22/06/2025 14:30
22/06/2025 14:30
22/06/2025 14:30
22/06/2025 14:30
22/06/2025 14:30
22/06/2025 14:30
22/06/2025 14:30
22/06/2025 14:30
22/06/2025 14:30
22/06/2025 14:30
Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com
Fecha: 22/06/2025 09:17
Compartir en: Dos constructoras entrerrianas procesadas por fraude y cohecho en una causa federal se postulan para ejecutar una obra vial de más de 30 millones de dólares en rutas provinciales. La licitación fue convocada por la Unidad Ejecutora Provincial y aún no está adjudicada, pero la presencia de Lemiro Pablo Pietroboni S.A. (LPP) y Luis Losi S.A. en la nómina de oferentes genera inquietud. Ambas empresas fueron procesadas por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, junto a exfuncionarios y empresarios, por delitos cometidos durante la construcción de la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba. La resolución judicial confirmó que hubo fraude a la administración pública, falsificación de certificados de obra y sobornos sistemáticos durante el segundo semestre de 2017. Terraplenes inexistentes y certificaciones falsas El centro de la investigación es un tramo de la Ruta 19, entre Cañada Jeanmarie y Arroyito, donde se habría simulado la construcción de más de 67 mil metros cúbicos de terraplén que nunca se ejecutaron. El mecanismo era simple: falsear las mediciones y presentar certificados de avance que no se correspondían con la realidad. Una auditoría realizada en diciembre de 2017 destapó la maniobra: el equipo técnico halló inconsistencias entre los trabajos pagados y los efectivamente realizados. Personal de la empresa interrumpió la descarga de datos de un GPS, retiró el dispositivo y borró archivos clave. Sin embargo, se logró recuperar información “cruda” que evidenció una diferencia de nivel de entre 14 y 30 centímetros en el terreno. La auditoría también encontró que durante la inspección se colocó suelo suelto sobre la base de asiento para evitar nuevas mediciones, en lo que fue interpretado como un intento de ocultar la subejecución. Los intercambios de mensajes entre los implicados completaron el panorama: “limpiar todas las compus” y “tapar todo si viene alguien”, dejaron en evidencia el intento de encubrimiento. “Retornos” disfrazados de servicios Además del fraude técnico, el caso también expuso el circuito de pagos irregulares. De acuerdo con la investigación, los funcionarios Guillermo Crisci y Fernando Darío Mardiza cobraron sobornos mediante empresas de fachada vinculadas a ellos: INAC Consultores SRL y M y C Servicios SAS. Los pagos fueron disfrazados como alquileres de maquinaria o contrataciones profesionales, pero las comunicaciones entre las partes revelaron la verdadera naturaleza de las operaciones. Ambos exfuncionarios, ahora procesados, mantuvieron vínculos directos con las empresas contratistas mientras ocupaban cargos clave en Vialidad Nacional. Crisci incluso cedió formalmente sus acciones en INAC antes de asumir, aunque siguió operando a través de la firma, según se desprende de correos y documentación contable. Ley de Responsabilidad Penal Empresaria: una lupa sobre los controles La causa está inscripta bajo la Ley 27.401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos como el cohecho activo. Aunque la ley entró en vigor en marzo de 2018, los fiscales demostraron que los pagos ilegales continuaron tras esa fecha, lo que habilita su aplicación. Según la resolución, las empresas no contaban con mecanismos de control interno ni sistemas de cumplimiento efectivos, lo que facilitó las irregularidades. La justicia subrayó la “organización defectuosa” de ambas firmas como un factor central en la comisión de los delitos. ¿Quién controla a quién? A pesar de este historial judicial, LPP y Losi figuran entre los oferentes de una nueva obra pública en Entre Ríos. Se trata de la reconstrucción de más de 100 kilómetros de rutas provinciales en los departamentos Paraná y Nogoyá, por un monto oficial superior a los 36 mil millones de pesos. El proyecto, promovido por la Unidad Ejecutora Provincial, incluye intervenciones en las rutas 34, 33, 43 y 31, en zonas rurales de Quebracho y Crucecitas. Ambas empresas ya presentaron sus ofertas. El caso plantea una pregunta inevitable: ¿debe el Estado provincial permitir que empresas procesadas por defraudar al Estado Nacional sigan accediendo a contratos millonarios? Mientras la Justicia avanza y confirma responsabilidades penales, la administración pública sigue sin mecanismos eficaces para excluir a firmas bajo investigación o juicio por corrupción. La resolución de esta licitación podría marcar un precedente: o bien se tolera que empresas con antecedentes judiciales manejen fondos públicos, o se impone un estándar ético que excluya a quienes han sido acusados de corromper los sistemas de control.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por