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Parana » Radio La Voz
Fecha: 22/06/2025 12:15
En los últimos días, se conocieron graves denuncias sobre el presunto desvío de fondos públicos destinados a comedores escolares en Concordia, una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país. La irregularidad más alarmante: 66 millones de pesos sin justificación en alimentos entregados, sumado al posible nombramiento trucho de una docente que reside en otra provincia. Frente a este escenario, el abogado Rubén Pagliotto presentó una denuncia penal ante el Procurador General de Entre Ríos solicitando la apertura urgente de una Investigación Penal Preparatoria. El escrito interpela directamente a la inacción del Poder Ejecutivo provincial. Pagliotto se presenta como ciudadano y abogado, y exige que se investiguen posibles delitos como peculado, fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para UCRAER, esto también es un acto de coherencia política. Siempre sostuvimos que hay que medir la dinámica social con la misma vara. No hay doble estándar. Quienes hoy integramos este espacio, lo hicimos en su momento cuando denunciamos hechos de corrupción en los gobiernos de Urribarri y de Cristina Fernández de Kirchner o a nivel local en distintos municipios. Y hoy lo volvemos a hacer, aunque muchos radicales formen parte del actual gobierno. Porque para nosotros, la corrupción es corrupción, sin importar si la comete un radical, un peronista, un liberal o un socialista. La honestidad no es negociable. Llama poderosamente la atención el silencio de quienes deberían estar liderando las acciones para esclarecer los hechos. La pasividad del gobierno provincial, con el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Social a la cabeza, no solo es preocupante: es inadmisible. Más aún cuando se trata de un gobierno que prometió transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción como banderas irrenunciables. Tomala vos, dámela a mi… A esta preocupante situación se suma una escena política digna de manual: nadie quiere asumir la responsabilidad del nombramiento de la exfuncionaria Silvina Murúa. Mientras el diputado radical Marcelo López, quien supuestamente la promovió, evita toda explicación. Mientras desde el MID —partido al que Murúa dijo pertenecer— también se lavan las manos. Ni el ministro Manuel Troncoso ni Guillermo Marcone, referente del MID en Concordia, han asumido públicamente ninguna responsabilidad. El espectáculo de desentendidos no hace más que agravar el descrédito político y erosionar la confianza pública. Desde UCRAER entendemos que la gravedad del caso es triple: primero, por tratarse de fondos públicos; segundo, por haber sido desviados –presuntamente– de un destino social esencial vinculado a un derecho humano fundamental; y tercero, porque el hecho habría sido cometido por una exfuncionaria que formó parte de una gestión que se autoproclama impoluta. El gobernador tiene la responsabilidad política, ética y constitucional de actuar. No alcanza con separar funcionarios ni deslindar responsabilidades en terceros. Debe instruir de inmediato al Fiscal de Estado o a la Secretaría Legal y Técnica para que formalicen una denuncia penal, si es que pretende estar a la altura de sus propias palabras. UCRAER reafirma su compromiso con una república donde los fondos públicos no se malversen, donde los funcionarios rindan cuentas y donde la sociedad civil no tenga que suplir la ausencia del Estado. Cuando el poder elige mirar para otro lado, es deber de todos y todas decir basta. No hay República posible sin control, sin coraje y sin compromiso ciudadano.
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