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Parana » Informe Digital
Fecha: 21/06/2025 13:13
Desde su asunción, Javier Milei no ha realizado nombramientos de jueces, fiscales ni defensores. Solo ha designado a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes no lograron ser convalidados por el Senado. Este vacío ha generado un fuerte reclamo en el ámbito judicial, donde se insta a la Casa Rosada a acelerar los trámites necesarios para cubrir las numerosas vacantes que persisten desde hace años. Funcionarios de alto rango del Gobierno reconocen, en privado, la necesidad de activar el proceso de nombramientos, aunque advierten que no será una prioridad hasta después de octubre. En otras palabras, aún faltan más de cuatro meses. “No es un tema que vayamos a abordar antes de las elecciones nacionales”, enfatizó una alta fuente de la Casa Rosada. Este es un tema delicado para los libertarios, dado que cualquier vacante debe ser aprobada por el Senado, donde el peronismo actúa como un impedimento para cualquier iniciativa del Gobierno. Los nombramientos pueden ser rechazados con un tercio de los votos en el recinto -más de 24- y el bloque de Unión por la Patria cuenta con 34 bancas, según informó Infobae. La situación no mejorará tras la renovación de las 24 bancas en el Senado. “El recambio legislativo de diciembre no generará cambios significativos”, señaló un influyente miembro del Gobierno. Es probable que el PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales pierdan representación, mientras que La Libertad Avanza podría ganar algunas bancas; sin embargo, esto no afectará el hecho de que el peronismo mantenga al menos un tercio de la Cámara Alta. “Incluso, la correlación de fuerzas podría hacer que se fortalezcan aún más”, sostiene un analista oficialista. Ante este contexto, es indispensable que el Gobierno negocie con Unión por la Patria si desea avanzar en los nombramientos judiciales. Las negociaciones están mayormente a cargo del asesor presidencial, Santiago Caputo, y del secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Para los libertarios, la reciente detención de Cristina Kirchner no debería ser un obstáculo para iniciar conversaciones después de las elecciones. “Les interesa el ámbito judicial y querrán que se reanuden las negociaciones”, comentó un funcionario del Gobierno. Aunque menos conocido, el cargo de Procurador comenzará a tener una relevancia creciente. Esta figura lidera el Ministerio Público Fiscal y supervisa a los fiscales, teniendo el poder de decidir sobre postulaciones, despidos y su funcionamiento. Dentro de este marco, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, está promoviendo la implementación del Sistema Acusatorio, que fortalece el papel de los fiscales, permitiéndoles llevar a cabo investigaciones en los casos, entre otros aspectos. El Código Procesal Penal Federal ya se ha implementado en 12 provincias y a fin de año se espera que llegue a los tribunales de Comodoro Py, donde no están exentas las tensiones. “Nos sorprendió que la mayor resistencia provenga de los fiscales y no de los jueces”, destaca una fuente judicial vinculada a los libertarios, señalando que la queja de ese sector surge de la falta de fondos y recursos necesarios para mejorar su capacidad operativa. “No entendemos las presiones. Queremos un cambio histórico para el país y la Justicia. Les hemos proporcionado recursos, salas de audiencias con tecnología moderna, computadoras de última generación, un UFED por distrito y más de 5,000 m² de la ex ESMA para sus nuevas oficinas. También les haremos una propuesta para un aumento gradual en la plantilla, respetando derechos y salarios”, comentó un alto funcionario a Infobae. En el Gobierno se percibe una “hostilidad” por parte de quienes se oponen al nuevo sistema, que tiene como fecha de implementación el 11 de agosto. Este sistema implicará que los fiscales deban estar presentes en momentos clave de los procesos judiciales, lo cual podría representar un punto crítico en su resistencia. Históricamente, los jueces tenían la autoridad para juzgar e investigar y solo, si lo deseaban, podían delegar esa responsabilidad a los fiscales. Un ejemplo es el caso $LIBRA, donde María Servini delegó la causa a Eduardo Taiano. En resumen, el Procurador tendrá un mayor poder del que poseía antes, lo que convierte en más atractiva la negociación por ese cargo actualmente ocupado de manera interina por Eduardo Casal, quien asumió tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017, como indicó Infobae. Recientemente, han surgido rumores sobre la posibilidad de modificar las competencias del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, dos fuentes confiables del Gobierno consultadas