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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 22/06/2025 12:03
(ADN).- El gobierno de Javier Milei se superó a sí mismo demoliendo empleos. Los datos del primer trimestre de 2025, dados a conocer por el INDEC esta semana, le pusieron número al hito: en marzo, la desocupación alcanzó el 7,9%, el nivel más alto de la era Milei, que un año antes había anotado un 7,7% en la misma estadística. A 12 meses de la Ley Bases, el soporte legal del modelo extractivo en curso está mostrando sus consecuencias. Las regiones más industrializadas del país cargan con el mayor peso del derrumbe. El Gran Buenos Aires registra una tasa de desocupación del 9,1%, un síntoma perfecto de la destrucción productiva que genera el modelo aperturista. La región Pampeana la acompaña con un 7,4%, mientras que solo la Patagonia muestra números relativamente menores (4,9%), protegida parcialmente por su estructura económica vinculada a los recursos naturales. Los números fríos del desempleo no reflejan el calor humano de la crisis. Unos 210.000 puestos laborales registrados desaparecieron entre noviembre de 2023 y marzo de este año, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo relevados por el CEPA. De ellos, 130.000 se perdieron en la administración pública producto de la motosierra oficial, 81.000 en la construcción por la parálisis de la obra pública, 53.000 en transporte y almacenamiento, y 25.000 en la industria manufacturera. La industria textil funciona como caso testigo del desastre. Los datos recabados por la Fundación Pro Tejer exhiben un apocalipsis productivo: 6 de cada 10 empresas redujeron empleo durante el último año, mientras que 7 de cada 10 perdieron ventas en los últimos dos años, con una caída promedio del 21%. Durante el primer trimestre de 2025, cinco de cada diez empresas sufrieron caídas en sus ventas respecto al mismo período del año anterior, con una baja promedio del 5%. La mitad de las empresas consultadas redujo su nivel de actividad, con una contracción promedio del 3%, mientras que al tomar como referencia 2023, tres de cada cuatro empresas mostraron una caída que alcanzó un promedio del 20%. La explicación es simple: el 67% de las prendas que se consumen en el país son ahora importadas, el nivel más alto de la historia, mientras que solo el 33% es de origen nacional. En los shoppings, la proporción es aún más dramática: el 75% proviene del exterior. Las importaciones de ropa crecieron 86% y las de textiles para el hogar, 109% interanual durante el primer trimestre, marcando un récord histórico impulsado por el auge del comercio electrónico vía courier. Esta avalancha importadora es resultado directo de las políticas oficiales: eliminación de los valores criterio, debilitamiento de los controles aduaneros, reducción de aranceles del 35% al 20% para indumentaria y calzado, del 26% al 18% para tejidos, y del 18% a entre 12% y 16% para hilados. Los tejidos de punto importados ingresaron al país con un precio FOB promedio 45% más bajo que el promedio registrado entre 2015 y 2024, evidenciando maniobras de subfacturación que el gobierno elige ignorar. La apertura importadora se ejecuta en el altar de una baja de precios al consumidor que en los mostradores no se verifica. En cambio, sí se aprecia su resultado en empleos y retracción productiva: ocho de cada diez empresas no invirtieron en maquinaria ni ampliaron su capacidad durante 2024, y la misma proporción no lo hará en 2025. Una destrucción sistemática del aparato productivo que compromete las posibilidades de inversión futura y profundiza la dependencia externa.
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