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Parana » Adn21
Fecha: 22/06/2025 20:03
En una jugada con alto riesgo político, La sesión fue convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel; el bloque del kirchnerismo está en pie de guerra por la detención de su jefa política; los temas candentes que están en la agenda En lo que podría convertirse en una jugada de riesgo político el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, concurrirá el jueves próximo al Senado a brindar su informe sobre la marcha del Gobierno y quedará expuesto al fuego opositor de una bancada kirchnerista con la piel ardida por la confirmación de la condena y la detención domiciliaria de Cristina Kirchner por haber cometido delitos de corrupción. De hecho, el jefe del bloque de Unión por la Patria de la Cámara alta es el formoseño José Mayans, quien en su condición de vicepresidente primero del partido quedó a cargo de la conducción del PJ nacional luego de que la exjefa del Estado quedara imposibilitada de ejercer la jefatura en forma presencial. El clima previo a la visita de Francos podría enrarecerse aún más si, como amenazaron una semana atrás, el kirchnerismo decide pedir una sesión especial en la misma semana para tratar los proyectos de recomposición de los haberes jubilatorios y la prórroga de la moratoria previsional aprobados por la Cámara de Diputados hace dos semanas. Ambas iniciativas, junto a una recomposición de las pensiones por discapacidad, no han sido discutidas aún en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, aunque ninguna bancada exigió, todavía, apurar su tratamiento. Hasta el momento, en el escritorio de Victoria Villarruel consta un solo pedido, firmado por cinco senadores liderados por la radical Edith Terenzi (Chubut). La nota solicita sesión especial para el miércoles o jueves de la semana próxima e incluye todos los proyectos, un total de 47, que tienen dictamen de comisión. El recinto del Senado no se abre desde el 7 de mayo último, cuando en un final electrizante e inesperado se produjo el fracaso del proyecto de ley de ficha limpia al no alcanzar la mayoría constitucional de 37 votos que requería la iniciativa para su sanción. Más de un mes después de aquella última reunión, la vicepresidenta firmó el decreto convocando a sesión especial informativa para el próximo jueves a las 11 de la mañana. Si bien desde algunas usinas oficialistas del Senado con línea directa con la Casa Rosada se agitó la idea de mantener el recinto cerrado para no regalarle una tribuna política desde la cual el kirchnerismo pudiera agitar sus denuncias por la condena de la expresidenta, lo cierto es que la vicepresidenta terminó cumpliendo lo que ya se había acordado con los diferentes bloques. Esto es así porque la Secretaría Parlamentaria activó hace un mes el protocolo habitual de cara a la concreción de una sesión informativa del jefe de Gabinete, habilitando la recepción de preguntas por parte de los senadores y su posterior traslado para que sean respondidas por escrito antes de que el funcionario se presente en el recinto de la Cámara alta. Todo el proceso contó con el visto bueno de Francos, que visitó el Senado por última vez el pasado 27 de noviembre. De todas maneras, la intención del Gobierno es mantener el Senado cerrado todo lo posible hasta las elecciones legislativas de octubre, cuando espera tener un resultado que le permita fortalecerse desde el punto de vista político y esperar con mayor tranquilidad al recambio legislativo del 10 de diciembre, fecha en la que se hará efectivo el resultado de esos comicios. No obstante, por el momento, no hay unanimidad en el oficialismo sobre la estrategia legislativa a seguir en los meses venideros. En algunos despachos de la Casa Rosada consideran que lo mejor sería permitir que el Senado sancione de manera rápida los proyectos de jubilaciones y discapacidad para que Javier Milei vetar esas leyes lo más lejos posible de las elecciones de octubre. Sin embargo, hay oficialistas que prefieren que el veto sea lo más cerca de la elección posible, para dar una muestra de autoridad por parte del Presidente y ratificar, de paso, la política de ajuste fiscal que caracteriza a la administración libertaria.
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