22/06/2025 21:37
22/06/2025 21:36
22/06/2025 21:35
22/06/2025 21:34
22/06/2025 21:33
22/06/2025 21:32
22/06/2025 21:32
22/06/2025 21:31
22/06/2025 21:31
22/06/2025 21:31
Parana » Informe Digital
Fecha: 22/06/2025 14:30
El miércoles 4 de junio, alrededor de las 22:30, cuatro jóvenes se lanzaron contra el efectivo de la Policía Federal, Facundo Aguilar Fajardo. El agente, que se encontraba fuera de servicio, esperaba a su madre para abordar un colectivo en La Matanza. Las imágenes que se viralizaron posteriormente mostraron lo que ocurrió: Fajardo desenfundó su arma, los jóvenes huyeron y comenzaron a disparar. En total, se efectuaron once disparos. Uno de los ladrones, de 18 años, murió en el acto y otros dos resultaron heridos. A tan solo dos cuadras, Thiago, un niño de 7 años, jugaba junto a su padre. Una de las balas lo alcanzó en la cabeza, y falleció dos días después. Este trágico episodio fue resumido a la mañana siguiente por Patricia Bullrich, quien, con la característica simplicidad que la define para distinguir entre “buenos” y “malos”, afirmó: “Los delincuentes son los únicos responsables de esta tragedia. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida, tienen que pagar con prisión perpetua”. Dos días después, el sábado 7, ocurrió otro hecho que se aleja notablemente del funcionamiento habitual de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Durante una protesta en el Instituto Juan Domingo Perón, en Recoleta, el dirigente social Juan Grabois fue detenido junto a otro militante. Lo sorprendente es que en la toma del edificio participaron decenas de personas, pero solo hubo dos detenidos. El que aclaró lo sucedido fue, en esta ocasión, el propio jefe de la Policía Federal. “Fueron directivas del señor Presidente, Javier Milei, y de la doctora Patricia Bullrich”, declaró Luis Alejandro Rolle en una conferencia de prensa. Esta afirmación es más que notable, ya que está claramente fuera de lo que la ley establece como posible: ni el Presidente ni la ministra de Seguridad pueden ordenar detenciones, ya que sus atribuciones no lo permiten, salvo en caso de que se declare un estado de sitio. Ambos incidentes no son aislados. Ocurren en un contexto donde, entre declaraciones, cambios de reglamentos, decretos y condiciones salariales y materiales pésimas, las fuerzas de seguridad parecen estar descontroladas. Es la doctrina Bullrich. Mano dura. “Los buenos son los de azul”, suelen decir Bullrich, el Presidente y la mayoría del Gobierno. La ministra repite lo ocurrido con el policía Luis Chocobar durante la gestión de Mauricio Macri: incluso cuando exceden los límites de la legítima defensa, y aunque eso resulte en víctimas fatales -un adolescente que había robado en el caso Chocobar y Thiago en el último episodio-, los policías nunca son culpables. ¿Cuál es el riesgo de que una ministra avale este tipo de comportamiento? Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) revela que entre 2020 y este año han fallecido seis niños menores de 13 años por disparos de policías que utilizaron su arma reglamentaria fuera de servicio. La cifra es aún mayor para adolescentes de entre 14 y 17 años: 59. El respaldo de Bullrich a la escalada de violencia de las fuerzas de seguridad no está exento de contradicciones. Lo ocurrido con Chocobar -quien fue condenado en primera instancia, luego absuelto por la Cámara y en agosto regresará a los tribunales- es emblemático: aunque la ministra respalda públicamente la acción policial, son los agentes quienes arriesgan su futuro. La situación de Rolle, que admitió ante las cámaras haber realizado una detención irregular, aporta otro elemento. ¿Tendrá consecuencias? En la Policía Federal, cada vez son más quienes miran con recelo las órdenes de Bullrich, que les exigen reprimir con fuerza incluso las manifestaciones de jubilados. “Están enojados con Rolle y con ella, que siempre los expone. Hay mucho malestar”, señala un político que ha ocupado esa cartera. Este descontento se justifica por otra razón: los salarios promedio en la Federal rondan los $850 mil, lo que obliga a muchos a tener trabajos alternativos. A esto se suman las pésimas condiciones materiales. “Es inhumano; oficinas viejas, sin calefacción, llenas de ratas”, comentó Grabois al ser liberado. Legalidad. Bullrich inició este camino a días de asumir el nuevo gobierno, al promulgar el famoso “protocolo antipiquetes”. La atención se centró en la decisión de prohibir los cortes de calle, pero la norma implicó un cambio más profundo: a partir de ese decreto, se resolvió que las fuerzas puedan actuar sin orden judicial, argumentando que las manifestaciones constituyen un “delito flagrante”. Con Grabois, esto fue exactamente lo que ocurrió. En junio se publicó el decreto 496, que otorgó al Gobierno la facultad de incluir en la lista de terroristas a cualquier sospechoso de esa actividad. Estar en esa lista implica agravar la pena que alguien podría enfrentar ante la Justicia. Esto coincidió con la tendencia del Gobierno de calificar de “terroristas” a quienes marchaban contra él. En enero de este año, el Congreso aprobó, a pedido de la ministra de Seguridad, la ley “antimafia”, inspirada en la ley RICO de las películas estadounidenses. Gracias a este cambio, cualquier persona que sea considerada parte de una “mafia” por su ministerio puede, con la autorización de un fiscal, ser detenida hasta 30 días por “averiguación de delitos” y se le pueden decomisar bienes sin condena, si se sospecha que están relacionados con esa supuesta mafia. Ahora se espera que Milei, a instancias de Bullrich, también modifique la ley orgánica de la Policía Federal. La ministra avanza sin atender a los riesgos. La última novedad fue el decreto 383/2025, que derogó el Estatuto de la PFA y estableció atribuciones extraordinarias en tareas de investigación y prevención, además de abrir un campo ambiguo en el ciberpatrullaje. Este decreto permite la detención sin orden judicial por 10 horas y las requisas sin autorización judicial. Galería de imágenes En esta Nota
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por