por Infobae negaron rotundamente esta posibilidad. En cambio, se busca un candidato de consenso con un perfil académico. Aún no hay nombres sobre la mesa. O, si los hay, se prefieren mantener en reserva. La búsqueda de este puesto se considera “prioritaria” para algunos miembros del Gobierno, aunque hay quienes matizan la urgencia. En cualquier caso, coinciden en que “la política no puede seguir con un interino y debe llegar a un acuerdo para tener un titular efectivo”. “El Procurador, a pesar de ser interino, es un hombre serio y honesto”, señala un referente judicial, que prefiere concentrar la atención en la Corte Suprema. El oficialismo ha experimentado en abril los rechazos a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, por lo que saben que repetir ese proceso resultaría en el mismo desenlace. En vistas a las necesarias negociaciones con el kirchnerismo, vuelve a surgir la opción “uno y uno”. Sin embargo, en altos círculos del Gobierno aseguran que es más viable ampliar el número de ministros de la Corte. Esto complicaría la discusión, pero abriría más oportunidades para que el Gobierno pueda sentirse cómodo al negociar con ese sector de la oposición. El oficialismo reconoce que la actual composición de la Corte Suprema es insuficiente y hay voluntad de ampliarla. Ninguna de las iniciativas en el Senado cuenta con el respaldo del sector de Santiago Caputo, aunque algunas se acercan más que otras, como la integración de 7 o 9 miembros. “Podrían ser más representativas de la sociedad y de los partidos”, sostiene un funcionario. No se baraja la opción de que la ampliación supere los nueve miembros, ya que esto podría ralentizar el tratamiento de los casos debido a la necesidad de coordinación entre más jueces. Un operador libertario citado por Infobae opinó: “La velocidad de la Corte depende del miembro más lento y no tanto de si son muchos o pocos”. Además, el oficialismo descarta dividir las funciones de la Corte en salas, ya que eso sería inconstitucional. La actual composición del Máximo Tribunal es la más reducida de América Latina. Su vínculo más fuerte entre los libertarios es con el juez Ricardo Lorenzetti, uno de los promotores de la candidatura de Lijo al máximo tribunal. Sin embargo, en el Gobierno sienten la urgencia de designar a un académico libertario puro para influir en la jurisprudencia argentina, al igual que Donald Trump intentó hacer con las nominaciones de Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett en 2018 y 2020, respectivamente. Este papel se había planeado para García-Mansilla, quien, a pesar de sus credenciales, no tuvo el respaldo del kirchnerismo por su perfil conservador. En la Casa Rosada no pierden de vista las vacantes de magistrados y fiscales en todo el país. Este es uno de los temas más urgentes en términos de funcionamiento de la Justicia, según se publicó en Infobae. Según datos recientes de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, existen 184 vacantes en los juzgados federales que están bajo consideración del Poder Ejecutivo, lo que significa que dependen de que Milei las revise y seleccione para luego enviarlas al Senado. Estas vacantes incluyen varios cargos pendientes desde 2018, mientras que el año pasado se enviaron candidatos para 96 posiciones. Un funcionario de alto rango comentó que una de las vacantes más avanzadas después de las elecciones podría ser la del Tribunal Oral en lo Penal Económico de la Capital Federal. En noviembre de 2024, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció en Casa Rosada el envío de las designaciones de jueces, fiscales y defensores del pueblo. En esa ocasión, detalló: * Jueces: 1002 cargos totales y 311 vacantes (de los cuales 146 se encontraban en el Poder Ejecutivo Nacional en ese momento; hoy son más, al igual que en los otros casos). * Fiscales: 368 cargos totales y 161 vacantes (37 pendientes de envío al Poder Ejecutivo Nacional). * Defensores: 265 cargos totales y 80 vacantes (45 en el Poder Ejecutivo Nacional que deben ser enviados al Senado). Esto no se concretó en el plazo previsto. Y es que, en verdad, en el Gobierno aseguran no tener grandes incentivos para acelerar el envío de los pliegos. “Somos un espacio muy joven y aún no hemos construido este tipo de relaciones. No tenemos candidatos ‘libertarios’ para los juzgados y las fiscalías. Y en algunos casos, no tenemos prisa”, afirmó una fuente que está al tanto de estas negociaciones. En cualquier caso, estos pliegos se convertirán en un elemento de negociación con la oposición y los gobernadores dispuestos al diálogo, así como los defensores que se planea nombrar, entre ellos el puesto del Defensor del Pueblo, vacante desde 2009.
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