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» Elterritorio
Fecha: 22/06/2025 12:27
Para muchos especialistas y organismos de derechos humanos, las modificaciones en las facultades de la Policía Federal reeditan peligrosas lógicas de los años oscuros del país. domingo 22 de junio de 2025 | 6:00hs. Imagen ilustrativa. José Alberto Pérez, agente de inteligencia de la Policía Federal Argentina, vivió muchos años como un integrante más de la comunidad judía de Buenos Aires. Ingresó subrepticiamente a través de la biblioteca de la Amia. Adoptó identidad hebrea, aprendió idioma, religión, tradiciones y vivió como judío durante más de 15 años. Se casó con la hija de uno de los máximos dirigentes. Incluso llegó a manejar parte de las empresas de su nueva familia política, donde era querido y valorado. Hasta que todo estalló. Primero fue el atentado a la Embajada de Israel (1992) y después el ataque a la Amia (1994). Años más tarde el que estalló fue el mismo Pérez… en su conciencia. Se recluyó en tareas administrativas dentro de la fuerza. Tiempo después admitió que la información calificada que recolectó dentro de la colectividad judía había sido utilizada para los atentados. José Alberto Pérez, cuyo nombre de guerra era Iosi, estuvo infiltrado desde 1985 en la comunidad judía. La misión que tenía era recolectar información sobre el Plan Andinia, una teoría conspirativa que sostenía que el sionismo internacional pretendía fundar un estado propio en la Patagonia. Esta semana, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una serie de modificaciones que amplían las facultades operativas de la PFA, reavivando el debate sobre los límites que deben tener las agencias del Estado que operan en el ámbito de la inteligencia y la vigilancia interna. Si aquella policía con movimientos limitados infiltró a toda una comunidad y quedó relacionada con los dos peores atentados terroristas que registraron en Sudamérica, no es difícil imaginar lo que podrá hacer con facultades ampliadas, y más en un país donde el derecho ciudadano es ninguneado desde el propio Estado. Las reformas, justificadas por el Ministerio de Seguridad como "ajustes necesarios para enfrentar las nuevas amenazas del crimen organizado y el terrorismo internacional", amplían la capacidad de la PFA para realizar escuchas, intervenir comunicaciones digitales y desplegar tareas de inteligencia en territorio nacional sin requerimientos judiciales estrictos como hasta ahora. Para muchos especialistas y organismos de derechos humanos, estas modificaciones reeditan peligrosas lógicas de los años oscuros del país, cuando el aparato de inteligencia operaba sin controles y con fines políticos represivos. Pérez fue agente de inteligencia de la PFA durante los años 80 y 90. En los 15 años de infiltración, Iosi recabó información personal, planos de instituciones, rutinas y relaciones de ciudadanos judíos argentinos. Aportó al menos dos informes que, según él mismo admitió, podrían haber sido usados luego para perpetrar los atentados contra la Embajada de Israel y la Amia. El caso de Iosi no es sólo una anécdota perturbadora. Es un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando un agente del Estado, amparado por una estructura sin control, cruza los límites legales y éticos en nombre de una causa dudosa. ¿Quién supervisa a los supervisores? ¿Quién garantiza que las nuevas facultades otorgadas hoy a la Policía Federal no sean usadas, mañana, para perseguir opositores, estigmatizar minorías o espiar a la prensa? La cuestión de fondo no es la necesidad de actualizar herramientas del Estado frente a amenazas reales. El problema es hacerlo sin garantizar mecanismos de control externos, independencia judicial, transparencia y rendición de cuentas. Las democracias fuertes se construyen con fuerzas profesionales, pero también con frenos institucionales robustos. Pero como dice el título, este es un artículo sobre espías, así que cerremos la historia con Iosi. ¿Qué pasó con la vida del policía federal Pérez? Tras los atentados terroristas, Pérez se negó a seguir colaborando y fue pasado a tareas administrativas. Intentó denunciar lo ocurrido, buscó periodistas y funcionarios que lo escucharan, grabó videos con su testimonio. En 2014, entró en el Programa de Testigos Protegidos. Con nueva identidad, vive en algún lugar del país. Su testimonio fue importante para la investigación judicial sobre el atentado a la Amia llevada a cabo por el fiscal Alberto Nisman. Su historia fue narrada por los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky en el libro 'Iosi, el espía arrepentido'. Para los que prefieren las series a los libros, la historia fue adaptada por Amazon Prime. Para algunos delitos puntuales (el narcotráfico, el terrorismo) el espionaje puede ser necesario. Pero también puede volverse, como en la historia de Iosi, un agujero negro de ilegalidad y daño irreparable.
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