las convierte en fichas para atraer dólares, consolidar el ajuste y financiar una transición que beneficia a pocos. El mercado gana, el Estado se retira, y con él, se debilitan los mecanismos de regulación, inclusión y acceso. Cualquier parecido a los ´90 es mera coincidencia. Impaciencia Desde esta óptica, el proyecto económico del gobierno se explica más como una reingeniería ideológica que como una planificación productiva. El éxito de la política se mide por cuánto se recorta, no por cuántas oportunidades se crean. Y esa lógica tiene un límite: la paciencia social. No se trata de negar la importancia de ordenar cuentas públicas, ni de rechazar el debate sobre el rol del Estado. Pero no se puede construir nada si los que más necesitan quedan afuera. No hay municipio viable sin recursos. No hay Nación posible sin inclusión. Y no hay paz duradera si la desigualdad se profundiza mientras los discursos celebran balances que no se traducen en bienestar. Porque mientras los datos macroeconómicos mejoran, las condiciones materiales de existencia de millones de argentinos empeoran. Es en ese vacío donde empieza a romperse algo más grave: la idea de comunidad. Porque cuando las instituciones fallan, cuando el vecino siente que nadie responde, lo que se debilita no es solo un presupuesto, es la confianza en el futuro. Y cuando esa brecha entre la estadística y la realidad se ensancha, se rompe algo más profundo que el contrato social. Reconstruir esperanza Por eso, el desafío no es solo bajar la inflación y estabilizar cifras. Algo que está bien, pues lleva tranquilidad al consumidor y a quienes producen. Pero es necesario ahora reconstruir un sentido de comunidad, una política de cercanía, y un horizonte de bienestar posible para las grandes mayorías. Es necesario reconstruir la cercanía entre la política y la gente, entre las decisiones y la vida real. La Nación es una tarea de todos y para todos, una construcción colectiva. La Argentina no necesita menos Estado, necesita un Estado presente donde más se lo necesita. Ni ineficiente, ni ausente: humano, territorial, situado, comprometido. Con una mano extendida, no con una puerta cerrada. Hoy más que nunca, Argentina necesita políticas que escuchen el dolor social y reconstruyan esperanza. Sin eso, cualquier número que cierre será solo un espejismo. Los números deben cerrar, sí, en eso coincidimos todos, pero con una gran salvedad, deberá serlo con “la gente adentro”, sino no habrá PAZ posible. En Concepción del Uruguay lo sabemos bien: cada vecino que golpea la puerta del municipio no pregunta por la macro economía, pide soluciones. Por eso, lo nuestro es la gente, no lo olvidemos. (*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-
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