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Gualeguay » Debate Pregon
Fecha: 19/06/2025 13:55
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Martín Iruzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes confirmaron los procesamientos de dos exfuncionarios de Vialidad Nacional, varios empresarios y las mencionadas constructoras por delitos como defraudación contra la administración pública, falsificación de certificados de obra y cohecho. Una maniobra con terraplenes “fantasmas” La investigación judicial se centró en irregularidades detectadas en la obra vial del tramo “Cañada Jeanmarie – Arroyito” de la Ruta Nacional 19, entre mayo y diciembre de 2017. Según el expediente, se habría certificado la construcción de 67.152 metros cúbicos de terraplén que nunca se ejecutaron realmente, lo que generó un pago indebido al menos de $9.429.483,84 (a valores originales de contrato). Las pruebas surgieron a partir de una auditoría realizada en diciembre de 2017. Durante el control, personal de una de las empresas habría retirado un GPS que registraba datos de obra y eliminado información clave. Aun así, se lograron recuperar archivos que mostraron discrepancias en las cotas de terreno y evidencia de que se habían cargado suelos sueltos sobre la base de asiento para entorpecer las mediciones. En paralelo, comunicaciones electrónicas entre los involucrados revelaron intentos de ocultar las pruebas: frases como “limpiar todas las compus que tengan info” o “tapar todo si viene alguien” fueron clave en la reconstrucción del encubrimiento. Pagos encubiertos como sobornos Además de la defraudación, el expediente judicial documenta pagos sistemáticos de “retornos” (coimas) por parte de las empresas contratistas a los funcionarios Guillermo Crisci y Fernando Darío Mardiza, a través de las firmas pantalla INAC Consultores SRL y M y C Servicios SAS. Estos pagos se camuflaban como supuestas contrataciones de servicios o alquileres de maquinaria. Sin embargo, las comunicaciones entre las partes, correos electrónicos y documentación contable revelaron la vinculación directa de ambos exfuncionarios con las empresas y sus gestiones mientras ejercían funciones públicas. Los delitos se encuadran en la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente desde marzo de 2018, ya que los pagos ilegales continuaron tras la entrada en vigor de la norma. La ley establece sanciones para empresas cuando los hechos delictivos se cometen en su nombre, interés o beneficio, y se determinó que ambas firmas carecían de mecanismos de control interno adecuados. ¿Podrán adjudicarse una obra de más de 30 millones de dólares? Pese a este grave antecedente judicial, tanto Luis Losi S.A. como LPP S.A. figuran entre las empresas oferentes de una nueva licitación pública internacional convocada por la Unidad Ejecutora Provincial para reconstruir más de 100 kilómetros de rutas provinciales en los departamentos Paraná y Nogoyá. El proyecto contempla intervenciones en las rutas 34, 33, 43 y 31, en las zonas rurales de Quebracho y Crucecitas, por un monto que asciende a 36.678 millones de pesos (más de 30,5 millones de dólares). Quedará por verse si las autoridades provinciales ponderan la situación procesal de las empresas al momento de adjudicar la obra, y si la experiencia judicial en Córdoba representa una advertencia sobre los mecanismos de control, transparencia y auditoría que deben garantizarse en este tipo de contrataciones públicas.Fuente: analisis.com
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