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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 19/06/2025 12:05
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Martín Iruzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmó los procesamientos a dos exfuncionarios de Vialidad Nacional, a empresarios y a dos empresas por fraude contra la administración pública y otros delitos conexos. Entre los imputados aparecen dos conocidas firmas entrerrianas: LPP SA (Lemiro Pablo Pietroboni SA) y Luis Losi SA., así como el empresario Gabriel Losi. Ambas empresas ofertaron recientemente para quedarse con la millonaria obra vial de distintas rutas en los departamentos Paraná y Nogoyá, por un valor superior a los 30 millones de dólares. La investigación se centró principalmente en una maniobra de fraude en perjuicio de la administración pública y el cobro de “retornos” (sobornos). Los hechos ocurrieron en el marco de la obra vial desarrollada en la Ruta Nacional N° 19, Tramo II “Cañada Jeanmarie – Arroyito”, entre mayo y diciembre de 2017. Según lo planteado en el procesamiento, la maniobra de fraude por subejecución de obra consistió en la simulación de una ejecución de terraplén mayor al volumen realmente construido. Esto se logró mediante la consignación falsa de las mediciones de los perfiles de la base de asiento en los certificados de obra. Como resultado, el Estado Nacional realizó un pago indebido de al menos $9.429.483,84 (a valor de contrato, sin actualizar) por una subejecución de 67.152 metros cúbicos de terraplén. La mecánica consistió en la presentación mensual de certificados de obra que reflejaban esta irregularidad. Durante una auditoría en diciembre de 2017, se detectaron inconsistencias entre los trabajos certificados y los efectivamente realizados. Testimonios y pruebas electrónicas revelaron que el personal de la empresa interrumpió la descarga de datos de un GPS de medición, lo retiró y borró archivos. A pesar de los borrados, se logró recuperar archivos “crudos” y se constató una diferencia de cota en el centro de perfil de entre -14 cm y -30 centímetros. Además, se encontró suelo suelto cargado sobre la base de asiento durante la auditoría, lo que impidió nuevas mediciones, sugiriendo un intento de ocultar la subejecución. Conversaciones detectadas en las comunicaciones entre los implicados revelaron instrucciones de “limpiar todas las compus que tengan info” y “tapar todo” si venía alguna visita. La Dirección Nacional de Vialidad tomó acciones a raíz del informe, incluyendo la designación de un nuevo equipo de inspección y la emisión de una circular a nivel nacional para reconfigurar el procedimiento de mediciones, exigiendo que se informaran antes del inicio de las tareas para un control oportuno. Sobornos Los funcionarios públicos Guillermo Crisci y Fernando Darío Mardiza recibieron, según la imputación judicial, diversos pagos de las empresas contratistas L.P.P. S.A. y Luis Losi S.A., a través de las firmas INAC Consultores S.R.L. (vinculada a Crisci) y M y C Servicios S.A.S. (vinculada a Mardiza). Estos pagos se realizaron bajo la apariencia de contrataciones de servicios profesionales o alquiler de maquinaria. La investigación reveló comunicaciones que muestran a Mardiza al frente de las negociaciones de MyC y que los miembros de la UTE (unión temporal de empresas) conocían su vinculación. De igual manera, se encontraron correos que evidencian la conexión de Crisci con INAC Consultores y su involucramiento directo con las empresas contratistas, a pesar de haber cedido sus cuotas societarias al asumir su función pública. Los delitos endilgados son Defraudación, Falsificación de certificados de obra y Cohecho activo para las personas jurídicas Luis Losi S.A. y L.P.P. S.A.. Este delito está comprendido en la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que entró en vigencia el 1 de marzo de 2018. Se considera aplicable porque los pagos de los “retornos” continuaron realizándose incluso después de la entrada en vigor de la ley. Esta norma establece la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos como el cohecho activo si fueron realizados con su intervención, en su nombre, interés o beneficio. Se determinó que los mecanismos de control interno de las empresas no fueron aplicados y hubo una “organización defectuosa”. Nueva licitación millonaria La Unidad Ejecutora Provincial llamó a licitación pública internacional para una obra vial millonaria. El objeto de la misma es la “reconstrucción de la ruta provincial N° 34”, en el tramo que va desde la ruta 32 hasta la 33; de la ruta 33, desde la 34 hasta la 43; la ruta 43, desde la 33 hasta la 31; y la ruta provincial 31, desde la 43. Se trata de caminos que se encuentran en el Distrito Quebracho, Departamento Paraná, y en Crucecitas, Departamento Nogoyá. La inversión que realizará la provincia es de $ 36.678.908.883,16. Es decir, 30,5 millones de dólares. Dos de las empresas que ofertaron para quedarse con esta obra son las procesadas por el supuesto pago de coimas. Habrá que aguardar la evaluación de la licitación si esta situación judicial es ponderada al momento de valorar cada oferta. Análisis
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