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  • La incertidumbre mundial exige que se cumplan correctamente las responsabilidades clave

    Parana » Informe Digital

    Fecha: 21/06/2025 15:31

    Aunque no sea un consuelo, en un contexto global de alta incertidumbre y proliferación de conflictos bélicos, contar con una Argentina situada en una región prácticamente libre de guerras es una ventaja. Además, siendo un país exportador neto de productos agropecuarios y alimentarios, este dato debería ser visto como una oportunidad para abordar problemas y analizar el futuro a largo plazo en lugar de enfocarse únicamente en el corto plazo. Está suficientemente documentado que las guerras y los conflictos internos son de las principales causas del hambre en el mundo; las migraciones forzadas y la destrucción de infraestructuras son solo algunos ejemplos de un escenario que ha afectado a la humanidad durante décadas. En contraposición, en períodos de paz y prosperidad se mejora la calidad de vida de las sociedades, y por ende, la dieta de la población. Un claro ejemplo es el de Vietnam, que en el siglo pasado atravesó una de las guerras más devastadoras en Asia. Hoy, como país en paz, se ha convertido en el principal comprador de maíz argentino. A pesar de la distancia, las guerras impactan en la realidad del agro argentino. El reciente recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente ha provocado una disrupción en el mercado de fertilizantes. Irán figura como el tercer mayor exportador de urea, con 4,5 millones de toneladas proyectadas para 2024, según datos de la corredora Stone X. Paralelamente, Israel ha reducido el suministro de gas a Egipto, obligando a frenar su producción. Esta situación no es favorable para la campaña triguera que ya ha comenzado, ni para la próxima siembra de maíz del ciclo 2025/26. En este contexto de incertidumbre y volatilidad de los mercados internacionales, cuanto más rápido Argentina aclare las incertidumbres del corto plazo, mejor podrá enfrentar las sacudidas provenientes del exterior. Un claro ejemplo de esto son los Derechos de Exportación (DEX). Faltan menos de diez días para que se incrementen nuevamente para la soja (al 33%), el maíz (12%), el sorgo (12%) y el girasol (7%). Al anunciar la baja temporal en enero pasado, el Gobierno indicó que la reducción sería válida hasta el 30 de este mes. Como era de esperar, la postergación de la rebaja hasta marzo de 2026 para los DEX del trigo y la cebada ha generado especulaciones sobre una posible demora similar para los granos gruesos. Aunque al cierre de esta edición no se habían realizado anuncios al respecto, la versión más fuerte, citada por LA NACION, sugiere que la rebaja se mantendrá para el maíz. Sin embargo, así como se inició el período de conjeturas, también se abrió el de reclamos. El más concreto provino de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), que en una solicitada afirmó que “la producción de granos en el norte del país resulta inviable con la actual carga impositiva, principalmente por los DEX (retenciones)”. Además, advirtió que “este sistema malévolo de cobro de impuestos a quienes producen bienes exportables, que son los que permiten el ingreso de divisas a nuestro país, solo está generando quebranto y la desaparición de productores agropecuarios, junto con el consiguiente éxodo de poblaciones rurales del NOA y NEA”. Entre las cifras compartidas por otras entidades, sobresalieron las presentadas por el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina. Con las alícuotas de retenciones vigentes desde enero, se estimó que habría una pérdida de recursos para los productores agrícolas de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) de alrededor de 971 millones de dólares adicionales, basado en una campaña similar a la última de 2024/25. Esa cifra equivale a que el Estado reciba de los productores 1,8 millones de terneros (un 62% más que la producción total de Entre Ríos), se pongan en producción 1,7 millones de hectáreas de soja y se adquieran poco más de 10.000 tractores nuevos. Estos datos ilustran que los DEX representan una quita directa a la producción por parte del Estado. El Gobierno argumenta que las condiciones macroeconómicas no son propicias para eliminar esas retenciones, aunque ese sea su objetivo a largo plazo. Esta postura, independientemente de las diversas opiniones entre los productores, ya sea a favor o en contra de la actual administración, tiene consecuencias concretas. Desde el punto de vista del campo, significa menos inversión; y desde la perspectiva del Gobierno, conlleva una menor entrada de dólares y un impacto reducido del agro en el crecimiento de la economía.

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