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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 20/06/2025 12:22
(ADN).- El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) se declaró competente para intervenir en el pedido de inconstitucionalidad de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Regina. La norma, que autorizó el traspaso de las redes de agua y cloacas a la empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA), fue impugnada por una concejal de la oposición, quien denunció presuntas irregularidades en el tratamiento legislativo y en la posterior publicación en el Boletín Oficial. Los jueces Ricardo Apcarian, Sergio Ceci, Liliana Piccinini, Sergio Barotto y Cecilia Criado declararon esta semana la competencia del máximo tribunal rionegrino para intervenir en el pedido de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 100/2024, aprobada en octubre. El planteo fue presentado por la edil Nadia Ilunday (Nos Une Río Negro), quien denunció que el tratamiento de la normativa y su posterior promulgación surgió ”producto de un procedimiento viciado por incumplimiento de las normas procedimentales”. En particular, se centró en la supuesta anexión por parte del intendente Luis Albrieu de un texto no aprobado por el Legislativo. La causa se había iniciado en la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15, con sede en Roca. Sin embargo, el juez Matías Lafuente se declaró incompetente para tratar el fondo del reclamo y derivó el expediente al STJ a comienzos de mayo, informó el portal Literal. El máximo tribunal provincial tomó en cuenta el dictamen 83/25 del procurador general Jorge Crespo, quien consideró que el caso es de competencia originaria y exclusiva del STJ por involucrar cuestiones de orden público, en particular por la presunta transgresión al orden jurídico local. Si bien Crespo evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto, señaló que la controversia presenta ribetes institucionales relevantes, ya que las presuntas irregularidades denunciadas por la edil podrían contradecir disposiciones de la Carta Orgánica Municipal y del reglamento interno del Concejo Deliberante. Con esta definición, el Superior Tribunal de Justicia será ahora el encargado de resolver si existieron o no incompatibilidades en la sanción de la ordenanza y si el procedimiento legislativo respetó los marcos normativos vigentes.
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